Fondos reservados de la ex SIDE: una decisión clave sobre los servicios de inteligencia

Alberto Fernández, en su primer día como presidente, anunció la eliminación de los fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la caja de exSIDE. La iniciativa no es inédita, ya la aplicó CFK. Lo novedoso es el momento, la determinación de que sea en el alba de su mandato y junto a una intervención de la casa de los espías. En una primera lectura, indica que no caerá en la tentación de utilizar los servicios que suelen ofrecer los espías que simulan lealtad a la Casa Rosada pero tienen sus terminales en ciertas embajadas. Rompe, en este sentido, la inercia histórica de los Presidentes, que cuando asumían no querían un frente abierto con los espías y cuando se acordaban era demasiado tarde. 

El impacto de esta medida no tardará en repercutir en todo el sistema de relaciones aceitado por las valijas que salen de la sede de los espías ubicada a metros de la Casa Rosada y terminan en juzgados, fiscalías, sets de televisión u operaciones de todo tipo y calibre. El presidente no es inocente y sabe que puede recibir lo que en la jerga se conoce como un "vuelto". No acaba de patear un hormiguero, dejó la madriguera a cielo abierto. 

En concreto, Alberto anunció la derogación del decreto 656, firmado por Mauricio Macri y Marcos Peña el 6 de mayo de 2016. Ese decreto tenía como objetivo derogar otro decreto, el 1311 de 2015, por el cuál CFK había reorganizado el sistema de inteligencia con, entre otras medidas, la eliminación de los fondos reservados. Ante la Asamblea Legislativa, el recién asumido presidente dijo que el decreto 656 de Macri "fue una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió". Como decreto mata decreto, ahora Alberto va a derogar el de Macri, con lo que se eliminan los fondos reservados y, si se trata del decreto en su totalidad, otras cuestiones centrales vinculadas a la AFI. A su vez, Alberto redobló la apuesta: los fondos reservados "no sólo dejarán de ser secretos, sino que serán asignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina". 

"Nunca más al Estado secreto. Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más", sintetizó Alberto en el pasaje donde se refirió a los fondos de la AFI. 

La vuelta al oscurantismo en la ex SIDE que instauró Macri pasó casi desapercibida y su verdadero alcance fue ocultado por la mayoría de la prensa. La traducción mediática del decreto 656 fue en línea con sus fundamentos, que hablaban de la necesidad de alterar el decreto 1311 porque generaba “superposición de cargos, funciones y responsabilidades”. Lo cierto es que Macri creó un nuevo estatuto para el personal de la AFI, amplió las facultades del director general de la AFI respecto de su estructura y derogó los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º y los respectivos anexos II, III, IV, V, VI y VII del decreto 1311. El artículo 2º refería a la estructura orgánica y funcional de la AFI; el 3º, a los organigramas; del 4º al 6º se establecían los regímenes profesionales del personal de Inteligencia, Seguridad y apoyo de la AFI; y en el 7º se establecía el régimen de administración de los fondos de la AFI. Con la derogación de este último, el control sobre los fondos de la AFI quedó con las manos atadas. 

El Anexo VII era clave para transparentar el dinero en manos de los servicios de inteligencia. Establecía que debía garantizarse la transparencia y su artículo 3º decía: “Se distinguirá entre aquellos gastos cuyo objeto no requiere de clasificación de seguridad alguna, de aquellos cuyo objeto debe mantenerse en reserva”. Los primeros eran aquellos necesarios para los gastos corrientes de la AFI, pero el artículo 6º establecía: “Sólo podrán mantener carácter reservado los fondos que sean necesarios para solventar las labores de inteligencia y que su publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas, poniendo en riesgo la defensa nacional o la seguridad interior”. La supervisión y control de estos fondos quedaba en manos de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que tenía “amplias facultades para controlar e investigar de oficio”. La clave para la transparencia de estos fondos estaba en el artículo 8º, que determinaba su rendición, y decía: “Contarán con un acta especial de respaldo —donde—, siempre y cuando no se afecte la seguridad de las actividades propias de la función de inteligencia y de quienes participen de las mismas, se consignará su respectiva documentación respaldatoria, consistente en recibos o facturas, en los casos donde fuera posible obtenerlos”. En los casos en que no hubiera factura, debían registrarse “en la declaración jurada del responsable del gasto en virtud de la tarea asignada”. Es decir, aun en los gastos reservados la AFI tenían que rendir cuentas. Con el decreto 656 de Macri esto se terminó.  Ahora Alberto anunció que lo restituye. 

La AFI tiene su propia historia. Nacida en los albores del primer gobierno peronista como Coordinación de Informaciones de la Presidencia, fue rebautizada como Secretaría de Informaciones del Estado, la SIDE, en la dictadura de Eduardo Lonardi.  Dentro de ella, los gastos reservados tienen también su propia historia. En su artículo “Condiciones institucionales del control parlamentario de las actividades y organismos de inteligencia del Estado”, el investigador Marcelo Saín explica que el dictador Lonardi también institucionalizó los “gastos reservados y/o secretos” a través del decreto secreto 5315/56. Años más tarde lo modificó dictador, el general Juan Carlos Onganía, por la ley secreta 18.302. Según estas normas, se establecía que los gastos reservados y/o secretos solo podían existir en los presupuestos de los organismos vinculados a la seguridad del Estado. Con el retorno democrático se estableció que los únicos organismos que podían efectuar gastos reservados y/o secretos eran la Secretaría General de la Presidencia y la SIDE y se derogaron todas las disposiciones que permitían a otros organismos tener este tipo de gastos, así como las “cuentas especiales”. Esto luego se amplió en 1986 para el Ministerio de Defensa, en 1987 para la Cancillería, en 1993 para el Ministerio del Interior y en 1994 para el Poder Legislativo. Pero el eje de los gastos reservados siempre fue la SIDE, hoy AFI.  

Que Alberto, en el día uno de su mandato, tome la decisión de intervenir la AFI y anular los fondos reservados no será inocuo pero marca un antes y un después en las relaciones entre el Presidente y los servicios de inteligencia. Históricamente, los dirigentes políticos criticaron el uso presidencial de la SIDE hasta el día que ingresaban a la Casa Rosada, cuando los espías simulaban ponerse a disposición y los que sentaban en el sillón de Rivadavia creían que podrían manejar esa cueva de conspiradores cuyas terminales están en realidad en embajadas puntuales. Incluso los presidentes con buena voluntad pensaron que la SIDE podía colaborar con la gobernabilidad. Lo cierto es que la situación termina en esta definición que da el CELS: "Sostener un sistema de inteligencia como herramienta de gobernabilidad política afecta profundamente el sistema democrático. (…) Este esquema es funcional a una red con inserción capilar en el Estado, en el sistema político, en los grupos empresarios, en los sectores sindicales, entre otros, con objetivos políticos y económicos propios y una gran capacidad de desestabilización institucional. A lo largo de los años, este pacto ha cobrado un peso determinante en el sistema de justicia. Las estrechas relaciones entre jueces, fiscales, abogados, periodistas y operadores o agentes de inteligencia condujeron a que el funcionamiento del sistema judicial federal quedara condicionado a estas alianzas coyunturales o permanentes. Esto le dio al sistema de inteligencia una fuerte capacidad extorsiva”.