La Agencia Federal de Inteligencia cruzó a la Corte Suprema de Justicia por la acordada 17/2019, en la que pidió que se investigue si el organismo no realiza tareas de espionaje ilegal y llamó a restringir su intervención en causas judiciales. “No se puede aceptar este tipo de exhortaciones”, esgrimieron desde el organismo. Acusan a la Corte de no tener facultades para disponer el “recorte” en sus funciones.
Los encargados de responderle a los supremos fueron el jefe de los espías, el amigo presidencial Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani. En un escrito dirigido a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, esfera a la que recurrió el máximo tribunal para analizar el accionar de la AFI, se mostraron “intranquilos” con el documento firmado el 19 de junio pasado. Incluso hicieron referencia a una “profunda preocupación” por “la pretensión del Máximo Tribunal de prescindir de este organismo” en el combate de distintos delitos. No se hicieron cargo de las filtraciones.
El texto que envió La Casa ingresó al Congreso el 17 de julio y atañe a las “previsiones, expresiones y exhortaciones” formuladas por el Alto Tribunal “en relación a las cuestiones derivadas de las intervenciones telefónicas dispuestas judicialmente y su filtración a medios de comunicación pública”.
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Ya en el segundo párrafo, Arribas y Majdalani resaltaron que las escuchas son “administradas por la DAJuDeCO en toda su traza”, en un claro pase de facturas a la Corte, ya que esa dirección -encargada de hacer técnicamente las escuchas- depende en última instancia de los ministros supremos. No fue la única mención a esa dependencia. Luego respondieron los puntos que provocaron un gran enojo en la agencia.
En la acordada 17/2019, la Corte se explayó sobre las filtraciones y, en un pasaje puntual apuntó a la exSIDE. Por ejemplo, solicitó “a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que certifique que la Agencia Federal de Inteligencia no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresa y específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados judiciales”. Esto es, si no hace espionaje ilegal.
Los supremos también exhortaron “a los jueces con competencia penal para que apliquen de forma restrictiva la norma que los faculta a requerir la intervención a la Agencia Federal de Inteligencia”. Es decir, llamó a acotar su rol como auxiliar de justicia y a que los magistrados se apoyen en otras fuerzas federales.
En relación al primer punto, lejos de dejar auditarse, Arribas y Majdalani le contestaron a los cinco ministros cortesanos que no ordenaron ni consintieron “ninguna tarea por parte de personal de este organismo violatoria” de la ley. “Todas las tareas de investigación criminal que lleva adelante este organismo han sido ordenadas por los Señores Magistrados”, sostuvieron.
Respecto al segundo punto, salieron al cruce de la Corte y la acusaron de intromisión en otro poder.
Primero Arribas y Majdalani sostuvieron que “es el titular del Poder Ejecutivo de la Nación quien fija los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, y, conforme a ello, resulta esta Agencia Federal de inteligencia la encargada de formular el Plan de Inteligencia Nacional”.
Luego dijeron que “ observan con intranquilidad” la decisión exhortada los supremos: “Siendo que la investigación criminal resulta una facultad legalmente atribuida por el Congreso Nacional a esta AFI, bajo la condición excluyente de la autorización judicial antes señalada, y como tal forma parte de las actividades que este Organismo desarrolla para ejecutar el Plan de Inteligencia Nacional aludido, es que se observa con intranquilidad la exhortación a los jueces con competencia penal efectuada por el Supremo Tribunal de Justicia en el punto D de la Acordada citada, para que se restrinja la participación de esta Agencia en las investigaciones a su cargo”.
En este marco, Arribas y Majdalani, redoblaron la apuesta sin hacerse cargo de las filtraciones y le espetaron a la Corte que no tiene facultades para restringir su accionar. “La consecuencia del cumplimiento de tal exhortación significaría la derogación de hecho de una norma del Congreso Nacional vaciándola de contenido por efecto de una Acordada de la Corte”. Así, aseguraron el señor 5 y la señora 8, “nos enfrentaríamos a un ejercicio de actividad legislativa por parte del Poder Judicial, lo cual se encuentra vedado”.
En un claro mensaje de que no darán el brazo a torcer en esta puja que se abrió con el máximo tribunal del país, los directores de la AFI concluyeron que “por lo expuesto, no se puede aceptar este tipo de exhortaciones administrativas que, no solamente limitan o cercenan facultades legales de otros poderes, como se expresó precedentemente, sino que, a su vez, se efectúa sin existir ‘caso’ o ‘controversia judicial’ alguna, quedando exclusivamente en el campo del prejuzgamiento”.
Y cerraron, en señal de que este conflicto está lejos de resolverse: “Hasta tanto se deroguen las previsiones normativas que se ordenan a esta Agencia participar activamente en su lucha, seguiremos trabajando denodadamente para extinguir tales flagelos”.
Espionaje a la Corte
Es imposible disociar este cruce de un hecho que se desprende de la causa por espionaje ilegal que se sustancia en la justicia federal de Dolores, conocida como D’Alessiogate. Allí se investiga si los ministros cortesanos Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fueron victimas de la banda de D’Alessio. Hasta el propio entorno de Ricardo Lorenzetti no descartó haber sido blanco de la banda criminal, que a la luz de varios indicios, tenía vínculo con la AFI y el ministerio de Seguridad de la Nación. Sin ir más lejos, dos integrantes de la organización que hoy están detenidos habían revestido en la agencia: Ricardo Bogoliuk y Rolando Barreiro.
Escuchas y sospechas
Para empezar a generar un marco de transparencia, la AFI no debiera estar a cargo del íntimo amigo del presidente Mauricio Macri, quien es uno de los principales beneficiados de las operaciones políticas contra la oposición que se realizaron con las filtraciones de las escuchas.
La circulación de escuchas por los medios de prensa, utilizadas para operar política y judicialmente, se repitieron desde la asunción del macrismo. Hubo dos casos que ganaron mucha publicidad, como la de las conversaciones entre Oscar Parrilli y la expresidenta Cristina Kirchner, y las de los dirigentes kirchenristas detenidos en Ezieza, involucrados en la “Operación Puf”. Ambas debieron ser destruidas pero lejos de eso fueron manipuladas y usufructuadas en el prime time de la televisión.
Las escuchas ilegales a los presos K derivaron en un expediente que hoy instruye el juez Claudio Bonadio. El magistrado tiene audios de los detenidos en la cárcel de Ezeiza que se extienden por al menos 6 meses.
En el marco de este cruce entre la AFI y la Corte, la gran incógnita es si se repetirán las filtraciones, sobre todo, con las elecciones presidenciales a punto de dar sus primeros pasos.
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