La Justicia patriarcal cordobesa es la responsable directa del femicidio de Patricia Gabriela Giménez, una mujer que justo ayer, cuando cumplía 53 años, fue asesinada por su marido, Jacobo Alberto Bolomo, quien luego se suicidó. Hace 14 años, Bolomo la había atacado a balazos y prendió fuego la misma casa del barrio La France donde anoche se desencadenó la tragedia. Inexplicablemente, la Justicia había cerrado la causa y declaró inimputable a Bolomo.
En un día especial como el de su cumpleaños, Patricia estaba feliz, o por lo menos intentaba demostrar su felicidad. Su matrimonio con Bolomo era gris, con zonas más oscuras que claras y muchos episodios de violencia. Hacía unas dos semanas que lo había echado de la casa.
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Se había vestido especialmente para festejar(se) el cumpleaños. Iba a ser una cena, un agasajo con sus dos hijos –una chica de 19 años y un chico de 21- y algunos amigos de la familia. Su hija de 19 años la había alentado. Pero cerca de las nueve de la noche, llegó Bolomo a la vivienda donde quedó viviendo Patricia y sus hijos. La mujer se había negado a una reconciliación, pero finalmente accedió a dejarlo entrar.
En el garage de la casa, Patricia había abierto un pequeño kiosco para ganarse el pan, sabiendo que la separación de Bolomo resintiría sus finanzas familiares. “Cuando vinimos a trabajar acá, el hombre me vendió una Coca. Pero sé que se habían separado, alguien la tendría que haber ayudado a esa mujer”, contó una chica, empleada de una empresa de gastronomía. La France es un barrio de clase media baja, donde persisten depósitos y pequeños talleres entre las casas de la zona.
El domingo a la noche, la pareja comenzó a discutir. En una habitación, se encontraba la hija con dos amigas. La discusión subió de tono y comenzaron los gritos y reproches del hombre contra la mujer. Los gritos fueron insultos. Y los insultos se transformaron en una amenaza de muerte: “Mientras la hija del matrimonio estaba en su habitación, escuchó discutir a sus padres. Quiso interceder porque el hombre amenazaba a su madre con un arma de fuego. El hombre la empujó y comenzó a dispararle a su esposa delante de su hija”, detalló a El Destape, el comisario mayor Gustavo Piva de la Subdirección General de Seguridad Capital Norte de la Policía cordobesa.
En la cocina de la vivienda quedaron tres casquillos de una pistola calibre 22. Jacobo Alberto Bolomo agarró a Patricia, que agonizaba, y la sacó al patio, donde volvió a dispararle, esta vez a la cabeza. Con la misma pistola, el femicida se disparó en el mentón y quedó tirado malherido. El servicio de emergencia municipal 107 constató que la mujer había sido asesinada; mientras trasladó al sospechoso al Hospital Municipal de Urgencias, donde murió a la una de la madrugada de hoy tras sufrir un traumatismo de cráneo grave por herida de arma de fuego.
El 2 de noviembre de 2005, Bolomo tenía 42 años, y según sus vecinos era adicto a las drogas. Ese día, cerca de la una de la tarde, tomó de rehenes a su esposa Patricia y sus hijos de 5 y 7 años de edad. Había amenazado con desatar una tragedia y suicidarse. El fiscal Juan Manuel Ugarte –ahora es juez de la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba- llegó a la vivienda de La France y negoció personalmente la entrega del sospechoso.
Bolomo había prendido fuego parte de la casa y en medio de su ataque de ira, le había disparado a su esposa, hiriéndola levemente “en un brazo o mano”, recuerdan los vecinos. El fiscal Ugarte decidió encomendar el operativo al jefe de los negociadores policiales, el comisario Claudio Vignetta. Tras cinco horas de horror, el delincuente finalmente se entregó a los efectivos del grupo de elite ETER. Vignetta hoy es secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes del Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba.
La toma de rehenes, el intento de incendiar la vivienda y los disparos por parte de Bolomo fueron una represalia porque la mujer lo había echado de la casa y quería divorciarse. Como ocurrió hace una semana y terminó anoche con el femicidio. El hombre fue imputado por los delitos de lesiones leves calificadas agravadas, amenazas calificadas reiteradas (dos hechos) y tenencia ilegal de arma de uso civil.
Ugarte ordenó pericias psicológicas y psiquiátricas a Bolomo que determinaron que “estuvo impedido de comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones”. La pericia oficial de hace 14 años señaló: “El examen actual y las constancias obrantes en autos evidencian signos psicopatológicos compatibles con la presencia de un desarrollo pasional en el marco del cual se desencadenó un episodio de agitación psicomotriz, lo que permite inferir que a la fecha de la comisión de este hecho, afectó y disminuyó su capacidad de comprender la criminalidad del acto e impidió dirigir sus acciones”.
El fiscal Ugarte, para cerrar la causa, declarar la inimputabilidad de Bolomo y su correspondiente sobreseimiento, se basó en los escritos del jurista Ricardo Núñez, quien define a la imputabilidad como “la capacidad para ser penalmente responsable. Esta madurez presupone madurez, salud mental y conciencia, en una medida que habiliten al autor para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones (artículo 34 inciso 1° del Código Penal)”.
Y destacó por qué solicitó el sobreseimiento de Bolomo y el cierre de la causa, al entender que “al cometer el hecho, debe tener la posibilidad de gobernar su conducta con arreglo al sentido de su comprensión del acto que ejecuta". Y sumó: "Esta falta del elemento volitivo, sin defecto del intelectual, suele producirse en los individuos inconscientes por embriaguez y en aquellos que, como los afectados por psicopatía impulsivas, están totalmente dominados por un estímulo morboso hacia el delito”.
Los vecinos contaron a El Destape que, tras el incidente de 2005, Bolomo estuvo sometiéndose a un tratamiento de adicciones: “Por lo que sabemos, estuvo internado como un año; después volvió a la casa y siguieron la vida. Discusiones había siempre; nadie pensó que iba a terminar así”, dijo un vecino del frente de la vivienda donde ocurrió el femicidio.
El reconocido penalista Gustavo Núñez, que fue fiscal General adjunto de la Provincia, explicó a El Destape que “evidentemente estamos ante una falla del sistema judicial que no realizó los controles pertinentes para ver cómo evolucionaba Bolomo". En esa línea, afirmó que "la Justicia debería haber realizado un seguimiento de Bolomo, atendiendo los graves antecedentes de 2005”.
Núñez, de mucha experiencia en el ámbito penal, aseguró que “Bolomo debería haber sido internado hasta que los especialistas evaluaran si ya había sido resocializado o al menos haber superado su trauma o enfermedad". Asimismo, señaló que "posteriormente se debió haber realizado un seguimiento de su conducta; había indicios y muestras claras de su agresividad; por eso se debió atender su caso desde cerca”.
Por su parte, Luciana Echevarría, ex legisladora del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y referente del colectivo feminista, aseguró: “Nos están matando, nos siguen matando por el hecho de ser mujeres. El femicidio de Patricia nos conmueve e indigna, porque podría haberse evitado si la Justicia y el Estado hubiesen estado presentes”. La dirigente feminista agregó: “No vamos a permitir que nos sigan matando. Debemos tener la posibilidad no sólo de elegir a jueces y fiscales con nuestro voto, sino de revocarlos cuando no cumplen con sus funciones, como en este caso”.
Tras conocerse el femicidio de Patricia Giménez, desde la fiscalía especializada en Violencia Familiar a cargo de Pablo Camacho, señalaron que “no contamos con datos sobre denuncias previas de la víctima contra Bolomo por violencia de género”. Una vez más falló la Justicia de Córdoba, al no chequear ni sus propios archivos, donde el femicida ya había sido sobreseido por un caso similar, que incluyó haber tomado de rehén a su propia familia.
*Gustavo Molina es corresponsal de El Destape en Córdoba.
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