Fallo anti tarifazo: la Corte dejó afuera a los clubes de barrio y cooperativas

Las PyMes, las empresas recuperadas, las cooperativas, los centros culturales y de jubilados y los clubes de barrio quedaron afuera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El fallo anti tarifazo sólo protegió a los usuarios residenciales que representa el 26% del consumo de gas.

La declaración de nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería, que encabeza Juan José Aranguren, dejó fuera del paraguas protectivo al 74% de los consumidores de gas y no impide que esa suba de tarifas se traslade a los precios de los productos.

La Multisectorial que agrupa a las empresas recuperadas, clubes de barrio y cooperativas (entre otros actores) criticó el fallo que frenó el tarifazo y que pegó duro en la Casa Rosada.

"El fallo esconde una trampa: el 74% de los usuarios deberá abonar el aumento. Este grupo está integrado por las pequeñas y medianas empresas, las empresas recuperadas, los clubes de barrio, los centros culturales, los centros de jubilados y adultos mayores, y otros sectores", sostuvo la Multisectorial contra el tarifazo de la Ciudad de Buenos Aires, que este viernes al mediodía dará una conferencia de prensa en el emblemático Hotel Bauen. "El fallo resulta claramente restrictivo y afectará fuertemente al sector productivo, que seguirá amenazado a cerrar sus puertas porque no podrá hacerle frente a las subas", indicaron.

Las críticas al fallo de la Corte también llegaron del lado de las empresa tradicionales y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) señaló que si se mantiene la suba de tarifas "se perderán miles de empresas y puestos de trabajo" en su sector, que genera "el 80% del empleo".

La falta de un freno a la suba tarifaria comenzó a afectar el consumo, que venía golpeado por el aumento de precios que se produjo tras la devaluación del peso. Ese incremento se produjo a pesar de que los formadores de precios habían mantenido una política de aumentos que buscaba compensar las paritarias salariales de los últimos años.

Pero ese traslado a precios no se reprodujo en forma pareja en todos los sectores de la economía. "Nos cayeron las ventas y no trasladamos toda la suba de costos a los precios pero igual se produjo una situación impensada para nosotros: volvimos a trabajar a fasón como en el 2000, cuando recuperamos la empresa", dijo Alejandro Coronel, miembro del directorio de la cooperativa Los Constituyentes, que produce caños con costura para la redes domiciliarias de agua y gas. Allí trabajan 86 personas en una planta de 25 mil metros cuadrados, en Vicente López, en la zona norte del conurbano bonaerense.

Ese método de trabajo -donde el cliente aporta la materia prima para una empresa cobre por el trabajo de convertirla en producto terminado- es el que se utilizó al inicio de cualquier proceso de recuperación empresaria. Pero luego las empresas logran comprar su propio material de trabajo para no ser simplemente una planta de servicios. "El problema de ese sistema es que el margen de ganancia es menor y sólo alcanza para los salarios. Eso impide reinvertir en la planta y que las máquinas se vayan destruyendo poco a poco", completó Coronel que vió como en los últimos meses la factura de electricidad se multiplicó por cinco y la de agua por dos.

Una situación similar están viviendo en la imprenta Gráfica Patricios, que pasó de tener 28 trabajadores en 2003 a 60 en 2015. "Este fallo beneficia momentáneamente a los usuarios residenciales hasta que se haga la audiencia pública no vinculante y luego de eso el tarifazo se hará efectivo pero deja afuera a los sectores productivos. Finalmente colabora con un modelo de país que destruye el empleo y eso es lo que está en discusión: el modelo de país", dijo Eduardo Montes.

En esa gráfica de Barracas las boletas de gas y agua se multiplicaron por diez y ese incremento representa "23 salarios mínimos", graficó Montes.

En su comunicado, la Multisectorial contra el tarifazo destacó el dictamen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que consideró que el aumento tarifario pone en riesgos derechos humanos y fundamentales. Allí elaboró un planteo que no fue tomado en su totalidad por la Corte: "El servicio público domiciliario de gas es un servicio indispensable para la salud y la vida digna", sostuvo y señaló que "el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas —en especial, las pequeñas y medianas—, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo".