A dos semanas del escándalo revelado por El Destape, que comprobó casi 500 falsos aportantes de campaña que resultaban ser beneficiarios de planes sociales y a los que además se les fasificó la firma para afiliarlos al PRO, la Justicia comenzó a avanzar en la causa por los delitos a la ley electoral y, por la gravedad de los hechos, el partido de Mauricio Macri podría llegar a perder su sello a solo un año para los comicios.
Esta semana, el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello avanzó en la causa preliminar que decidió iniciar tras el informe de este medio, y solicitó las primeras medidas de prueba, que tenderán a esclarecer el perfil de los supuestos financistas de la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich en Provincia. En carácter urgente, Di Lello le pidió a la Cámara Nacional Electoral que “informe si las 205 personas se encuentran afiliadas a algún partido político”, al tiempo que le pidió a la ANSES dar la “situación de revista” de ellas, y a la Gendarmería Nacional que realice un informe socio-económico de 50 de los aportantes elegidos al azar, a fin de determinar lo sostenido en el artículo publicado por El Destape semanas atrás.
Con el resultado de estas medidas en sus manos, que podrían estar en los próximos días, el fiscal podrá resolver archivar la causa o enviar una denuncia a la justicia federal de la provincia de Buenos Aires, por cuestiones de jurisdicción, aunque también podría considerar insuficientes las medidas y requerir nuevas para adjuntar más elementos probatorios.
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Según explicaron fuentes judiciales a este medio, de confirmarse que el partido político afilió masivamente a beneficiarios de planes sociales y gente con escasos recursos, les falsificó la firma y las hizo pasar como aportantes de campaña, y en caso de no poder comprobar de dónde vino verdaderamente el dinero que se utilizó para la contienda electoral, el partido de Mauricio Macri, Propuesta Republicana (PRO), podría afrontar severas multas y hasta perder el sello en la provincia de Buenos Aires a poco menos de un año para las elecciones, lo que le podría ocasionar un severo dolor de cabeza.
En este sentido, Noemi Viera, Luis Jaime, Debora Tovani y Cinthia Melgarejo se presentaron la semana pasada ante la sede central del PRO a nivel nacional, ubicado en la calle Balcarce, donde se negaron a entregarles los recibos de las supuestas donaciones que realizaron en efectivo para la campaña del año pasado, y tras ello, se apersonaron en la sede de la Cámara Nacional Electoral, ubicado en la calle Alem, donde obtuvieron respuestas: todos fueron afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires hace años, y resultaron figurar como financistas de la campaña.
Por lo que ahora restará determinar quién falsificó su firma y su ficha de afiliación, lo que será determinado a través de una demanda colectiva que presentarán en apenas semanas, sumando así la tercera causa judicial tras la relevación de la escandalosa estafa del Gobierno
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