El PAMI dejó a 18.000 jubilados sin atención de médica especialistas por medio año. Luego, contrató a la empresa fundada por el jefe de la obra social para que se haga cargo, que cuenta con menos del 10% de la plantilla que tenía el anterior proveedor, como había revelado El Destape. Antes de que se cumpla un año del inicio del conflicto, los profesionales de la compañía fueron denunciados por ejercer ilegalmente la medicina.
Nativus SRL fue creada el 9 de febrero de 2007 por Sergio Cassinotti, quien le entregó contratos estatales millonarios desde que asumió como director ejecutivo del PAMI en 2017. En mayo de ese año el organismo dio de baja todos los contratos en el país para pasar de un sistema de pago por contraprestación a uno de cápitas preestablecidas, que implicaron recortes en las facturaciones.
Para el Colegio Médico de Gualeguaychú (CMG), que nuclea a todos los especialistas de la ciudad, significó un ajuste del 86%, por lo que rechazaron las nuevas condiciones. El ente nacional se negó a mejorar la propuesta y, mientras tanto, dejó a los miles de jubilados sin atención de especialistas. Éstos tuvieron que pagar de sus bolsillos consultas privadas hasta noviembre, cuando PAMI anunció una solución a los seis meses de desamparo.
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Allí apareció Nativus, que se presentó voluntariamente ante las oficinas de la obra social. El encargado de la negociación fallida y de aceptar la nueva proposición fue Diego Villalvilla, un empleado de planta que escaló a asesor del directorio con sueldo de subgerente de la mano de Cassinotti, su socio de Soluciones Integrales para Empresas de Salud SA en 2015.
La flamante prestadora cuenta con poco más de diez doctores y radicados en otras ciudades entrerrianas e incluso bonaerenses, por lo que se traslada para atender sólo cinco horas semanales o incluso mensuales. Esto representa menos del 10% de los 240 afiliados al Colegio Médico que históricamente fueron contratados por la obra social.
Ese ínfimo plantel de especialistas de Nativus fue denunciado penalmente de practicar ilegalmente la medicina el 5 de marzo pasado por la institución local. En el documento judicial, al que accedió este medio, especifica que incumplen con la ley 3.818 de Entre Ríos, que en su artículo 26 encuadra en esta calificación a quienes “no tengan títulos habilitantes(…); los que no estén inscriptos en los registros del Ministerio de Salud Pública de la provincia o en el colegio profesional respectivo aun poseyendo título habilitante”. El presidente y el secretario general del CMG, Emilio Bianchi y Pablo Corfield, señalaron por este delito a siete de los doctores subcontratados por el PAMI para atender a los 18.000 jubilados de la ciudad.
El primero de ellos, D.I.T. (asentado con iniciales para resguardar su identidad en el proceso penal), atiende los viernes de 9 a 12 como cardiólogo, pese a que su matrícula provincial fue “cancelada por propia voluntad” y no posee especialidad probada. M.D.L., quien atiende en cardiología los lunes de 10.30 a 15, no posee especialidad registrada por el Ministerio de Salud, de acuerdo a lo asentado en la denuncia. La dermatóloga P.N.L., que trabaja cada quince días los lunes de 9 a 14, tiene su matrícula cancelada desde abril de 2009 y sin especialidad conocida.
A.L.R. factura por cinco horas semanales de ginecología a pesar de que no actualiza su matrícula desde 2002. A.J.R. trabaja los miércoles de 11 a 15.30 como otorrinolaringólogo, aunque en el registro oficial no figura como doctor general. D.B. cobra por cinco horas mensuales a pesar de no estar matriculado en la provincia y sucede lo mismo con D.H., que practica urología.
La obra social decidió no realizar comentarios ante las consultas de este medio sobre los terciarizados. Todos los controles fueron flexibilizados dentro del plan de ajuste de Cassinotti, aunque esto no lo deslinda de las responsabilidades sobre la empresa a la que le paga cerca de $ 500.000 mensuales.
Nativus le presta servicios al PAMI desde su fundación, aclararon a El Destape desde el ente estatal, donde agregaron que el mandamás del vendió su participación societaria en 2011.
El segundo negocio para la compañía de Cassinotti
Nativus logró el contrato por atención de especialistas sin licitación por haberse presentado como solución para una crisis de prestación, pero no sucedió lo mismo con el segundo convenio que cosechó. En diciembre, el directorio nacional corrió a la médica Marta Charadía de la Unidad de Gestión Local Concordia y puso en su lugar a Lucas Larraz, un ingeniero militante del PRO.
Como último acto en la dependencia que controla Gualeguaychú, Charadía le quitó a la clínica San Lucas las cápitas para los módulos 2, 3 y 22, que corresponden a los servicios de radiología, ecografía y ecodopler. Como había publicado El Destape, este negocio se lo entregó también a Nativus.
Varios de los afiliados denunciaron a este medio que la prestadora se niega a realizarle los estudios cuando les llevan la orden médica. Les firman entonces un “rechazo conformado”, que deben entregarle a PAMI para que los derive a otra entidad privada. El organismo estatal manifestó que no se debe a una carencia de maquinaria, sino que se realiza en función de la complejidad que requiere cada estudio.
Estos procesos son comunes en la obra social, pero en el resto de los casos son impulsados por los propios pacientes, que piden de forma excepcional ser atendidos en una institución distinta a la asignada.
Los jubilados se vuelven a movilizar
En mayo se cumplirá un año desde que se inició el conflicto que dejó a los jubilados de Gualeguaychú sin atención por seis meses. Ante esto, volverán a movilizarse con apoyo del Consejo Municipal de Adultos Mayores del municipio, como en 2017.
La llamada “marcha de los barbijos” del 5 de abril será “en defensa del derecho a la salud de los adultos mayores” y exigirá soluciones concretas a la crisis de atención médica.
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