El gobierno ayudó a su empresario amigo Alfredo Coto a esconder un caso que complicaba a la empresa familiar, relacionado a una enorme cantidad de armamento encontrado en uno de sus depósitos. El hallazgo se dio tras un allanamiento realizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC): se encontraron granadas, armas de fuego, municiones, gases lacrimógenos y hasta silenciadores, situación que fue denunciada esta semana en la Justicia.
La inspección realizada por ANMAC, ex Renar, tuvo lugar el pasado 30 de agosto de 2016 en la sede del supermercado de la calle Paysandú al 1800, en el barrio porteño de Caballito. El arsenal encontrado fue increíble: 227 granadas, ubicadas dentro de tachos, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos antitumulto, un gas pimienta y hasta un silenciador de armas.
Además se encontró un revolver sin declarar ante ANMAC y tres armas de fuego registradas a nombres de otros usuarios. Pero lo que más llamó la atención de las autoridades fue un revolver inscripto a nombre de Alfredo Coto con su número de serie adulterado y ocho escopetas que tenían pedido de captura desde el año 2003. A su vez, en la sucursal del popular supermercado había dos lanzagases con sus números de serie erradicados y hasta una ametralladora con un silenciador, registrada a nombre de Germán Alfredo Coto con el sistema disparador modificado y seleccionado en modo automático. Además, otras 25 armas que debían encontrarse en esa sede por ser el domicilio de guarda, no fueron ubicadas en el lugar.
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Pero, como si esto fuera poco, buena parte del arsenal encontrado en la sede del empresario amigo del presidente Mauricio Macri pertenecía a la Policía Federal y a la Prefectura nacional: según consta en la denuncia, las granadas encontradas en la sede de Coto tenían el logo de PFA, pese a que desde la fuerza negaron haber prestado servicios con el uso de esos materiales para firma, así como también los gases lacrimógenos, que habían ingresado al país a nombre de la Prefectura, figuraban como derivados a la fuerza Albatros, que no tiene en sus registros haberlos derivado a la cadena de supermercados.
Ante la enorme gravedad del hallazgo, los inspectores informaron a los directivos del organismo, los que les ordenaron “dejar todo como está, ya que ellos se harían cargo”, incumpliendo de esta forma su obligación de decomisar inmediatamente todo el material e iniciar una investigación sobre el origen del mismo y las razones por las cuales estaba en el depósito de un supermercado, según explicaron desde la red Argentina para el Desarme.
El irregular procedimiento fue denunciado por la Unidad Fiscal especializada en la Investigación de ilícitos (UFIARM) relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados, a cargo de Jorge Di Lello, que procedió a secuestrar todo el material e inició una investigación preliminar que culminó ésta semana con la presentación de una denuncia penal radicada en el Juzgado Federal Nº 2, a cargo del juez Sergio Ramos y la Fiscalía Federal 10, de Paloma Ochoa, que deberá decidir la semana próxima si avanza en la investigación imputando a funcionarios de la administración nacional y al propio Alfredo Coto, principal implicado en el caso.
En diálogo con El Destape, desde ANMAC explicaron que están "imposibilitados" de dar información sobre un caso que tramita en la Justicia, al tiempo que se limitaron a explicar: "Todas las inspecciones que se realizan son elevadas a la Unidad especializada con sus resultados, ellos toman intervención en el ejercicio de la acción penal, nosotros solo inspeccionamos y sancionamos".
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