Espionaje ilegal: se define la suerte de un juez clave para el D’Alessiogate denunciado por Carrió

El Gobierno pretende romper la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal donde se revisa la causa por espionaje ilegal que involucra a distintos funcionarios, espías ilegales y periodistas. Horas decisivas.

El martes pasado, la diputada Elisa Carrió recusó al camarista Alejandro Slokar, es decir, pidió que no pueda intervenir más en el D’Alessiogate. Este lunes, el magistrado acusado rechazó el planteo de la cofundadora de Cambiemos y dejó la resolución de su situación en manos de sus pares, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma. Si resuelven apartar a su colega, el expediente que se sustancia en Dolores puede pegar un giro de 180 grados, ya que cambiará la conformación del tribunal que analiza las apelaciones que llegan a la máxima instancia penal del país. Hasta este martes, todos los fallos habían sido de respaldo hacia el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Un dato no puede pasar desapercibido: en los próximos días se espera que la sala II de Casación se manifieste en torno a la competencia de Dolores y la rebeldía de Carlos Stornelli. En este último punto, podría haber paridad sin Slokar y un tercero (se sortearía entre los 10 jueces restantes de esa instancia) podría favorecer al fiscal de las fotocopias de los cuadernos.

La legisladora basó su pedido de apartamiento en una denuncia que realizó contra Slokar, referente de Justicia Legítima, hace casi tres años en el Consejo de la Magistratura. La acusación de la que se tomó “Lilita” fue reflotada en el órgano que selecciona y sanciona magistrados en los últimos días gracias al candidato a vice de Macri, Miguel Ángel Pichetto, y el diputado PRO, Pablo Tonelli, ambos consejeros. Ella pudo hacer la presentación porque el juez federal de Dolores la consideró “imputada” en la causa.

Carrió basó su escrito en el incidente de la competencia donde su nombre no aparece. No obstante, citó el artículo 55, inciso 9, del Código Procesal Penal, según el cual un juez debe inhibirse “si antes de comenzar el proceso alguno de los interesados le hubiere promovido juicio político”.

¿Qué dijo en su descargo el camarista?

Primero recordó que la Corte Suprema de Justicia consideró “improcedentes las recusaciones fundadas en la mera promoción de un juicio político”. E indicó que la misma Cámara de Casación había establecido un criterio similar: “La simple denuncia no puede constituir por sí sola causal de recusación (…) pues ello implicaría otorgarles a las partes un mecanismo para separar a los jueces naturales de las causas, con su sola presentación aunque carezca de toda seriedad o fundamento”.

Incluso citó un antecedente donde la Cámara Federal porteña y la Casación Penal rechazaron desplazar al juez federal Luis Rodríguez, quien se encontraba en una situación similar a la suya, es decir, con una denuncia previa en el consejo en estado embrionario. Ocurrió en el marco del “caso Arbizu”. ¿Quién había pedido apartar al magistrado denunciado y no lo logró porque fue respaldado por sus pares en distintas instancias? Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín.

Hasta el momento, la denuncia de Carrió que ingresó al Consejo en agosto de 2016, se encuentra en la Comisión de Disciplina y Acusación, donde aún no fue analizada en profundad por los consejeros. Por lo pronto, Tonelli pidió citar a Slokar en los términos del artículo 20, que es una especie de indagatoria. La propuesta se postergó en dos ocasiones y no fue votada aún.

En este contexto, el camarista también marcó incongruencias de la presentación de la diputada, que parecieran buscar correrlo del caso más que Justicia: “El planteo aparece reconducido a un esbozado temor de parcialidad, supuesto que no se evidencia ni aparece demostrado”, remarca el juez respecto al argumento que utilizó “Lilita”. Y añade Slokar que “no puede cimentarse el temor pretendido cuando la presentante realizó la denuncia (NdelR: de juicio político) en su calidad de Diputada Nacional, esto es, motivada en atribuciones y cometidos estrictamente funcionales”. En criollo: eso implica que en su pedido de juicio político, Carrió no hizo referencia a una afectación puntual a su persona. Y no la realizó porque entonces denunció al camarista por una supuesta demora en una causa que involucraba a José López.

Slokar también destacó que “tampoco se revela que aquella presentación -basada específicamente en cuestiones relativas al trámite de otra causa- y el presente incidente sobre la competencia territorial del órgano a intervenir pueda establecerse ningún tipo de vinculación que permita dar pábulo al temor dogmáticamente esgrimido”. Es decir, Carrió no debiera ver una pérdida de imparcialidad ya que se trata de una cuestión de competencia donde no hay relación alguna con el caso de López y el nombre de la diputada no aparece.

Con el informe terminado, Slokar libró su suerte a la decisión de sus pares, que se espera resuelvan su futuro en el D’Alessiogate en las próximas 48 horas.

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Desde que Ramos Padilla, destapó la causa de espionaje ilegal, el oficialismo buscó correr a los funcionarios judiciales que se expresaron en contra de sus intereses en todo el proceso.

Ya lo había dicho Macri, en junio de 2017, al advertir a los magistrados que piensen en fallar en contra de los deseos de la Casa Rosada: “Los jueces tienen que saber que queremos saber la verdad o vamos a buscar otros jueces que nos representen”.

¿Cuál es el común denominador entre Ramos Padilla y Slokar? Que ambos integran el colectivo Justicia Legítima, que fue demonizado por este Gobierno.

Desde el Poder Ejecutivo ya se impulsó la remoción del magistrado de Dolores, se le intentó sacar la causa, se buscó evitar que la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal intervenga en el D’Alessiogate (es la única de las cuatro que componen esa instancia que no suele manifestarse en sintonía con los intereses del Gobierno) y ahora busca desplazar a Slokar, quien venía articulando la mayoría con Yacobucci o Ledesma, según el incidente que llegara al tribunal.

La de Carrió -que fue una de las ganadoras en el armado de listas- es una nueva jugada judicial del Ejecutivo para influir en la causa de espionaje ilegal que tanto incomoda a Mauricio Macri.