Espionaje ilegal: Ramos Padilla apuntó contra Macri como el impulsor de su intento de apartamiento

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y su padre y defensor, Juan, aseguraron que el procedimiento que se tramita en el Consejo de la Magistratura para apartar al magistrado de la causa que investiga una red de espionaje ilegal fue impulsado por el propio presidente Mauricio Macri y “no surge acusación concreta”. Además, apuntaron contra la filtración de escuchas ilegales a presos K y exigieron la declaración de funcionarios políticos y judiciales para aclarar el origen de las mismas y su interés en la pesquisa que tramita en aquél Tribunal.

En un escrito, el defensor manifestó que el proceso de remoción “se ha transformado en una disputa política encabezada por el presidente Macri, la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministro de Justicia, el representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (Juan Bautista Mahiques), sus aliados políticos y judiciales” contra el magistrado que “con escasos recursos lleva adelante una investigación que los incomoda” para el Gobierno. Por ello, pidió que los consejeros entiendan “la gravedad institucional” de impulsar la remoción y obstruir la investigación.

El abogado recordó que el 17 de marzo el propio Macri dio la orden de ir contra Ramos Padilla al decir que “no es la primera vez” que el juez de Dolores avanza con cuestiones que le molestan y que “ya ha hecho varias”. Después de estas declaraciones, el Ministerio de Justicia de Germán Garavano y Mahiques “iniciaron este expediente, al que luego se le agregaron “escuchas filtradas” por la Agencia Federal de Inteligencia que dirige Gustavo Arribas -amigo personal del presidente-, con la participación de magistrados y legisladores investigados en la causa de Dolores”, en referencia al fiscal rebelde Carlos Stornelli y las diputadas de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, Paula Olivetto y Mariana Zuvic.

Las escuchas ilegales a las que hizo mención son las realizadas a presos K en el penal de Ezeiza. Por orden del juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, se pincharon los teléfonos públicos de la cárcel por una causa de narcotráfico pero se grabaron todas las conversaciones y se difundieron mediáticamente la de ex funcionarios detenidos. Estas llegaron de forma “anónima” a las diputadas de la Coalición Cívica y al propio Stornelli. “No caben dudas de que el presidente siempre estuvo informado por la propia AFI de esta “operación escuchas”, no sólo en virtud de quienes estaban involucrados sino porque incluso el tema fue tratado en reuniones de gabinete”, manifestó Juan Ramos Padilla.

El abogado agregó que estas conversaciones y su difusión impulsaron la “fabricación” de causas contra el juez de Dolores y “han sido utilizadas o habrán de utilizarse para realizar operaciones judiciales y electorales impropias del Poder Judicial y que ese Consejo de la Magistratura debería erradicar inmediatamente”.

Según las legisladoras oficialistas y el fiscal rebelde, todos involucrados en la causa que investiga la red de espionaje ilegal, esta pesquisa fue armada desde Ezeiza por los detenidos K. “Está claro que el juez Alejo Ramos Padilla no pudo haber actuado de acuerdo con Marcelo D´Alessio, Ricardo Bogoliuk y Norberto Degastaldi, a quienes allanó, detuvo y les dictó la prisión preventiva”, argumentó el abogado defensor. “En todo caso, las legisladoras se encuentran autorizadas a formular sus presentaciones en el Juzgado de Dolores”, donde ya fueron invitadas a proporcionar las pruebas y aclaraciones que consideren pertinentes sobre su relación con el espía. Por eso, remarcó que “no es posible determinar cuál sería el delito –salvo la intromisión ilegal en la privacidad y la utilización de escuchas ilegales en contravención con la ley de inteligencia-“al grabar y difundir estas conversaciones sin orden judicial.

Por ello, el defensor pidió que se presten a declarar quienes impulsaron la denuncia contra el juez de Dolores, en referencia a Macri, Garavano y Mahiques, para saber “su relación e interés con los hechos y las personas investigadas en la causa”. Además exigió que se explique ante el Consejo si se filtraron escuchas de exfuncionarios kirchneristas presos y “si éstas tienen como objetivo ser utilizadas en el marco de la campaña electoral presidencial”.

Además, como ya fueron invitadas en reiteradas ocasiones por Alejo Ramos Padilla, se volvió a pedir que Carrió, Olivetto y Zuvic se presenten en Dolores a declarar porque “es necesario que en algún momento expliquen su relación con Marcelo D´Alessio, con los servicios de inteligencia, el modo en que obtienen y acceden a documentación reservada en este y en otros casos”.

Esta documentación - escuchas ilegales - fue difundida en televisión, por lo que Ramos Padilla Padre también pidió la presencia de los periodistas “Luis Majul y Jorge Lanata para que expliquen fundamentalmente cómo obtuvieron las escuchas” que publicaron y si las recibieron “de parte de la Agencia Federal de Inteligencia, de las legisladoras, de algún funcionario o magistrado”.

Por lo mismo, pidió que Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el uno y la dos de la AFI, sean consultados por la “interceptación, captación, almacenamiento, traslado, incorporación al proceso y destrucción de escuchas que ocurrió en el caso”.

De esas escuchas también participó el juez Claudio Bonadio, que fue denunciado desde el día uno por el empresario agropecuario Pedro Etchebest, para saber si solicitó su tenencia. Además, deberá decir “si conocía que en los audios de las conversaciones entre D´Alessio y Etchebest se encontraba expresamente mencionado y que en la presentación inicial del expediente de Dolores había sido expresamente denunciado”.

Pero el magistrado no es el único funcionario judicial que Ramos Padilla pidió que preste su testimonio. El rebelde Stornelli también debería hacerlo, no sólo por estar denunciado sino para dar explicaciones sobre cómo recibió las escuchas ilegales que difundieron Lanata y Majul y “si es común” que le lleguen este tipo de “anónimos”.

En tanto, Alejo Ramos Padilla respondió a otra de las acusaciones que pesan sobre su contra, como es la de su exposición en la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara de Diputados, por la que Stornelli pidió su apartamiento - que fue rechazado en primera instancia y confirmado por la Cámara Federal de Mar del Plata -. Sostuvo que él “contribuyó a precisar la información que ya estaba circulando en los medios de prensa, y que es un deber de los magistrados dar cuenta a la ciudadanía de las resoluciones dictadas y del contenido de una investigación de “gravedad institucional”, que no se encontraba bajo secreto de sumario".

Además, advirtió sobre un hecho muy grave. Ante el cuestionamiento de su no uso Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, destacó que desde el programa que depende del Ministerio de Justicia, "se pudo haber colaborado con maniobras para direccionar el testimonio de algún imputado-arrepentido, a cambio de beneficios e incluso dinero".

El magistrado aseguró que la causa que él investiga involucra diferentes jurisdicciones, figuras políticas, judiciales, lavado de dinero, servicios de inteligencia y medios de comunicación pero destacó que a todas las partes se le dio la posibilidad de ejercer su derecho legal y que no recibió ningún tipo de cuestionamiento por lo que su deber es avanzar en la pesquisa.

“Por ello, se me quiere apartar a través de este procedimiento irregular ante este Consejo de la Magistratura y se recurre para ello a elucubraciones absurdas que se construyen a partir de la utilización indebida de escuchas que la Corte Suprema ha señalado que “no sólo deben ser prevenidas y castigadas por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentando a la confianza pública””, como bien destacó su padre y defensor.