El Gobierno logró su cometido: logró desplazar del D’Alessiogate a un juez clave de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país que revisa todo lo que sucede en el expediente en que se investiga a una red de espionaje ilegal. Se trata de Alejandro Slokar, quien a partir de hoy ya no podrá intervenir más en el caso, luego de que sus compañeros de sala, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma, hicieran lugar al planteo de recusación que presentó días atrás la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió. En el mismo movimiento de ajedrez judicial, la Casación allanó el camino para quitarle la causa al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en un futuro cercano. Todo ocurrió en el incidente de competencia. La presión de la Casa Rosada surtió el efecto buscado.
El Gobierno buscaba por todos los medios tener algún tipo de control judicial sobre la causa que compromete a distintos funcionarios. Con el desplazamiento de Slokar, el oficialismo se garantiza ahora cubrir la vacante con alguno de los restantes magistrados de la Casación, con quienes tiene mayor sintonía político-judicial que con el juez apartado, que es un referente de Justicia Legítima. Su silla para intervenir en este caso se sorteará entre los 10 jueces de las otras salas, de los cuales 9 pueden manifestarse según los intereses de la Casa Rosada.
Yacobucci y Ledesma le dieron la derecha a Carrió al abordar la competencia del caso (en otro fallo, confirmaron la rebeldía de Stornelli). Si bien en ambos se manifestaron en sintonía con lo que había fallado la Cámara Federal de Mar del Plata, en los fundamentos de la incompetencia se allana el camino para que la pesquisa deje de sustanciarse en el juzgado federal de Dolores en un plazo no muy lejano. ¿Por qué? Se resalta, sobre todo en los fundamentos de Yacobucci, en que la cámara revisora “ha señalado reiteradamente, y de modo inusual, la notoria provisoriedad de la competencia atribuida”.
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El mismo juez también señaló que la Cámara reclamó “celeridad” a Ramos Padilla para luego volver a hacer hincapié en que la investigación tramita en Dolores de forma provisoria, al resaltar que “la cuestión pudiera ser reexaminada en la forma y términos que pudieran corresponder”.
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A pedido de Carrió
El apartamiento de Slokar fue pedido por la diputada Elisa Carrió el 18 de junio pasado. La diputada está imputada en el expediente de Dolores por sus vínculos con la banda de D’Alessio y recusó al camarista porque considera que puede ser parcial ya que había pedido su juicio político ante el Consejo de la Magistratura en agosto de 2016. Se trata de una acusación que este jueves recibió un duro revés en el órgano que selecciona y sanciona jueces: la comisión de Disciplina y Acusación que analiza el tema recomendó desestimar la presentación de Carrió. De allí que la resolución de Yacobucci y Ledesma provocara muchas suspicacias en el mundo judicial: se conoció pocas horas después de la decisión del consejo.
La denuncia de Carrió, que está pronta a prescribir, fue reflotada en el consejo en los últimos días gracias al candidato a vice de Macri, Miguel Ángel Pichetto, y el diputado PRO, Pablo Tonelli (el primero ya renunció a su cargo de consejero tras su salto al oficialismo pero antes se prestó a esta jugada contra Slokar al poner el tema en el orden del día. Pichetto presidía la estratégica comisión de Disciplina y Acusación).
Luego de que el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, notificara el 11 de junio a Carrió de que está imputada en la causa, la legisladora presentó un escrito en Casación, en el marco del incidente de la competencia donde su nombre no aparece, para recusar a Slokar. Citó, entre otras razones, el artículo 55, inciso 9, del Código Procesal Penal, según el cual un juez debe inhibirse “si antes de comenzar el proceso alguno de los interesados le hubiere promovido juicio político”.
En su descargo Slokar rechazó el planteo de la diputada y citó distintos antecedentes tanto de Casación como la Corte Suprema de Justicia que juegan a su favor. Por ejemplo, el Alto Tribunal consideró “improcedentes las recusaciones fundadas en la mera promoción de un juicio político”.
La denuncia de la diputada se encontraba hasta este jueves en la Comisión de Disciplina y Acusación. Es por una supuesta demora de Slokar en un caso que tenía al exfuncionarios José López como protagonista.
Tonelli, alfil judicial del PRO y consejero, había pedido citar a Slokar en los términos del artículo 20, que es una especie de indagatoria. Es decir, pretendía profundizar en una investigación. La propuesta se postergó en dos ocasiones. Y hoy chocó contra un nuevo dictamen en el que se reclamó la desestimación de la presentación de Carrió.
Se trata de un planteo del consejero que representa a los abogados y es cercano al oficialismo, Juan Pablo Más Vélez.
Los integrantes de la comisión de Disciplina y Acusación se inclinaron por este dictamen desestimatorio y que rechaza la denuncia contra Slokar.
De acuerdo al texto que se aprobó hoy en comisión “no surge ninguna irregularidad en la actuación del magistrado cuestionado que configure alguna de las causales de remoción”, algo que había reclamado la cofundadora de Cambiemos, “ni falta disciplinaria alguna” por lo que “corresponde desestimar las presentes actuaciones”.
Votaron a favor de esta postura el propio Más Vélez, los jueces Alberto Lugones y Juan Manuel Culotta, el representante de los académicos, Diego Molea, y la diputada Graciela Camaño. Se trata de los consejeros más cercanos al mundo judicial y la legisladora por la oposición.
Por el contrario, el ala política de Cambiemos cerró filas. Quienes se opusieron a este dictamen fueron el diputado PRO Pablo Tonelli, el representante del Ejecutivo en el Consejo, Juan Bautista Mahiques, y la senadora Inés Brizuela y Doria de Cara.
Ahora el caso pasó al plenario del consejo. Pero ya poco importa. El Gobierno cumplió su objetivo de correr de una causa sensible a un juez que considera “molesto”. Sin ir más lejos, en una resolución de Casación de ayer, en el que fue su último voto en este caso, Slokar resaltó que el D’Alessiogate involucra a funcionarios actuales, “compromete la vigencia del Estado de Derecho y socava el futuro de las instituciones democráticas”.
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