Después de 8 meses de rebeldía, el fiscal Carlos Stornelli se presentó ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para declarar en el marco del D’Alessiogate. Antes de ingresar al juzgado afirmó que respondería preguntas.
El magistrado, que lleva adelante una investigación sobre una red de espionaje ilegal con terminales judiciales, políticas y periodísticas, le imputa ocho hechos al titular de la Fiscalía federal N°4 con asiento en los tribunales de Comodoro Py.
Ramos Padilla, a partir de la prueba recolectada, le adjudica participación en el caso de Gonzalo Brusa Dovat, ejecutivo de PDVSA extorsionado y coaccionado por la banda de Marcelo D’Alessio; el intento de realizar cámaras ocultas a los abogados José Manuel Ubeira y Javier Landaburu; el espionaje al ex de su pareja, el piloto Jorge Christian Castanon; el haber alentado el espionaje ilegal contra Victoria Munin; el caso de la delegación iraní en Uruguay; la intimidación al exsecretario presidencial, Pablo Barreiro; y el caso del empresario Pedro Etchebest, que fue el que desencadenó la investigación en Dolores.
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Antes de ingresar al juzgado, Stornelli aseguró ante la prensa: “Voy a responder preguntas, vamos a aclarar todo lo que sea necesario. Estoy a completa disposición del juez”.
Una de las razones que impulsaron al fiscal del caso de las fotocopias a presentarse ante Ramos Padilla fue un expediente interno sobre su rebeldía que avanza en el Ministerio Público Fiscal (MPF) y que recomienda enviarlo a juicio político por no presentarse a declarar.
Ocurre que tal como reveló este medio, el Consejo Evaluador del MPF, que evalúa la conducta de los fiscales que tienen un sumario abierto, dictaminó que Stornelli debe ir a juicio político directo por evadir la declaración indagatoria en el D’Alessiogate. El dictamen desencadenó la decisión de Stornelli de presentarse a la indagatoria ya que hasta que no se firmó ese documento, el fiscal no había mostrado su voluntad de declarar. La posición del consejo no es vinculante y es el Procurador General interino, Eduardo Casal, quien debe definir si ratifica la postura del órgano que integran cinco fiscales generales (cuatro de ellos consideraron que Stornelli debía presentarse ante Ramos Padilla y sino enfrentar un juicio político). A través del jury es que un fiscal puede ser suspendido y hasta destituido. Por ende, se pone en juego su inmunidad, sobre la que se amparaba el fiscal para esquivar los llamados de la justicia. Tal como adelantó este medio, con su presencia en Dolores, Stornelli busca desactivar esta investigación interna ya que espera que Casal la considere abstracta.
Fuentes de la Procuración informaron a El Destape que estaban esperando a que el fiscal de la causa de las fotocopias se presentase en la indagatoria para resolver el asunto.
Stornelli estaba rebelde desde el 26 de marzo y ya había esquivado siete llamados a indagatoria. En los últimos días realizó nuevas medidas dilatorias como cambiar de abogado. Su letrado defensor en todo este proceso fue Roberto Ribas pero cuando aceptó presentarse a la indagatoria quiso cambiarlo por Juan Martín Cerolini, lo que derivó en una nueva postergación. El fiscal estaba citado para el viernes 15 de noviembre y terminó declarando hoy. ¿La razón de esa nueva dilación? La agenda de Cerolini. Pero Ramos Padilla rechazó la designación del representante legal que pretendía Stornelli por una incompatibilidad manifiesta: Cerolini venía ejerciendo la defensa de Carlos Liñani, procesado en el D’Alessiogate y con intereses contrapuestos a los del fiscal. Por ejemplo, en una causa que tramita en Comodoro Py, que es un derivado del D’Alessiogate, el fiscal está querellando a Liñani.
En medio de estas idas y vueltas, y de un ultimátum político-judicial, Stornelli terminó nombrando como defensora a la abogada Raquel Pérez Iglesias.
Tras escuchar al fiscal de la causa de las fotocopias, Ramos Padilla debe definir su situación procesal. Es decir, si lo procesa.