La Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, denegó las excarcelaciones de los expolicías Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, ambos detenidos en el marco de la causa por espionaje ilegal que se sustancia en la justicia de Dolores. El tribunal destacó sus vínculos con las fuerzas de seguridad.
La Sala II de la Casación Penal, integrada por los camaristas Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, resolvió este miércoles por unanimidad rechazar los recursos que habían presentado Bogoliuk (exAFI durante el macrismo) y Degastaldi contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata de les denegó la libertad. El tribunal había confirmado la decisión del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, el 3 de abril pasado.
Los jueces de Casación se hicieron eco del fallo de la cámara inferior, en el que se había recordado que los dos expolicías formaron “parte de una estructura delictiva dedicada a la realización de operaciones de inteligencia e investigación sobre determinadas personas a los fines de su coacción, intimidación y extorsión, para obtener –en forma indebida- réditos económicos y otra clase de prestaciones de beneficios indebidos”. Entre estas últimas, resaltó “la obtención de declaraciones no voluntarias en programas periodísticos de un testigo, denunciante, arrepentido o entrevistado y el armado de causas en perjuicio de abogados u otras personas que podrían afectar o turbar los planes buscados por la organización”.
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Otro pasaje que retomó la máxima instancia penal fue la definición que hizo la Cámara de Mar del Plata respecto de la banda: dijo “que contaría con una logística de funcionamiento, y que se dedicaría a cometer los ilícitos descriptos […] con la participación de varios integrantes, -algunos de ellos ex funcionarios públicos-…”.
También se tuvo en cuenta para denegar el pedido que tanto Bogoliuk como Degastaldi son ex miembros de fuerzas de seguridad. Sobre el primero, se resaltó que “ha ocupado altos cargos en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”.
Los votos
El juez Slokar, que fue el primero en desarrollar su voto, afirmó que la Cámara de Mar del Plata “ha resuelto conforme al derecho” y a “las circunstancias probadas en la causa”.
En ese marco, destacó algunos pasajes de la sentencia del tribunal inferior. Por ejemplo, coincidió en que “determinados indicios” acreditan “riesgos procesales” por lo que “la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada”. Y rescató del fallo del 3 de abril, que:
-A los acusados se les imputa “una multiplicidad de hechos de singular gravedad”.
-Entre las actividades que desarrolló la banda y de las que participaron Degastaldi y Bogoliuk, “se encuentra la exigencia ilegitima de dinero –por parte de otro integrante de la organización: Marcelo Sebastián D’Alessio- a Pedro Etchebest de trescientos mil dólares (U$s 300.000) para no ser involucrado en una causa que tramitaba el Dr. Carlos Stornelli”.
-D’Alessio refirió “haber llevado adelante esta maniobra junto con Degastaldi y Bogoliuk”. “Se encuentran los mensajes de whatsapp referidos a esta operación y de otras”, se añadió.
-“En este sentido D’Alessio no solo reportaba a Bogoliuk las operaciones de espionaje que realizaba, sino que conversaban, planificaban, y/o acordaban el modo en que estas operaciones de espionaje y extorsión se llevarían adelante y que luego concretaban”.
-Uno de los casos que se le imputa a los expolicías es “su participación en los hechos que perjudicaron a Marcelo Brusa Dovat a quien la organización investigó y –a través de maniobras de espionaje- encontró y ‘ablandó’ para que brinde una declaración no voluntaria ante periodistas –tales como Daniel Santoro- y el Fiscal Stornelli, entre otros”.
Por todo eso, se consideró que los imputados “podrían contar con medios elusivos u obstructivos de la investigación penal”.
Entre otras cosas, se resaltó el pasado de ambos como policías de la provincia de Bueno Aires. Incluso, y volviendo a citar a la cámara de Mar del Plata, Slokar sostuvo que alguno de ellos actualmente estaría vinculado “con actividades de consultoría de seguridad”, todo lo cual merece “una especial atención por parte de la justicia”. Es así que los acusados posiblemente cuenten “con mayores elementos para intentar entorpecer el correcto desarrollo del proceso”.
En una línea similar se manifestaron Ledesma y Yacobucci.
La presidenta del tribunal, por ejemplo, fundamentó que la Cámara de Mar del Plata “ha dado suficientes argumentos para entender que, a esta altura del proceso, existen indicadores de riesgo de elusión y entorpecimiento de la investigación” por parte de Degastaldi y Bogoliuk.
La presidenta de Casación respaldó a los jueces del tribunal marplatense, quienes ponderaron que “el riesgo aludido no puede considerarse superado por las condiciones personales del imputado (residencia estable, grupo familiar consolidado, ausencia de antecedentes penales, etc.)”, tal como sostenía la defensa de los acusados.
Ledesma recordó que los camaristas consideraron respecto de los dos expolicías que “poseen medios suficientes para lograr frustrar los fines del proceso” ya que “tienen acceso a información privilegiada que solo es posible acceder a ciertas agencias estatales de seguridad”.
Yacobucci, para quien la impugnación presentada era “inadmisible”, abordó la cuestión luego de que sus dos colegas le dieran viabilidad. Fundamentó que la defensa no logró “rebatir todos y cada uno de los fundamentos de la decisión que impugna, de modo de demostrar en qué consistiría el defecto de esa decisión”.
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