Ante la gravedad de la grabación y difusión de escuchas ilegales a presos kirchneristas, desde la Asociación Civil Iniciativa Justicia le exigieron a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que controle las acciones de la ex SIDE.
Según manifestaron en la presentación realizada hoy, desde la Agencia Federal de Inteligencia "fueron ordenadas tareas prohibidas" por la ley que regula al organismo como "investigación y obtención de información de personas vinculadas a la actividad política y gremial, sin autorización judicial" y el "tráfico de influencias para obtener decisiones de jueces y fiscales, contrarias a derecho". Incluso, sostuvieron, miembros de esa Asociación Civil fueron víctimas de estas actividades ilegales.
Pero los espías no actuaron solos, manifestaron los abogados, sino "de consumo con periodistas de grandes medios de comunicación" porque "la opinión pública es el espejo en el que se miran la mayoría de las instituciones al momento de tomar decisiones".
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Por eso, le exigieron a la comisión que controla a la ex SIDE, presidida por el radical Juan Carlos Marino, que se proceda una auditoria para destruir de forma documentada "todas aquellas grabaciones o transcripciones de conversaciones telefónicas, intercambio de mensajes y/o correos electrónicos que posea la AFI" por haber pinchado teléfonos sin que esas comunicaciones tengan algún interés para el juez que las ordenara, como en el caso del penal de Ezeiza.
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En ese caso, mediante una decisión judicial se pincharon los nueve teléfonos de la cárcel de Ezeiza en la investigación de una causa por narcotráfico. Sin embargo, no se destruyeron las charlas que no eran pertinentes a la investigación y se divulgaron en medios de comunicación las conversaciones privadas de presos con sus abogados.
Por eso, también exigieron que se verifique que no existan "interceptaciones telefónicas, de servicios de mensajería o correos electrónicos sin orden de autoridad judicial". Además, solicitaron que se supervicen las reglas y procedimientos que adoptó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado para "preservar la cadena de custodia del material" producido por estos medios.
Dada la gravedad del caso mencionado de Ezeiza y el conocimiento de situaciones similares en el penal de Marcos Paz, pidieron "una amplia e integral revisión de toda la legislación" vinculada a inteligencia y la "elaboración de protocolos de actuación" para tratar toda información que altere la intimidad de las personas.
Según informó el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad de la ONU, Joseph Cannataci, y ratificaron desde la DAJuDeCO a El Destape, en la actualidad “el número total de líneas interceptadas por mes es de 6.000, de las cuales sólo 69 son interceptaciones directas". La cantidad de líneas intervenidas sólo en 2018 fue de 41.000.
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