Las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) recibieron esta semana a Cecilia Pando y otros referentes de asociaciones de defensa de los represores de la última dictadura, quienes le llevaron el reclamo a los obispos contra los juicios y por la prisión domiciliaria.
El miércoles, el secretario de la CEA, Carlos Malfa (obispo de Chascomús) y el obispo auxiliar de Lomas de Zamora, Jorge García Cuerva, recibieron a una decena de organizaciones como Justicia y Concordia y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos que dirige Pando, entre otros. La existencia de la reunión fue confirmada a El Destape por sus participantes después de que fuera difundida desde los canales oficiales del Obispado Castrense, a cargo de Santiago Olivera, quien en una carta al diario La Nación del 16 de agosto había reclamado por la libertad de los genocidas.
Guillermo Fanego, abogado defensor de imputados por delitos de lesa humanidad, confirmó que se realizó el encuentro. “Les presentamos la situación y les pedimos que desde la misión pastoral de la Iglesia vean qué pueden hacer”, dijo ante una consulta de El Destape.
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El presbítero Máximo Jurcinovic, de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, también corroboró la existencia de la reunión del miércoles. Ambas fuentes negaron la información que había publicado La Prensa sobre el compromiso de conformar una comisión que siga de cerca el tema de los condenados y procesados por delitos de lesa humanidad y que haga presentaciones ante la justicia abogando por su libertad. “No se va a crear ninguna instancia particular por este tema”, sostuvo Jurcinovic.
García Cuerva, que trabajaba en la villa La Cava de San Isidro y fue ascendido a obispo auxiliar porel papa Francisco el año pasado, estuvo durante años en la pastoral penitenciaria y ofició como capellán en cárceles bonaerenses. Según explicaron desde la CEA, García Cuerva participó del encuentro porque integra una comisión que aborda la temática de derechos humanos. Fanego comentó que ya habían conversado con el obispo auxiliar, quien también es abogado, sobre los represores en prisión.
La carta
Las agrupaciones entregaron a Malfa una carta para el presidente de la CEA, Oscar Ojea, en la que denuncian persecución política contra quienes actuaron durante la última dictadura, a la que ellos denominan “guerra” en la misiva. “Los acusados están sometidos a juicios aberrantes en los que los jueces, olvidando su deber de impartir justicia, violentando normas elementales del debido proceso, mantienen a estos hombres, de edad avanzada, durante largos años con prisiones preventivas largamente excedidas, o sin ellas, para luego condenarlos en la mayoría de los casos a prisión perpetua, mediante sentencias inicuas, dictadas de antemano”, escribieron en el mismo texto en el que denunciaron que hay “más de 2000 presos políticos”.
Según las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el número de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad alojados en las cárceles es una décima parte de la que denuncian estos grupos. Hay 219 represores presos y diez internados en hospitales fuera de la cárcel, de acuerdo con la información difundida por el SPF. De acuerdo con las estadísticas de la Procuradoría de Crímenes contra la Humanidad, hasta julio, eran 602 los represores en arresto domiciliario, lo que excede ampliamente el número de acusados por delitos de lesa humanidad alojados en unidades penitenciarias. Tampoco es cierto que las condenas son dictadas de antemano, como denunciaron los grupos pro-impunidad: desde la reanudación de los juicios en 2006, 867 personas recibieron penas y 115 fueron absueltas.
Un encuentro con los organismos
La reunión de Malfa y García Cueva con estas organizaciones se realizó 20 días después de que el mismo obispo de Chascomús y Ojea recibieran a Estela de Carlotto, Lita Boitano, Taty Almeida y a otros referentes de los organismos de derechos humanos, quienes le llevaron a la CEA su preocupación por la campaña en defensa de los represores que viene ejerciendo el obispo castrense Olivera. En ese encuentro, también pidieron a las autoridades eclesiásticas que expulsen a Christian Von Wernich, el capellán de la Bonaerense condenado en 2007 a prisión perpetua por siete homicidios y más de 40 casos de secuestros y torturas.
A diferencia de la reunión con los organismos de derechos humanos, que fue difundida oficialmente por el Episcopado, la que se realizó con los grupos de defensa de los represores se mantuvo discretamente fuera de las redes de comunicación de la CEA.
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