La crisis económica y cambiaria que afronta el país no detuvo los negocios que los miembros del Gobierno con las estructuras del Estado y sus empresas. En los últimos días se di a conocer el caso de un funcionario de Agroindustria, que opera desde los dos lados del mostrador.
Se trata del director nacional de Desarrollo Foresto-Industrial del Ministerio de Agroindustria, Nicolás Laharrague, quien tras nombrado por Luis Miguel Etchevehere y asumir en enero de 2018, nombró a sus familiares a cargo de la empresa forestal que manejaba y comenzó una serie negocios entre el Estado y su propia firma.
Según una investigación del periodista Santiago Carrillo en revista Noticias, Laharrague "giró mediante un plan de subsidios un total de $ 4.018.970, 20 a la empresa Puerto Laharrague SA", dedicada a la explotación forestal en la provincia de Misiones.
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Para principios de 2018, y tras ser designado en el cargo, el empresario renunció a la empresa pero dejo a carga a cuatro familiares directos de él: su padre, Miguel Juan Andrés Pedro Laharrague de Gouy Darsy, es el presidente; su hermano, Pablo León Laharrague, el vicepresidente . Además los directores titulares son su hermana, María Helena Laharrague, y el marido de su prima Isabel Laharrague, Carlos Scarnichia.
Curiosamente, estos familiares no solo tomaron las operaciones de Puerto Laharrague SA, sino que también ya eran los dueños de las otras empresas a las que renunció el funcionario: El Moconá SA, de explotación forestal y turística, Laharrague Chodorge SA, que produce hojas de madera enchapadas, y Mirasoles SA, una empresa agropecuaria.
En concreto, Laharrague utilizó su posición en el Gobierno para entregarle más de $4.000.000 a su familia en función de la Ley 25.080 de Promoción Forstal, que fue creada en 1999 y prorrogada en 2019 por otros diez años más. Básicamente consiste de la entrega de subsidios a del 80% del costo por realizar la actividad productiva, sumado a una serie de beneficios fiscales como la devolución del IVA y reducciones en el Impuesto a las Ganancias.
Durante 2018 y la empresa del funcionario recibió beneficios en tres ocasiones: un total de $ 4.018.970,20. En paralelo, el ministerio que integra dejó sin trabajo a 900 trabajadores, incluso a quienes respondían a este oscuro funcionario.
“La empresa siempre tuvo una estructura familiar. Y antes de entrar a la función pública renuncié a todos mi cargos en Puerto Laharrague SA. Es una empresa familiar de más de cien años. Y el régimen es transparente, los que se presentan a la Ley de Promoción Forestal están inscriptos en la actividad”, se excusó Laharrague en diálogo con la publicación.
Para colmo, ante la insistencias de Carrillo, el funcionario remarcó que él no entrega el dinero, solo se encarga de armar los circuitos para aplicar la ley que beneficia a su familia. En diciembre de 2018 finalmente la Oficina Anticorrupción emitió la resolución 34 en la que remarcó que “no se ha comprobado que Nicolás Laharrague haya incumplido las disposiciones de la normativa de ética pública ya que ha renunciado, con anterioridad a ingresar a la función pública, a sus desempeños laborales en el sector privado vinculados a su cargo".
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