El jurado de enjuiciamiento salteño se niega a avanzar en el juicio político para destituir a la jueza Claudia Güemes, quién se llevó de manera violenta a una niña de 5 años de la casa de su padre.
Casi nueve meses pasaron desde que la jueza salteña maltrató a la menor, obligándola de manera violenta a dejar su hogar paterno, bajo amenaza de que no volvería mas si no estaba dispuesta a cumplir sus resoluciones.
El hecho quedó registrado a través de un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, provocando un repudio unánime hacia la magistrada, la cual quedó seriamente expuesta, aunque esa exposición lo haya sido solo frente a los ciudadanos, ya que la justicia de Salta hasta la fecha se ha mantenido totalmente indiferente. Tal es así, que la magistrada sigue en su cargo como si nada hubiera sucedido.
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El actuar de la magistrada derivó en un pedido de destitución por parte de los abogados del padre de la niña, Rubén Oscar Juárez y Noelia Bonetto a principios del mes de noviembre. Sin embargo, los miembros del jurado de enjuiciamiento compuesto entre otros, por el Dr. Guillermo Catalano todavía no deciden si darán curso o no a la presentación realizada por los letrados.
Conforme lo manifestara el padre de la niña, lo más doloroso del silencio de la justicia no es solamente la intención de encubrir a la magistrada, sino lo que ese mismo silencio trae aparejado, que no es más que la naturalización del maltrato hacia los niños. Si a los funcionarios judiciales no les espantó lo que vieron en el video, es porque seguramente ya se deben haber acostumbrado a vivir o presenciar situaciones como estas.
El presidente de la Corte de Justicia de Salta, Dr. Guillermo Catalano, quien a su vez es el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, fue denunciado el 29 de mayo por seis legisladores provinciales del PRO y la UCR por haber realizado diferentes maniobras a los efectos de convertir en vitalicios los mandatos de los actuales jueces de la Corte de Salta, según lo indica el diario El Tribuno Salta. En junio de ese mismo año, la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados declaró inadmisible el pedido de apertura del procedimiento de remoción contra el magistrado.
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