El gobierno evalúa usar un arsenal del ejército donde funcionó el principal centro clandestino del noroeste argentino durante la dictadura como cárcel federal, lo que ya generó la oposición de la fiscalía y de los organismos de derechos humanos locales.
El 31 de julio último, el subdirector del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Sabino Guaymas, le envió una carta al juez federal Daniel Bejas para pedirle su autorización para usar el Batallón de Arsenales N°5 “Miguel de Azcuénaga”, ubicado sobre la ruta 9 en la localidad tucumana de Tafí Viejo, como un establecimiento penitenciario federal. A los pocos días, Bejas pidió su opinión a la Procuradoría de Crímenes Contra la Humanidad de Tucumán – encabezada por el fiscal Pablo Camuña -- y a los querellantes, quienes pusieron el grito en el cielo.
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Entre fines de 1976 y 1977, el polvorín 9 del arsenal funcionó como el mayor campo de concentración en territorio de la provincia de Tucumán y de todo el noroeste argentino. Por allí pasaron cientos de detenidos-desaparecidos y los testimonios – incluso de ex miembros de las fuerzas -indican que el propio general Antonio Domingo Bussi iba en persona a ejecutar a los secuestrados por la espalda. Desde 2008, el arsenal ha sido señalizado como un sitio de memoria y es, además, un espacio en el que aun se están realizando pruebas de vital importancia. Los investigadores recién ingresaron en 2005 y con el tiempo lograron localizar cinco fosas clandestinas. De una de ellas, lograron identificar a once desaparecidos, pero las fosas serían más, según declararon dos ex integrantes de la Gendarmería Nacional, fuerza que estaba abocada a la seguridad del lugar.
De acuerdo con lo detallado por Guaymas en su presentación ante Bejas, el gobierno no tiene una cárcel federal en Tucumán, por lo que los detenidos por delitos federales tienen que ser alojados en cárceles provinciales. En caso de lograrse la autorización judicial, el gobierno aspira montar allí una cárcel con 700 plazas para paliar la “crítica situación generada con el incremento de la tasa de encarcelamiento”.
Según explicaron fuentes judiciales, se trata de un predio de cientos de hectáreas en el cual coexisten el lugar donde se pudo probar que funcionó el centro clandestino, el área de excavaciones, galpones e instalaciones que actualmente siguen en manos del ejército. El área que el SPF pidió al juez Bejas no incluye el polvorín 9 ni donde se localizaron las fosas clandestinas, pero para los querellantes todas las subunidades militares cumplieron un rol durante el terrorismo de Estado y deben ser preservadas para su investigación.
Fuentes del SPF explicaron que la posibilidad de usar el arsenal como una cárcel provino de una sugerencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que confeccionó una lista con unos 90 lugares a lo largo del país que podrían ser reutilizados como establecimientos penitenciarios. El SPF le está poniendo el ojo especialmente a las dependencias del Ejército, a los que definieron como “ideales” para readaptar a esas necesidades. De hecho, a fines de 2016, el Ministerio de Justicia decidió rehabilitar una cárcel para detenidos por delitos de lesa humanidad en la guarnición militar de Campo de Mayo, donde funcionaron varios centros clandestinos durante la última dictadura.
La Procuradoría de Crímenes Contra la Humanidad de Tucumán le pidió el miércoles 29 al juez Bejas que decrete una medida de no innovar en la totalidad del predio – no solo en el polvorín 9 y en la zona de las excavaciones --, y que recabe información para ver si el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y la propia Secretaría de Derechos Humanos – que debe monitorear la situación de los sitios de memoria – estaban de acuerdo con el planteo del SPF.
La periodista Marta Rondoletto se encontró el viernes en la señalización del ex ingenio Santa Lucía con el director nacional de Sitios de Memoria Ariel Gomplewicz, a quien le entregó una carta para Claudio Avruj en la que detallaba por qué no puede usarse la compañía de arsenales como una cárcel federal.
La familia de Marta fue diezmada por el terrorismo de Estado: su padre, su madre, su hermana, su hermano y su cuñado fueron secuestrados durante la última dictadura. Como todos los familiares de detenidos-desaparecidos, ella busca justicia hace décadas. “Resulta inadmisible considerar la pretensión del SPF, debiendo resaltar que dicha pretensión se presenta hasta ofensiva para familiares de las víctimas del terrorismo estatal”, sostuvo en un escrito similar presentado ante el juez Bejas.
“Consideramos que un instituto carcelario, con las características que tiene en nuestro país el régimen de tales instituciones, implica un tácito reconocimiento a las prácticas de detenciones ilegales que se llevaron a cabo en el predio del arsenal en el período de la dictadura cívico militar de 1976-1983”, resaltó.
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