En el marco del debate por la legalización del aborto, la búsqueda por la ampliación de los derechos de las mujeres también se hace visible en la confección de diferentes proyectos que buscan la equidad de género en el ámbito laboral. Sin embargo, los diferentes espacios políticos impulsan propuestas disímiles.
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Luego de que el gobierno de Mauricio Macri presentara en marzo un proyecto para promover la igualdad laboral, cuando el Presidente se comprometió en la apertura de sesiones ordinarias a luchar por cerrar la brecha, el pasado 22 de junio el bloque del Frente Para la Victoria (FPV) - PJ, junto a las diputadas Carolina Moisés y Lucila de Ponti, presentaron un proyecto de ley de Equidad de Géneros e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo que aparece como una propuesta superadora a la de Cambiemos.
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La iniciativa del oficialismo, que cuenta con las firma del presidente, Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña y del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, configura un manifiesto en términos declarativos. Falencias en el lenguaje implementado, falta de sanciones hacia las empresas ante posibles incumplimientos y la no obligatoriedad de los artículos suavizan la posibilidad real de cambiar las condiciones laborales.
En relación a las licencias, el proyecto oficial, que ya fue enviado al Congreso, establece que "el trabajador cualquiera sea su género gozará por nacimiento o adopción de hijo de quince días corridos". En la actualidad, la licencia por paternidad es de dos días corridos. En caso de que haya un nacimiento o adopción múltiple, esa licencia se extiende por diez días corridos. En el caso de la licencia por maternidad, mantiene los 90 días reglamentados por el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744).
Por su parte, la idea del FPV amplía la licencia por maternidad y establece para las personas gestantes, la prohibición de trabajar los treinta días anteriores al parto y noventa días después del mismo, mientras otorga para la otra persona progenitora o pretensa adoptante una licencia durante los 30 días posteriores al nacimiento de su hijo/a o de la notificación fehaciente de la resolución judicial que otorga al niño niña o adolescente en guarda con fines de adopción.
Desde el FPV - PJ elaboraron su proyecto teniendo en cuentas las opiniones y críticas vertidas por más de 200 mujeres sindicalistas de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la Corriente Federal de Trabajadores, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), que mantuvieron una reunión en abril pasado. En ese encuentro, tildaron de “oportunista” y “parcial” a la iniciativa impulsada por el gobierno de Macri.
Uno de los principales puntos en que se diferencian los proyectos tiene que ver con la penalidad ante la falta de cumplimiento: el FPV establece que "el empleador que vulnere la igualdad laboral consagrada en el artículo 172, tendrá como sanción una multa pecuniaria equivalente a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM)”. En el caso de la propuesta de Cambiemos, sólo se insta al empleador a "garantizar la plena observancia de la igualdad de género en la aplicación del principio constitucional de igual remuneración igual tarea". De esa forma, excluye cualquier tipo de penalidad.
Sobre este punto, el diputado justicialista y nuevo presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, Sergio Ziliotto, remarcó que el proyecto de Cambiemos funciona como una “manifestación de buena voluntad”, pero no contempla sanciones “para aquellos empresarios que no cumplan con la ley”, advirtiendo la falta del capítulo de penalidades.
En relación a la licencia por violencia de género, la iniciativa de la oposición determina una evaluación del personal médico y psicológico para el acceso a los días de licencia, mientras que Cambiemos otorga diez, con la intervención de la Autoridad Sanitaria, Administrativa o Judicial.
La falta de perspectiva de género en el proyecto oficial se percibe en las palabras utilizadas en su confección. El lenguaje implementado no habla de “trabajadoras”, ni introduce el concepto de “persona gestante”, fundamental en la lucha por la equidad.
“El proyecto no dice la palabra trabajadoras. El lenguaje del Gobierno es totalmente masculinizado en un proyecto que se denomina de igualdad de género”, expresó Vanesa Siley, diputada de Unidad Ciudadana, secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FeSiTraJu) e impulsora de la iniciativa. Además, Siley es integrante de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT y referente de Mujeres Sindicalistas.
Reunión de Gabinete de Cambiemos. La única mujer que participa es la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
En ese sentido, la legisladora señaló que “el proyecto de Cambiemos es falaz”, puesto que “no soluciona el problema de la brecha salarial en donde muchas actividades laborales están feminizadas”.
El famoso ‘techo de cristal’ que limita las oportunidades laborales, los altos niveles de inflación, el ajuste y el acuerdo con el FMI son factores que golpean con mayor profundidad a las mujeres. Según los últimos estudios del INDEC, la brecha salarial se ubica en torno al 30 %. Al acceder a puestos de trabajo más precarios, la confección del salario promedio de las mujeres se ubica en una posición más desfavorable que la de los hombres, elaborada sobre cargos jerárquicos y remuneraciones superiores.
Otra diferencia entre ambas propuestas se da sobre la posibilidad de reducir la jornada: Cambiemos propone una baja proporcional entre las horas y el sueldo, mientras el FPV habla de descansos de media hora o de 1 una hora diarios durante la jornada laboral.
En relación a la actuación en los distintos ámbitos laborales, el proyecto oficial establece un código de conducta "para garantizar el respeto a la igualdad de género", cuando el FPV dispone Protocolos de Acción para el abordaje de la violencia laboral y de género.
Por otro lado, el texto confeccionado por el FpV estipula 20 días en caso de interrupción del embarazo y la instalación de Centros de Desarrollo Infantil (o reintegro de gastos de guardería o sala maternal) aspectos no contemplados por Cambiemos.
Para Siley, hay dos puntos del proyecto que merecen especial antención: el rol que se le adjudica al Ministerio de Trabajo y la implementación del 'teletrabjo' (realizado fuera del establecimiento empresarial), prohibido por la propuesta opositora.
El proyecto de Cambiemos determina que las normas estatuarias adoptadas por los sindicatos serán remitidas al Ministerio de Trabajo para su consideración y aprobación, al tiempo que determina, en relación a los convenios colectivos de trabajo, que las modificaciones convencionales que aplique serán también remitidas al órgano liderado por Triaca.
Por otro lado, la diputada indicó la ilegalidad de la figura de teletrabajo: “La reforma laboral que introduce teletrabajo no está reglamentada. No se puede introducir una figura que no está regulada porque pueden aparecer los abusos de poder”.
Por su parte, Zillioto se mostró optimista para llegar a un acuerdo: “Vamos a buscar un dictamen, ya estamos trabajando para buscar un texto unificado. Ninguno de los bloques tienen mayoría. Vamos a buscar consenso”. Y adelantó: “El tratamiento está primero más allá de los proyectos”.
El diputado justicialista remarcó que más allá de las diferencias, lo principal es que no se vulneren los derechos de los trabajadores: “La línea de trabajo es que no va a haber ninguna modificación que signifique una baja de los derechos a los trabajadores. Es la misma posición que tenemos ante la reforma laboral".
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