Entre Ríos perdería un total de $1.565.594.699 en los próximos tres meses, como consecuencia del paquete de medidas anunciado por el gobierno nacional a pocos días de caer duramente en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias -PASO-. El programa de "alivio" impulsado por la Casa Rosada -con medidas que van a contramano no sólo de la génesis del espacio, sino que de su propio discurso durante esta gestión- impactaría además en los municipios entrerrianos. Del total mencionado, $250.495.152 no llegarían a las arcas comunales, afectando seriamente en algunos casos su funcionamiento.
El primer llamado de atención llegó de la mano de los economistas. Muchos rápidamente se hicieron eco del costo fiscal de resignar ingresos, calculándolo en unos 40 mil millones de pesos. Poco después, y consumado el no ingreso de más recursos por la eliminación del IVA en alimentos de primera necesidad, la alarma se encndió en los despachos de los ministros de Economía de los distritos.
En Entre Ríos, el titular de la cartera de Hacienda, Hugo Ballay, salió a criticar la medida. El martes 20 de agosto, en la previa de una reunión con pares de otras provincias y a través de un comunicado, el funcionario opinó sobre las decisiones nacionales: "No son un nuevo plan económico, ni una solución para el país, ni para las exigencias que pueda tener a nivel internacional. Esto es meramente electoralista". Y agregó: "Pero además del costo fiscal que tienen estas medidas, el 57% es absorbido por las provincias. Esto nos preocupa muchísimo porque para todos los trabajos que se hacían en función de impuestos coparticipables, presupuesto y demás, éramos convocados, lo debatíamos, cada uno con su punto de vista. Nosotros siempre defendemos los derechos de los entrerrianos, pero en este caso nos enteramos la semana pasada post elecciones por los diarios".
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El miércoles fue el gobernador Gustavo Bordet quien alzó su voz. Luego de un encuentro con goberndores en el Consejo Federal de Inversiones -CFI-, el mandatario provincial lanzó: "Manifestamos claramente nuestro rechazo a que se apropien unilateralnente y de manera inconsulta de fondos que corresponden a las provincias. Nosotros no estamos no estamos en desacuerdo con que se beneficie a muchos sectores, a trabajadores que pagan Ganancias o al consumo en el IVA; lo que estamos en desacuerdo es que si el Gobierno quiere llevarlo adelante, que lo haga con sus recursos, que no lo haga a costa de los recursos de las provincias".
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A la par de las palabras del gobernador, su fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, terminaba de elaborar un amparo que fue presentado finalmente este martes en la Corte Suprema de Justicia, solicitando la inconstitucionalidad del paquete de medidas anunciado por Macri y su equipo económico, como ya lo hicieron otras 13 provincias. El funcionario cree que el superior cuerpo judicial del país no puede dejar de lado que los fondos coparticipables no pueden ser recortados por decreto.
"El decreto 561 y 567 intervienen sobre impuestos coparticipables, los disminuye. Esos tributos se distribuyen entre Nación y provincias y luego adentro de las provincias. Para modificarlos no alcanza con un decreto, como mínimo se necesita la intervención del Congreso y de las legislaturas locales, porque forma parte del derecho intrafederal" señaló Rodríguez Signes, en contacto con medios locales. El funcionario aclaró además que, para la presentación en la Justicia, hace falta la firma de Bordet, que todavía insiste con la necesidad de una salida política. Asimismo fue categórico: "La decisión es inconstitucional".
Poco después de la presentación, al mediodía, el gobernador hizo mención a la medida en Colonia Crespo, donde participó de un acto de entrega de viviendas: “Nosotros no estamos en desacuerdo con la reducción del IVA, pero esto es una medida electoralista. Si nos sentáramos con el gobierno que viene a ver un plan de cómo compartir costos fiscales pero sabiendo plazos y resultados, no tenemos problemas en hacerlo. Pero no podemos avalar un desfinanciamiento como este, que en definitiva no le resuelve el problema a nadie, porque difícilmente se vea como consumidor”.
Bordet agregó además: “Estudiamos el caso, buscamos la forma de evitarlo, pero la verdad es que esto significa un grave perjuicio para los entrerrianos porque es una quita compulsiva de derechos que nos corresponden”.
Los municipios: seriamente afectados
Como consecuencia del paquete de medidas anunciado por la Casa Rosada, y siempre acorde a la vrsión oficial de la Casa Gris, la ciudad de Paraná se privaría de ingresos por $36.928.371. A la capital le seguirían en términos numéricos, Concordia ($23.396.092); Gualeguaychú ($13.190.399) y Concepción del Uruguay ($11.430.920). Es decir, las cuatro localidades más grandes del distrito se verían restringidas en $84.945.782.
"Vemos la situación con suma preocupación, porque si bien tenemos proyecciones que nos indican que vamos a poder cumplir con el pago de salarios, hay un ambicioso plan de obras que vamos a tener que revisar" señaló a El Destape, Oscar Colombo, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. El funcionario señaló además que hoy la comuna de La Histórica sufre un triple impacto no previsto en el Presupuesto en curso: el recorte de Nación del Fondo Sojero -22 millones de pesos-; esta quita de coparticipación por medidas nacionales y una merma en el ingreso de tributos municipales, especialmente de la Tasa de Higiene y Profilaxis, a causa de la caída generalizada del consumo que ha empujado a muchos comercios a cerrar. "Nos sostenemos con la Tasa General Inmobiliaria y la Tasa Sanitaria, porque el vecino en general es buen pagador. Pero en ese ítems estamos registrando una caída del 20%, equivalente a unos cinco millones mensuales".
Por último, el titular del área económica advirtió: "Nosotros proyectamos un municipio balanceado, con cuentas ordenadas y bajo gasto. Lo hemos logrado, pero todos estos imprevistos lógicamente que preocupan. La pauta salarial cerrada es de 34%, porque pensamos que la inflación iba a andar por esos números. Hoy tenemos que pensar en alrededor del 50%".
El impacto también sería importante en las localidades más pequeñas, muchas de las cuales dependen de los fondos coparticipables para soportar gastos corrientes o salarios. En algunos casos los intendentes han tenido que sacar la birome y recalcular gastos, recortar proyecciones y aguardar en todo caso lo que pueda suceder con una eventual presentación en la Corte Suprema de Justicia. "La posible disminución de la coparticipación nos genera muchísima preocupación y por eso le pedimos al ministro que nos reciba para conocer de primera mano qué evaluación habían hecho, los valores que estaban manejando, para tener certezas y poder hacer un análisis y ver qué es lo que podemos hacer cada uno de los municipios de aquí a lo que resta del año" señaló a medios oficiales José Luis Dumé, intendente de Oro Verde -ubicada a pocos kilómetros de Paraná-, luego de un encuentro de intendentes de extracción vecinalista con el gobernador el último viernes a la mañana. Su municipio perdería como consecuencia de las medidas nacionales un total de $1.728.316. El jefe comunal agregó en ese sentido: "Acompañamos cualquier reclamo e instamos al gobierno nacional para que no lleguemos a judicializar estos temas, que haya un lugar donde podamos converger y ponernos de acuerdo y ver de qué forma se afectan lo menos posible las arcas del Estado".
Si a Oro Verde le sumamos Colonia Avellaneda ($1.789.137) y San Benito ($2.287.346) estamos en condiciones de decir que sólo Paraná y su área metropolitana perderían $42.733.170. Dumé participó a su vez este viernes de una reunión junto a otros intendentes vecinalistas, que han sido seriamente afectados por el paquete de la Casa Rosada, a saber, por ejemplo: San José ($3.658.006); Cerrito ($1.892.466); Valle María ($1.563.716); Lucas González ($1.705.471) y Pueblo General Belgrano ($1.496.107).
Pero no solo los intendentes justicialistas y vecinalistas sufrirían las consecuencias de los ajustes, sino que también aquellos alineados al gobierno nacional. Además de Paraná, en manos de Sergio Varisco hasta diciembre, otros municipios gobernados por dirigentes macristas deberían encorsetarse. En Gualeguay, uno de los fuertes macristas en la provincia, el intendente Federico Bogdan se vería privado de $6.404.034.
*Juan Pablo Scattini es corresponsal de El Destape en Entre Ríos.
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