El servicio de colectivos en Paraná agoniza. La quita de subsidios nacionales perjudicó notablemente a las empresas que hoy ven como única salida un incremento del 100% del boleto para poder subsistir. En tanto, la unión de empresas que concesiona el transporte urbano presentó ante la Secretaría de Trabajo de la provincia un Proceso Preventivo de Crisis -PPC-, en el que remarcó que necesita recortar unidades en las calles, despedir más del 30% de los empleados -500 en total- y quitar beneficios para que el servicio sea eficiente.
Los dueños de las compañías le endilgaron a la Municipalidad de Paraná, a cargo del radical Sergio Varisco, una millonaria deuda. Desde la comuna se defendieron al asegurar que el pasivo es mucho menor, y que pronto será saldado. En el medio, los empleados de las empresas cumplen con su labor sin saber si mañana volverán a sus puestos de trabajo y miles de ciudadanos se ven perjudicados por un servicio cuyo aumento ha sido diametralmente opuesto a su eficiencia: frecuencias incumplidas, garitas destrozadas y unidades sucias son moneda corriente.
El conflicto se agudizó el jueves 11 de julio. A las 18, la Unión Tranviarios Automotor -UTA-, luego de una asamblea de trabajadores, decidió suspender el servicio por tiempo indeterminado, hasta tanto se depositara el medio aguinaldo correspondiente a junio. Como en otros casos, todo hacía prever que rápidamente la plata aparecería y el transporte se reanudaría. Sin embargo eso no sucedió. Pasaron el viernes, el fin de semana y el lunes 15 por la mañana Buses Paraná presentó el PPC en Secretaría de Trabajo. El martes al mediodía, casi cinco días después de comenzado el paro, y luego de la notificación al sindicato, las unidades salieron nuevamente a la calle. No porque se haya pagado, sino que porque la Ley 24.013, que regula Procesos de Crisis, establece que debe abrirse una instancia de negociación en la cual las partes no pueden echar trabajadores -empresarios- ni hacer medidas de fuerza -gremios-, como si rigiera una Conciliación obligatoria.
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A la par de este crítico escenario, el Sistema Integrado de Transporte Urbano -SITU-, órgano estatal que nuclea a todos los actores vinculados con el sector -concejales, defensor del Pueblo, gremios, especialistas en costos- comenzó a analizar un nuevo incremento del boleto, solicitado por las empresas como consecuencia, especialmente, de la quita nacional de subsidios. A ello se le sumó la inflación, el pago de nuevos convenios salariales, el incremento desmedido de las naftas y la devaluación, que ha llevado a que se esté pagando el triple de lo previsto la adquisición de nuevas unidades.
El valor solicitado fue, en principio, prácticamente imposible de cumplir: $28 más un subsidio municipal de $11. El costo sería de 12 millones mensuales para la comuna. ¿Por qué imposible? Porque el precio actual es de $20, y subirá a $22,80 a partir del 1° de agosto, como consecuencia de que, por decreto, Varisco eliminó un subsidio de $2,80 por ticket que regiría hasta octubre. El motivo es la falta de solvencia para cubrir ese beneficio. Como consecuencia, se puede deducir que si el municipio no puede hacerle frente a un subsidio de $2,80, mucho menos a uno de $11. Desde el Poder Ejecutivo municipal se llamaron a silencio: argumentaron la quita, señalaron que los empresarios no dicen la verdad sobre la deuda -señalan 40 millones de pesos y la comuna dice que son seis millones de pesos-, dejarán que el Concejo Deliberante tome una determinación sobre la tarifa y amenazaron con anular el contrato con las empresas si siguen incumpliéndolo, luego de constatar un recorte de unidades y la quita, sin previo aviso, del servicio nocturno.
El Estado provincial, a su vez, se encargó del 50% de los subsidios eliminados por Nación. La medida fue anunciada en diciembre de 2018. El gobierno de Gustavo Bordet afrontará una partida de más de 340 millones de pesos durante 2019 que, acorde a los propios empresarios, no presenta retrasos.
"Hay un abandono total del gobierno nacional a los usuarios del interior del país. Nadie se hace responsable del lugar que ocupaba y deja en manos de la buena de Dios a la gente. Es difícil prestar el servicio si no están los medios", señaló Marcelo Lischet, uno de los empresarios del transporte, en contacto con Radio UNER. Y agregó: "Ahora las provincias deben determinar si quieren o no subsidiar, si quieren o no tener servicio de colectivos".
El titular de la compañía Mariano Moreno subrayó: "Hoy no nos alcanza la plata para cumplir con las obligaciones. Tenemos ingresos para 600 mil kilómetros y debemos cumplir con 960 mil. Hay un bache que no se puede cumplir. El transporte en el mundo es subsidiado, porque el subsidio no es para las empresas, sino que para los usuarios. Si la ecuación económica se restablece, tenemos la obligación de prestar el servicio tal cual lo firmamos. Pero si no hay acuerdo vamos a tener que tomar decisiones dolorosas en pos de no perder todas las fuentes de trabajo. Nuestra pretensión es que sigan todos, pero tenemos que ver cómo salimos de esto".
Para Lischet, el valor actual de la tarifa no está actualizado, sino que corresponde a septiembre de 2018: "Es costo operativo. El litro de gasoil subió, las unidades cuestan más caras. Es imposible afrontar los gastos hoy". Los vecinos, de manera organizada, intentan tomar medidas para visibilizar la situación que atraviesan. La Asamblea Ciudadana Vecinalista de la capital se reunió el último lunes a la noche, con el objetivo de discutir los pasos a seguir.
"Vamos a endurecer las medidas durante esta semana" adelantó a El Destape, Alicia Glauser, integrante de la Vecinal Santa Lucía y principal vocera de la Asamblea. Y agregó: "El intendente ya ha resuelto que el boleto va a salir $30. Lo va a pasar por el Concejo Deliberante y tiene los votos. Además va a concederle a las empresas la Emergencia, para que retiren unidades y frecuencias".
Desde la organización sostuvieron que la principal causa de la crisis es la quita nacional de subsidios: "Es primordial que haya algún tipo de ayuda, para que la gente pueda seguir usando el colectivo. Nos oponemos al nuevo aumento, necesitamos que vayan a la Nación y resuelvan esto para que dejen de lavarse las manos". Glauser apuntó además contra Varisco: "Dice que tenemos el boleto más barato del país y es mentira. En Buenos Aires sale mucho menos que acá".
Sergio Groh, secretario Gremial de la seccional entrerriana de la Unión Tranviarios Automotor -UTA-, en diálogo con El Destape, señaló que aún corre el plazo para no ejercer medidas de fuerza, pero que los días pasan y sigue sin haber novedades. "El medio aguinaldo no fue pagado y el martes de la semana que viene deben depositar sueldos. Si la plata no está, lamentablemente vamos a tener que tomar medidas otra vez. Esta situación ya no se tolera, estamos esperando el dinero porque hace falta", apuntó.
Si la empresa toma definitivamente la decisión de hacer un recorte, veremos los pasos a seguir", agregó y destacó: "Por el salario y la fuente de trabajo, vamos a pelear hasta las últimas consecuencias". El gremialista finalizó: "Esto no pasa solo acá, hay muchos problemas en el interior del país, como consecuencia de la decisión del gobierno nacional de sacar los subsidios. Es muy sensible lo que está pasando".
* Juan Pablo Scattini es corresponsal de El Destape en Entre Ríos.
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