Entre Ríos: funcionarios bajaron su sueldo un 50% por la pandemia de coronavirus

Los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo, legisladores y principales dirigentes de entes descentralizados entrerrianos decidieron reducir sus salarios, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y el fuerte impacto que tendrá el parate económico en las arcas pública provinciales.

El puntapié lo dio el propio gobernador Gustavo Bordet. El viernes por la noche, en una entrevista con el noticiero Telenoche, de Canal Nueve Litoral, dio a conocer la medida: “He firmado un decreto donde se establece una reducción del 50% de todos los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo. Invitamos al Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y otros entes descentralizados a tomar la misma decisión. En épocas de restricciones, donde la gente la está pasando mal, los funcionarios tenemos que solucionar problemas, pero no podemos pedir sacrificios si no empezamos por casa”.

“La expectativa de recaudación está muy por debajo de lo esperado, porque lógicamente al no haber actividad los impuestos dejan de ingresar. Tenemos que encontrar entre todos la forma de sortear la crisis económica que derivará de esta decisión, que no es otra cosa que priorizar la vida y la salud de las personas” resaltó el mandatario.

Bordet y su equipo económico evalúan además medidas para trabajadores informales, que a su vez son muy difíciles –por su propia condición- de cuantificar. Por otro lado trazan un calendario de pagos donde se priorice a los salarios de activos y pasivos más bajos, mientras que los grandes sueldos deberán “esperar más tiempo” o “cobrar por tramo, lo evaluaremos”. Desde el entorno del gobernador señalaron a El Destape que, por el momento, no hay ninguna determinación al respecto.

El sábado, luego del anuncio del gobernador, se supo que un número importante de organismos se sumaron a la medida, además de la Legislatura:  el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), Sidecreer, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). También la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), el Instituto Portuario, Contaduría, Tesorería, el Túnel Subfluvial, Enersa y la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).

Cabe destacar que el decreto gubernamental exime de la decisión a los funcionarios y autoridades de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, de la Policía y del Servicio Penitenciario.

En cuanto al Poder Judicial, fuentes cercanas al Superior Tribunal de Justicia –STJ- explicaron a El Destape que el cuerpo de vocales no tiene facultades para modificar escalas de sueldos, como sí las tiene el gobernador, la vicegobernadora –como presidenta del Senado- y el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, los sueldos de jueces no se pueden tocar. “Además, por Constitución, existe la intangilibilidad” resaltaron. En definitiva, la resolución no puede ser tan expeditiva como en los otros poderes.

Asimismo la Justicia baraja alternativas: una de ellas sería la conformación de un fondo solidario, administrado por el Poder Judicial, que invitaría a que vocales, jueces, magistrados y otros trabajadores del sistema a aportar al sistema sanitario entrerriano. Como sea, aún no está definido. La decisión, aseguraron a este medio, se tomará entre mañana y el martes.

Políticas sociales y sanitarias

"Desde el Ministerio de Desarrollo Social también continuamos trabajando en el fortalecimiento de las políticas alimentarias a través de los comedores escolares, que hoy son más de 500 en la provincia en donde se entregan viandas a madres, padres o tutores", indicó el domingo al mediodía en conferencia de prens la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Marisa Paira.

La funcionaria comentó que desde la cartera continúan trabajando con las organizaciones y movimiento sociales, con los comedores comunitarios y municipales, “reforzando con otros sector de la población que no es el que llega a los comedores escolares".

Por su parte, Guillermo Zanuttini, secretario de Políticas Sanitarias y Bienestar del Ministerio de Salud, dio cuenta de la situación actual en torno al coronavirus: los infectados se mantienen en 10, mientras que 65 pacientes están en estudio y 60 han sido descartados. 

"Si bien podemos llegar a sospechar que exista circulación comunitaria en algunos espacios un poco más reducidos, hoy la confirmación solamente la podemos hacer a partir de los casos que nos confirma el laboratorio y de todo el análisis retrospectivo que se hace sobre cuáles fueron las conductas y los lugares donde transitó ese sujeto", advirtió el funcionario.

Entre otras novedades en torno al coronavirus, un total de 14 escuelas técnicas de la provincias trabajan en la elaboración de material de protección, mientras que industrias locales ya realizaron el primer despacho de alcohol en gel fabricado en la provincia

Detenidos

Un total de 394 personas ya han sido detenidas en Entre Ríos por ser reincidentes en el incumplimiento del DNU de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Sólo el sábado fueron aprehendidas  74 de ellas, mientras que otras 552 fueron notificadas por infringir el Decreto (el total asciende a 4142) mientras que hubo 45 notificadas de cumplir cuarentena: ese total alcanza a 1418 desde el 20 de marzo.

Una increíble e indignante situación tuvo lugar el fin de semana al respecto en La Paz. Un paciente detectado de coronavirus –un joven, único caso en el lugar- violó la cuarentena obligatoria –en su caso por partida doble, por estar enfermo y por haber regresado de Brasil, zona de riesgo declarada por la OMS- y la infracción fue rápidamente detectada por las autoridades.

El Comité de Emergencia en Salud La Paz formuló una denuncia penal contra el muchacho ante la Justicia Federal, que ahora cuenta con imágenes de video de seguridad privada que dan cuenta de su presencia indebida en la vía pública. Por tal motivo el infractor podría pasar hasta 15 años en la cárcel.