Esta mañana comenzó el juicio por AMIA II, la causa en la que se investiga el encubrimiento al atentado contra la mutual judía, 21 años después.
La misma cuenta con dos argumentos centrales a esclarecer: por un lado, el pago de un soborno por 400.000 dólares al último tenedor de la Trafic, Carlos Telleldín, para involucrar a efectivos de la Policía bonaerense, en donde se fraguaron pruebas, se plantaron falsos testimonios y se eliminaron otras, y, por otro lado, la no investigación de la denominada "pista siria", cuyo principal acusado era Alberto Kanoore Edul.
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En las dos causas, sólo están involucrados el juez Juan José Galeano, y el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy.
Uno a uno, los trece imputados que tendrán que dar explicaciones en el juicio:
Carlos Saúl Menem: se lo acusa de haber ordenado detener la investigación sobre Alberto Kanoore Edul, cuyos contactos con el sospechado iraní, Moshen Rabbani, había sido detectado por los investigadores.
El ex presidente dio la directiva luego de que su hermano Munir recibiera en la Casa Rosada al padre de Kannore Edul, un empresario homónimo de origen sirio libanés y oriundo del mismo pueblo, que su familia.
El ex presidente está imputado por los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica y abuso de autoridad, todos en calidad de "autor penalmente responsable".
Juan José Galeano: el juez federal fue destituido hace una década. Hoy, se encuentra acusado por suspender las escuchas de los teléfonos de los Kanoore Edul, destruir las desgrabaciones, extraviar las escuchas y realizar allanamientos carentes de validez.
Se le imputan los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, prevaricato y violación de medios de prueba. También se lo acusa por gestionar el pago del falso testimonio de Telleldín para que acusara a cuatro policías bonaerenses.
Está imputado por prevaricato, peculado y las cuatro privaciones ilegales de la libertad en calidad de autor.
Jorge Barbaccia y Eamon Müllen: los ex fiscales también destituidos participaron de la investigación del atentado durante la instrucción y el juicio anulado.
Están acusados como cómplices del pago a Telleldín y por haber pedido la detención de los cuatro policías, sabiendo que se basaba en pruebas falsas.
Hugo Alfredo Anzorreguy: el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado está acusado como "partícipe necesario" del delito de encubrimiento de la llamada "pista siria"; como autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y co-autor del delito de falsedad ideológica por calificar de poco relevantes a las escuchas telefónicas.
También por sustraer 400 mil dólares de la dependencia a su cargo para pagarle a Telleldín, está imputado por abuso de autoridad, encubrimiento y peculado, consistente en dar mal uso a bienes públicos confiados. Aseguró que Galeano le planteó la "opción" del pago para salir del atascamiento en que se encontraba la investigación a dos años del atentado.
Juan Carlos Anchezar: número dos de la SIDE en los noventa, se lo acusa por los mismos delitos, pero en calidad de partícipe necesario de la maniobra de encubrimiento; autor penalmente responsable del de abuso de autoridad, y coautor de la falsedad ideológica.
Jorge "Fino" Palacios: el entonces jefe del Drogas Peligrosas de la Policía Federal tuvo en custodia los casetes de escuchas a los Kanoore Edul, que desaparecieron. Se detectaron dos llamadas desde su celular a un domicilio de estos empresarios antes de realizar un allanamiento en el que luego no se encontró nada.
Se lo considera partícipe necesario del encubrimiento.
Carlos Antonio Castañeda: el jefe de Protección del Orden Constitucional (DPOC) de la Policía Federal es quien imcumplió la orden de allanar domicilios de Kanoore Edul falseando las causas.
Está acusado al igual que Palacios como partícipe necesario del delito de encubrimiento, de abuso de autoridad, violación de medios de prueba y de falsedad ideológica.
Carlos Telledín: el reducidor de autos acusado de entregar la Trafic usada en el atentado. Pasó diez años en prisión preventiva y fue absuelto en el juicio anulado en 2004.
Sin embargo, la Corte Suprema ordenó que sea juzgado por falso testimonio, luego que acusara, tras cobrar 400 mil dólares pactados con el juez Galeano y la SIDE, a los cuatro policías bonaerenses, que pasaron 8 años privados de su libertad.
Patricio Finnen: el ex jefe de contrainteligencia de la SIDE, recibió el dinero ofrecido a Telleldín y se lo dio a un agente para que a su vez se lo entregara a la mujer de Telleldín en dos pagos, el segundo el 17 de octubre de 1996 en el estacionamiento de los tribunales de Comodoro Py 2002.
Ana Borani: la mujer de Telleldín. Cobró los 400 mil dólares y esta acusada de "partícipe necesaria" de la maniobra a sabiendas del origen del dinero y del fin buscado.
Victor Stinfale: abogado de Telleldín, cooperó con su mujer en la consumación del trato y formalizó el pedido de "recompensa" a su cliente por "cooperar" en el esclarecimiento.
Rubén Beraja:Ex presidente de la DAIA, máximo representante de la entidad que actuaba como acusadora. Su rol consistió en el "permanente respaldo" prestado a las maniobras de Galeano para desviar fondos públicos de la SIDE hacia el ilegal pago a Telleldín.
"Con absoluto conocimiento acerca de la ilegitimidad de la operación", según relató la fiscalía.
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