Aun golpeado por los coletazos de las revelaciones de Panamá Papers, el Gobierno enviará al Congreso seis proyectos de ley sobre seguridad y justicia para luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos. Los proyectos modifican la ley que regula el funcionamiento de la Procuración General y creará la figura de "flagrancia", entre otras medidas.
En una conferencia de prensa conjunta en Casa de Gobierno, los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, explicaron que el objetivo de esta presentación es "avanzar en una política integral frente al crimen tanto en la criminalidad compleja como en la criminalidad que nos golpea todos los días".
El anuncio ocurrió en la misma conferencia donde el Marcos Peña salió a respaldar al presidente Mauricio Macri y dijo que no hay nada "ilegal" por haber sido director de una sociedad offshore en Panamá. Luego, se descubrió que ocupaba el mismo cargo en otra sociedad no declarada.
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Entre el paquete de medidas también se destaca la penalización del desvío de precursores químicos y la incorporación de nuevas técnicas de investigación, que tienen que ver con los códigos procesales-penales.
Bullrich detalló que los tres nuevos proyectos del Ministerio de Seguridad que buscan "focalizar en la lucha contre el delito complejo, el narcotráfico, la trata y el lavado de activos" son la creación de la figura de "flagrancia", "la incorporación de nuevas técnicas de investigación" y la "penalización del desvío de precursores químicos".
Desde el Ministerio de Justicia presentaron los restantes tres proyectos que contemplan "la unificación del fuero de Instrucción y el fuero Correccional"; "la creación o trasnformación de tribunales orales criminales en federales";y la modificación "de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal".
Garavano puntualizó que la unificación de los fueros "tiene un impacto sobre el proyecto de flagrancia que tiende a romper con lo que es la puerta giratoria" ya que, advirtió, "hay casos que quedan por cuestiones de competencia o casos menores en los que la Justicia no llega a reaccionar".
El cuanto a la creación de tribunales orales criminales en federales, dijo que esto va a permitir "avanzar en juicios unipersonales" y afirmó que estos cambios "están alineados con el fortalecimiento de la Justicia que son por un lado el traspaso de algunas competencia y de algunos tribunales a la ciudad de Buenos Aires y por el otro lado la implementación del Código Procesal-Penal".
En cuanto al cambio de la Ley Orgánica, el funcionario expresó que busca revertir "una tendencia del gobierno anterior que acumulaba mucho poder" en el Ministerio Público Fiscal, a la vez que detalló que intenta "avanzar de un modo serio hacia un sistema acusatorio para que sean los fiscales y los jueces los que actúen como jueces de garantías".
El ministro contó que este último proyecto prevé "la creación de las figuras de subprocuradores en criminalidad organizada, en materia penal, en derecho público y en derecho privado".
"Le da un rol central a lo que se denomina el 'consejo de fiscales' que había quedado como una figura decorativa, lo que ahora le da a los fiscales mucha mayor independencia y participación en las decisiones", agregó el funcionario.
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