En medio de un clima de protestas sociales continuas, el gobierno de Chile pidió a Carabineros un informe completo para investigar una supuesta operación de espionaje de esa fuerza contra líderes sociales. Una trama que fue previa al estallido del 18 de octubre, que dejó muertos y heridos.
El presunto espionaje fue descubierto a partir de una publicación del sitio Interferencia que difundió el resultado de un hackeo, con fecha del 1º de septiembre, según el cual Carabineros investigó a líderes sociales y los agrupó en categorías denominadas "blanco de interés".
La vocera del gobierno chileno, Karla Rubilar, aseguró que la gestión de Sebastián Piñera buscará lograr transparencia, por lo que pidieron un informe exhaustivo y explicó que "la filtración ya está en investigación del Ministerio Público, y toda acción tendiente a esclarecer lo que ocurrió, y si esto está dentro del marco de la ley, es muy bienvenido", según consignó Télam.
Entre los líderes sociales mencionados en el informe figuran Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Luis Mesina, vocero de la Coordinadora No+AFP; Mario Aguilar, a cargo del Colegio de Profesores; Esteban Maturana, director de la Confederación de Funcionarios de la Salud, médico, y Emilia Schneider, titular de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
La noticia se dio a conocer en lo que se llamó el "súper lunes" de protestas en el país trasandino, con marchas y concentraciones callejeras en varios barrios de Santiago de Chile. Los manifestantes exigen cambios económicos e institucionales, el motivo de una ola de protestas que ya dejó 23 muertos y miles de detenidos y heridos.
Las protestas, que arrancaron a mediados de octubre por la suba del transporte público y ahora además reclaman una nueva Constitución, contemplaron una concentración en la plaza de los Tribunales de Justicia, frente a la antigua sede del Congreso, donde se pedirá a los legisladores que abandonen el tratamiento de proyectos que "sólo apuntan a profundizar las desigualdades".
La vocera de la Coordinadora No+AFP (grupo que rechaza el sistema de capitalización que manejan las administradoras privadas de fondos de jubilación), Carolina Espinoza, sostuvo que "el Gobierno le pone el acelerador a una batería de proyectos, todos contrarios a derechos y profundizando las políticas neoliberales".
Además, las organizaciones destacaron que permanecerán activos los más de 300 "cabildos" abiertos en todo el país, en los que aseguraron que participaron más de 10.000 personas en 73 comunas.
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