El presidente Mauricio Macri ha mostrado una preocupación por el costo laboral (léase salarios) y recientemente también puso en agenda el tema de la Justicia, al afirmar que era necesario un fuero más "equitativo" que no falle siempre a favor de la misma parte (o sea, los trabajadores). Detrás de esos dichos hay un proyecto que gremios, jueces y abogados vienen advirtiendo como el blindaje a una nueva flexibilización, algo que desde el Gobierno niegan.
En el Senado de la Nación se encuentra en gateras un escueto proyecto para traspasar los juzgados nacionales de la Capital Federal a la ciudad de Buenos Aires. De tan solo seis artículos, establece que "la jurisdicción, competencia y órganos no federales del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal se transfieren a la ciudad autónoma de Buenos Aires". Sin dar grandes detalles, pone como plazo máximo de 7 años para que todos los fueros nacionales pasen a la órbita porteña. Deja abierto al decreto reglamentario (es decir, al propio Macri) y al acuerdo que el Presidente haga con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la forma en que se va a aplicar.
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La prioridad que el líder de Cambiemos le puso a la Justicia laboral se observa también en este punto. Si bien el proyecto no dice qué fuero se traspasará primero, El Destape pudo averiguar de una alta fuente del Ministerio de Justicia que el Penal será el primero, seguido del Laboral, tal como temen en los juzgados donde se tramitan las denuncias de los trabajadores. Estiman que podría tardar entre 6 meses y un año realizarlo, a partir de que se sancione la ley.
Jueces, abogados laboralistas y sindicalistas que dialogaron con este medio coinciden en advertir dos cuestiones de alto impacto para la vida de los trabajadores. Por un lado, aseguran, el traspaso permitiría al Consejo de la Magistratura de la Ciudad, donde el PRO es amo y señor, designar cerca de 30 jueces para los tribunales que hoy están vacantes. Además, el traspaso podría, en el mejor de los casos, agregar una instancia más de apelación, ya que tendrían que pasar por el Tribunal Supremo de Justicia (el máximo tribunal de la Ciudad) antes de llegar a la Corte Suprema. En el peor, la última instancia a la que podría recurrir un trabajador sería el TSJ.
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"Con esta reforma habría una delegación del marco jurídico", advierte el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones Enrique Arias Gibert. El magistrado resalta que la jurisprudencia que otorga el fuero nacional, por encima de los tribunales provinciales, son de mucha utilidad en el Interior y ha jugado a favor del trabajador, algo que se perdería con el nuevo marco.
En diálogo con este medio, Arias Gibert explicó: "Imagine una medida que hace desaparecer la indemnización por despido, aunque usted cree un fondo de desempleo (N. de R. fue la propuesta de La Nación en su editorial). La Constitución establece protección contra despido arbitrario, lo que implica que sea castigado. Si usted crea un fondo, no hay castigo, da lo mismo que tenga causa de despido o no, por lo cual se violentaría ese derecho. Ahora, suponga que la Justicia federal dice que esto es inconstitucional, pero si pertenecemos a la Ciudad el que va a decidir va a ser el TSJ, ¿conoce usted a algún nombre?"
Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), su secretario general, Agustín Bruera, agregó: "Vemos con preocupación no solo el tema del traslado del fuero, no solamente porque va a haber cuestiones jurisprudenciales y de derecho que van en desmedro de los trabajadores".
En el Ministerio de Justicia desestiman las acusaciones y sostienen que lo que ocurrirá-aunque aún no está escrito en ninguna norma-es el traspaso de algunas competencias del fuero nacional, por lo que conviviría uno porteño y otro nacional y, de forma parcial, se traspasarían solamente los juzgados que están vacantes. "El fuero está colapsado y queremos brindar un mejor servicio de Justicia", argumentaron.
En este punto es que el gremialismo llama la atención. "El fuero laboral en todo el país está colapsado pero se estaban haciendo esfuerzos para que deje de estarlo; en estos últimos meses, esos esfuerzos, como sumar presupuestos para cargos y arreglar edificios, han dejado de existir y el trabajo ha aumentado", aseveró Bruera. Gremios y abogados denuncian que el ahogo al fuero es una maniobra consciente para justificar la medida que viene como un Caballo de Troya. Desde el SITRAJU consideraron "un ataque claro a la independencia judicial" las palabras de Macri sobre el accionar de los jueces en las causas laborales.
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