La prisión domiciliaria concedida al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz expone un problema que se viene acrecentando en los últimos años: el aumento de las domiciliarias de los responsables de delitos de lesa humanidad por sobre las detenciones en cárceles.
Fue el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 el que le otorgó la prisión domiciliaria a Etchecolatz, quien operaba como jefe de la policía bonaerense y tuvo a su cargo 21 campos clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en territorio bonaerense durante la dictadura militar. Además, fue condenado en seis oportunidades por crímenes de lesa humanidad.
El último informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad, publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, arroja que de los 1038 imputados detenidos en 2017, 549 se encuentran con arresto domiciliario, mientras 435 cumplen la pena en el Servicio Penitenciario.
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Con la llegada de Mauricio Macri al poder, el número de domiciliarias aumentó por sobre las detenciones en cárceles. Antes, la relación entre detenidos en el Servicio Penitenciario y los arrestos domiciliarios era inversa. En 2014, 430 se encontraban detenidos con prisión domiciliaria, mientras 617 lo hacían en las cárceles. En 2015, la proporción se mantuvo: 439 con domiciliaria y 603 en prisión.
Ya en 2016 la situación cambió. El número de detenidos en su domicilio pasó a ser de 519, por sobre los 460 que estaban cumpliendo su pena en el Servicio Penitenciario. En 2017, las domiciliarias pasaron a 549.
El ex juez Carlos Rozanski, el primero en encuadrar los crímenes de lesa humanidad dentro de la figura del genocidio y quien estuvo más de quince años al frente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata (TOF 1), considera que el aumento en las domiciliarias tiene que ver con un cambio de época.
“Los jueces son los mismos, pero con el cambio de Poder Ejecutivo se animaron a otorgar más domiciliarias, por eso se da el aumento”, explicó el magistrado que en 2006 condenó a perpetua a Miguel Etchecolatz, principal responsable de la desaparición de Jorge Julio López.
Rozanski abandonó sus tareas luego de denunciar presiones y amenazas recibidas por él y su familia, en donde apuntó directamente al Ejecutivo y a un sector del periodismo. Para el abogado “hay que tomar conciencia que estas presiones son claramente un indulto”. Asimismo, alertó sobre el futuro de este tipo de causas: “El panorama en materia de Derechos Humanos es malo. Cada día los recursos van disminuyendo”.
El cambio en relación al tratamiento de los delitos de lesa humanidad no sólo se expone en estas cifras. Fueron varios los funcionarios del Gobierno que desnudaron su postura con relación a personas involucradas en la dictadura.
Durante los dos años de gestión de Cambiemos, distintas frases expusieron el pensamiento del Gobierno. "La prisión domiciliaria de represores no es impunidad, es cambio de lugar de detención", afirmó en octubre de 2016 el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.
Por su parte, la diputada Elisa Carrió había pedido en el programa de Susana Giménez "justicia para esos militares que con 80 años se están muriendo en la cárcel". Incluso el presidente Mauricio Macri lanzó polémicas declaraciones en relación a la etapa más oscuras del país. Al ser consultado sobre la dictadura, habló de "guerra sucia".
Por otra parte, otro de los problemas que señala el informe es la demora en la investigación de los crímenes de lesa humanidad. "La finalización de las causas demoraría hasta mediados de 2024, año en el que se cumplirían 18 años de juicios, y cerca de 50 años desde los hechos investigados", destaca el informe.
Según detalla la Procuraduría, la demora general de 5 años y seis meses corresponde a las causas que ya se encuentran firmes, mientras que aquellas que continúan en trámite presentan una demora de 4 años y 5 meses.
En relación al estado procesal de las causas, de un total de 593 en trámite, 278 se encuentran en instrucción, mientras 200 cuentan con sentencia, 98 con elevación a juicio y solo 17 en juicio. De las 200 sentencias dictadas por los Tribunales Orales a lo largo de todo el país, el 67 % se encuentran aún transitando alguna instancia de revisión.
Otro de los puntos importantes a destacar es que de un total de 2979 imputados, 1305 se encuentran libres, 1038 están detenidos, 599 fallecieron y 37 están prófugos. Esa situación cambió mucho con respecto a 2015. En aquel entonces, 1070 imputados se encontraban detenidos y 791 libres.
Taty Almeida, referente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, considera que “desde que asumió Macri es lamentable como todos los días se violan los derechos humanos". En ese sentido, calificó de concesiones el dictado de las prisiones domiciliarias. "Los genocidas tienen que estar en cárcel común y perpetua, no en su casa”.
Sin embargo, una de las mayores referentes por los derechos humanos remarcó la importancia de la lucha. “Lo importante es que el pueblo ha salido a las calles. Cada vez es mayor la resistencia pacífica. Siempre hemos tenido esa lucha y exigencia de justicia, pero justicia legal, jamás por mano propia. Realmente esta resistencia se esta demostrando”, concluyó Almeida.
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