Dinamarca y Polonia son los primeros países del mundo que incluyeron cláusulas contra la evasión fiscal dentro de sus programas de ayuda a empresas afectadas por la pandemia. Las compañías que tengan sede en paraísos fiscales quedarán excluidas de las multimillonarias iniciativas de salvataje que están implementando esos gobiernos para paliar la crisis económica global desatada por el coronavirus, según anunciaron voceros oficiales en los últimos días.
La decisión se basa en un principio sencillo: aquellos que incumplen sus obligaciones con la sociedad, desviando el dinero de los impuestos a sus bolsillos, no deben esperar que la sociedad los ayude cuando las cosas salen mal. Otros países de la Unión Europea podrían seguir esos pasos, según reportes de las principales publicaciones especializadas en economía del continente. En la Argentina, hasta ahora, no se contempló la posibilidad de incluir una cláusula en ese sentido.
El sábado pasado, el ministro de finanzas danés informó la prolongación hasta julio del programa de salvataje financiero de empresas, pero advirtió sobre las nuevas restricciones. “Las compañías que busquen compensación a partir de la extensión de los plazos deberá pagar los impuestos que correspondan según tratados internacionales y leyes locales”, dice el comunicado oficial. Por las dudas, abunda: “Las empresas con base en paraísos fiscales, de acuerdo a las normas de la Unión Europea, no pueden recibir compensaciones”.
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La decisión del gobierno de Dinamarca da un paso más en el sentido de direccionar la ayuda hacia los que realmente la necesitan. Según la misma resolución, las empresas que reciban un rescate gubernamental deben comprometerse a no pagar dividendos por el resultado de los ejercicios de 2020 y 2021. Adicionalmente, la norma establece que los beneficiarios del salvataje tampoco podrán usar ganancias para recomprar acciones de la misma empresa durante los próximos dos años.
“Cuando se gastan miles de millones de los contribuyentes en salvar empresas y empleos, el dinero debe gastarse en ese objetivo y no ser enviado a un paraíso fiscal en la otra punta del mundo”, explicó Rune Lund, vocero de la alianza de izquierda Roja y Verde, uno de los partidos que apoya la iniciativa danesa. La ley establece que las empresas que tengan buenos resultados luego de la crisis y quieran disponer de sus ganancias, podrán hacerlo si antes devuelven el monto que recibieron por parte del Estado.
Hace algunos días, el gobierno polaco había anunciado medidas similares. El 8 de abril, el primer ministro Mateusz Morawiecki informó que las empresas que quisieran recibir parte de los 6 mil millones de euros que invertiría ese país para sostener la actividad económica, deben pagar sus impuestos “en Polonia y no en paraísos fiscales”, a los que definió como “un daño para las economías modernas”. Ese país, uno de los más pobres de Europa, es quien encabeza las protestas contra la evasión fiscal en ese bloque.
En vísperas de que el bloque continental vote un paquete de ayuda por 500 mil millones de euros, el ministro de economía polaco, Tadeusz Kościński, presentó una propuesta para que ese dinero no sea relocalizado desde otros fondos sino que se recaude con nuevos impuestos, entre los que propuso una tasa a los paraísos fiscales y otra para las grandes compañías digitales. “La Unión Europea va a necesitar un montón de dinero fresco para el próximo presupuesto”, advirtió.
La mención a las empresas vinculadas con el mundo digital no es casual. En diciembre del año pasado una investigación de la ONG Fair Tax Mark denunció que entre Amazon, Facebook, Google, Netflix, Apple y Microsoft evadieron no menos de 100 mil millones de dólares durante la última década, utilizando como plataforma países que gravan con impuestos muy bajos a compañías que hacen allí su base fiscal, aunque sigan trabajando fuera de sus fronteras.
Uno de los obstáculos que encontrarán las buenas intenciones de daneses y polacos es que, al funcionar dentro del marco legal de la UE deben a los países que están incluidos en la lista de guaridas fiscales reconocidas por el bloque. Esa lista incluye solamente 12 Estados, incluyendo a Panamá, las islas Seychelles y las Caimán. Pero ninguno de los miembros de la Unión Europea que adaptaron su legislación para funcionar como centro para el lavado de dinero, a costa de sus propios socios continentales.
Según un informe publicado recientemente por Forbes, Luxemburgo, los Países Bajos e Irlanda son tres de los miembros de la UE que tienen ganancias absorbiendo impuestos por actividades que se llevan a cabo en el extranjero. Solamente en Holanda, se calcula que cada año embolsa hasta 10 mil millones de dólares de impuestos corporativos correspondientes a otros países europeos. Italia y Francia se llevan la peor parte, cediendo entre dos y tres mil millones de euros cada uno.
“Una respuesta pública sostenida y robusta ante los shocks requiere capacidad administrativa y recursos tributarios”, sostuvo Rasmus Corlin Christensen, investigador del Centro Internacional de Impuestos y Desarrollo, en un testimonio ante el ICIJ, el consorcio de periodistas que reveló el escándalo de Panama Papers. “La evasión de impuestos y la competencia fiscal global, en sentido amplio, limita la capacidad de los países para recaudar esos recursos”, concluyó.
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