En el fallo, la Corte Suprema le exige al Gobierno "gradualidad" para aumentar las tarifas

18 de agosto, 2016 | 13.12
En el extenso fallo de los jueces de la Corte Suprema que anuló el tarifazo para los hogares, pero los mantiene vigentes para comercios e industrias, los magistrados criticaron la aplicación de este terrible aumento sin haber realizado audiencias públicas previamente. Pero no solo eso, sino que se mete en un aspecto clave: exige que los futuros aumentos sean graduales.

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En el fallo mayoritario, firmado por Lorenzetti, Highton de Nolasco, Rosatti y Maqueda, la Corte remarca que las decisiones del Ministerio de Energía "implican un importante cambio de financiamiento del sistema energético nacional, sumados a la situación de deterioro que sufre su abastecimiento". Este contexto, agrega el fallo, impone al Estado "una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas".

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La Corte asegura que el Estado debe garantizar la "certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad" de las medidas. "De tal modo-enfatizan los jueces-, todo reajuste tarifario, con más razón frente a un retraso como el que nos ocupa, debe incorporar como condición de validez jurídica (...) el criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad antes referido".

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Precisamente, Macri y sus ministros habían asegurado que el tarifazo había sido gradual. Sin embargo, la Corte agrega un criterio en este punto que contradice las pretensiones de la Casa Rosada. Añaden los jueces: "El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la
exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de confiscatoria".

La Corte define como confiscatoria una tarifa cuando esta "detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar".

Como si fuera poco, los magistrados le recuerdan al Gobierno que "un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando al mentado financiamiento".