El Grupo de los Seis -integrado por la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), las Cámaras de Comercio y de la Construcción y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA)- elevará en las próximas horas un pedido de inconstitucionalidad contra la denominada Ley de Abastecimiento, a pesar de la advertencia de la presidenta Cristina Fernández, quien el miércoles pasado aseguró que no se puede plantear una demanda de inconstitucionalidad en abstracto, por lo que pidió que aguarden a que la ley quede reglamentada y se produzca algún caso concreto. "Ningún juez va a tomar ese caso en abstracto, porque los pedidos de inconstitucionalidad no se pueden hacer en abstracto", señaló la presidenta.
El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Funes de Rioja, argumentó que "la opinión de la presidenta es respetable", aunque esgrimió el argumento del "peligro inminente" que de por si representaría la ley para los intereses de una empresa. El máximo referente de COPAL, quien también tiene una extensa trayectoria como abogado laboralista, señaló que el recurso "está ahí, a presentarse".
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"Se presenta a un juez de primera instancia, luego pasa a la Cámara y de ahí terminará en la Corte Suprema, será la Justicia la que determinará si corresponde", indicó el directivo empresario.
La llamada Ley de Abastecimiento es en realidad un paquete de tres leyes: Una es una reforma de una ley que data de 1974, sancionada para evitar maniobras de acaparamiento de productos que en aquella época eran comunes; otra es la creación de un fuero judicial para el consumidor, y una tercera es la creación de un Observatorio de Precios.
Los mayores cuestionamientos de los empresarios se concentran en la primera, debido a que permite la intervención directa del secretario de Comercio o cualquier gobernador de provincia en la cadena de un sector productivo.
También se le otorga facultad a la Secretaria de Comercio, a cargo de Augusto Costa, de obligar a una empresa a producir algo aunque sea a pérdida, si desde el gobierno se entiende que se trata de un producto estratégico.
Respecto al nuevo fuero del consumidor, los empresarios cuestionan el punto que obliga a las empresas a pagar multas establecidas por la Secretaría de Comercio, antes de poder elevar una queja ante la Justicia.
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