Empleo será uno de los temas del debate presidencial: todo lo que se dice y se calla de la reforma laboral

Entre el primer y el segundo debate público de los candidatos a Presidente mucho se ha escrito y dicho al respecto, ocupando el mayor espacio lo gestual. En este sentido, pareciera que ha incomodado especialmente que Alberto Fernández pusiera el dedo en la llaga, justamente el índice "acusador", en la misma semana en que el INDEC dio a conocer otro índice, el IPC, que ha calado mucho más hondo en el electorado.

Cuánto macaneo sin apego a la realidad

Son muchos y variados los mitos urbanos, que no siempre rondan temas esotéricos ni celestiales, sino que son decididamente terrenales y concitan nuestra atención o nutren conversaciones y discusiones frecuentes en los más variados ámbitos.

Uno, directamente ligado a las reflexiones que propone esta nota, es: “Los juicios laborales siempre lo ganan los trabajadores”, al que acompaña en tándem otro: “Los tribunales del trabajo siempre les dan la razón –aunque no la tengan- a los promotores de esos juicios”. Que, construido en una suerte de silogismo, a partir de esas premisas se concluye en que: “Existe una industria del juicio impulsada por la ‘mafia’ de los abogados laboralistas”.

No dudo en afirmar que se trata de una absoluta falacia, después de varias décadas de ejercer la profesión de abogado con esa especialidad, transitando tribunales de diferentes jurisdicciones y analizando jurisprudencia que, dicho sea de paso, suele acomodarse a los tiempos políticos contingentes. Falacia, en la que incurren muchos por la absorción irreflexiva de información periodística simplista o malintencionada, también profesionales que sólo ocasionalmente ejercen en el Fuero Laboral y abogados de empresas que especulan con esa mitología.

La afirmación precedente es fácilmente constatable. Valga al respecto la advertencia de algunas cuestiones y un pequeño esfuerzo por eludir un razonamiento meramente superficial, con la ayuda de un poco de sentido común.

1.- Si cerca de un 37% de los ocupados están forzadamente en la informalidad, en un empleo sin registrar, estamos hablando de más 4 millones de personas –sin computar los que aún formalizados no se les registra la real antigüedad y/o la remuneración que perciben-, y si el 70% se desempeña en Pymes -con plantillas de personal entre 5 y 100 trabajadoras y trabajadores-, podemos hacernos una idea de la cantidad que representan los empleadores que infringen la legislación laboral y de la seguridad social. Lo que nos lleva claramente a advertir que quienes son demandados mediando situaciones semejantes, nada extraño –y menos injusto- sería que fueran condenados judicialmente si se les reclama con motivo de tales incumplimientos e infracciones.

2.- Las personas que trabajan no viven de juicios ni tienen una inclinación natural por el litigio, es más, llevar adelante un proceso que insume como promedio entre tres y cinco años les acarrea serias dificultades en sus vidas y sin expectativas ciertas de éxito –ya sea por una sentencia adversa o, como es tan común, que aún resultando vencedores la sentencia sea incobrable por desaparición, insolventación fraudulenta o quiebra del empresario deudor-. Tampoco es común el litigante serial, la experiencia de los abogados laboralistas es que rara vez vuelvan a tener otro caso con el mismo cliente, a lo sumo podrán llegarle a la consulta amigos o familiares por recomendación de aquél.

3.- Si bien los señalamientos anteriores dan cuenta de un cúmulo de razones, por demás legítimas, justificantes de la judialización de un conflicto obrero-patronal, lo cierto es que se concretan en una ínfima proporción con respecto al universo potencialmente propicio para llevarlo a los estrados de un tribunal. Tanto por una suerte de naturalización de esas viciadas prácticas empresariales, por desconocimiento de los derechos que los asisten, por el temor a perder el trabajo o pasar a engrosar listas negras –que las hay- que impidan acceder a otro empleo, como por la resignación que se acrecienta en épocas con altos niveles de desocupación.

4.- Las estadísticas tampoco respaldan esos mitos, comenzando por las complejidades probatorias –frecuentemente insalvables- para demostrar la existencia de irregularidades como las antes aludidas; doctrinas jurisprudenciales anacrónicas que suman dificultades, como la de exigir para la acreditación del trabajo en horas extras una prueba especial y más rigurosa –cuando es de público y notorio que se cumplen jornadas en exceso a la máxima legal y que su pago (cuando se retribuye) es habitualmente marginal-; el esfuerzo –asiduamente infructuoso- para obtener testigos o lograr que efectivamente declaren (por miedo, falta de permisos en sus trabajos o las recurrentes suspensiones de las audiencias), y tratándose en general de una prueba fundamental para la suerte de un juicio.

5.- En ese mismo orden de ideas debe apuntarse la errática jurisprudencia de los tribunales, influída por factores diversos y no en pocas ocasiones por el acomodamiento de los jueces a los vientos políticos imperantes, que tanto cuando son huracanados (en tiempos de dictaduras) como cuando son brisas que pueden resultar sofocantes (como en estos recientes años con las amenazas a los magistrados por el contenido de sus sentencias), ponen de manifiesto la levedad del ser.    

Qué es lo que espanta al hablar de Reforma Laboral  

La primera cuestión a analizar es si también a este respecto se registran mitos y, fácilmente, podemos constatar que los hay, pues un simple repaso histórico nos revela que la legislación existente no se ha mantenido intacta desde tiempos inmemoriales como algunos “modernizadores” quieren hacer creer.

Con la dictadura de 1976 se produjo una profunda y regresiva reforma laboral, que no sólo abarcó a la Ley de Contrato de Trabajo que –entre derogaciones y modificaciones peyorativas- comprendió más de un tercio de su articulado, sino otras muchas leyes laborales y Estatutos especiales (que regulaban el trabajo Agrario, de la Construcción, Gastronómico, Bancario, de Seguros).

En los primeros años de recuperada la Democracia también se verificaron numerosas reformas legales, que se multiplicaron en temáticas y cambios copernicanos en la segunda Década infame del siglo XX iniciada en 1989.

Entre los años 2003 y 2015 se sancionaron más de 70 leyes laborales, que repararon injustos perjuicios, mejoraron instituciones básicas e incluyeron Estatutos de notorio avance en materia de derechos sociales como el del Peón Rural y el del Personal de Casas Particulares, a la par de una regulación indispensable en orden a la Prohibición del Trabajo Infantil y de Protección del Trabajo Adolecente.

El ex Senador peronista von Pichetto, asumido ya en su rol de candidato conservador no popular, reflexionaba en una entrevista periodística, que el problema del tema era insistir con Proyectos de Ley que lleven ese nombre, porque hablar de Reforma Laboral generaba zozobra en los trabajadores al asimilarla con pérdida de derechos. Proponía hacer lo mismo, es decir, ir en la misma dirección pero apelando a eufemismos, un gatopardismo que es caro a su perfil político.

Esa franqueza brutal que constituye una definición elocuente sobre esa materia, es lo único que lo distingue de su compañero –con perdón de la palabra- de fórmula presidencial, a quien tanto le cuesta mostrase sinceramente.

Dice menos que lo que connota

El Pueblo posee una capacidad de percepción natural sobre el real significado de las acciones y acontecimientos, que no siempre es inmediata pero que, más temprano que tarde aflora y pone en alerta todos los sentidos.

La experiencia vivida por la clase trabajadora le ha enseñado a reconocer a la mona (y a los primates de mayor envergadura) aunque se vista de seda aliviadora. Las palabras, además de lo que expresan en su pura literalidad, tienen connotaciones cuya atención es indispensable para entender su significado profundo.

Cuando se habla de “Reforma Laboral” no se apunta a normas aisladas, a posibles acomodamientos de aspectos puntuales de la legislación, a la sola necesidad de captar para su regulación un fenómeno nuevo que pueda verificarse en el mundo del trabajo.

No, lo que se está proponiendo es un cambio sustantivo del régimen jurídico que diseña un determinado sistema de relaciones laborales. Que cuando se impulsa desde los sectores más reaccionarios, frecuentemente escoltados por “académicos” deslumbrados por las luces del Centro del mundo y siempre dispuestos a ser sus amanuenses, disipa toda duda acerca del reparto de beneficios y perjuicios, de quienes serás los ganadores y los perdedores.

No es ocioso proponer otra mirada retrospectiva, para develar los resultados funestos para quienes trabajan vinculados por una relación de dependencia –reconocida o no como tal- que han deparado cada una de las Reformas Laborales elaboradas por esas usinas político – jurídicas.  

Para muestra basta un botón… o dos

En el transcurso de la semana que termina, el Cronista Comercial ha publicado unas notas que constituyen claras evidencias de lo que se viene comentando.

En la primera el Sr. Daniel Rosato, Presidente de IPA (Industriales Pymes Argentinos), afirmaba:“Las fábricas Pymes del país necesitarán equidad en las condiciones de contratación para iniciar un camino de reactivación en el empleo. Una readecuación laboral no es perjudicial para los trabajadores ya que en la actualidad rige una ley que no contempla beneficios para trabajadores ni condiciones para contratar a los empleadores, y  como consecuencia existen más de 3 millones de argentinos que están desamparados en la informalidad”. Claro, que sin hacerse cargo de cuánta de esa informalidad es responsabilidad de los empresarios.

Completaba su análisis diciendo: “Tenemos varios desafíos pero sin dudas que el central es bajar los costos y generar empleo, y para eso necesitamos leyes modernas, que se adapten a las condiciones del mundo, pero sin que los trabajadores pierdan sus beneficio (…) Hay que dejar de lado los preconceptos ideológicos al momento de tratar los problemas de fondo en concepto laboral (…) Es necesaria la sanción de leyes adicionales a la ley de ART para que generen estabilidad en las fábricas y restablecer para las Pymes industriales los costos de los seguros de riesgos de trabajo, porque en la actualidad muchas pagan un 8 o 10 por ciento más sobre la masa salarial, lo que genera un costo abusivo”.

El razonamiento citado está plagado de sofismas, con abstracción de que esa fuera o no la intención del Sr. Rosato, pues habrá que ver de qué readecuación laboral se habla y a estar a las que rondan al sector empresarial seguramente será perjudicial. No es cierto que rija una ley que no contempla beneficios para trabajadores, como configura un claro dogmatismo que necesitamos leyes modernas, que se adapten a las condiciones del mundo.

La legislación vigente es apta para regular las actuales formas de organizar el trabajo, incluso el de plataformas, sin perjuicio de que pueda perfeccionarse para una mejor adaptación por esa vía o por medio de la negociación colectiva que es por antonomasia el ámbito más idóneo para captar realidades particulares.

En cuanto a los costos de los seguros de riesgos de trabajo, le asiste razón, pero la solución pasa por eliminar ese esperpento jurídico que es la Ley 24.557 cuyo único propósito fue crear un mercado de capitales cautivo en el sólo beneficio de los bancos, y colocar el Sistema a cargo del Estado que, sin fines de lucro, permita reducir sustancialmente esos costos a la vez que brindar efectiva protección a los trabajadores y justos resarcimientos a las víctimas de accidentes laborales. Si se pudo eliminar a las AFJP, porque no se podría lograr otro tanto con las ART.

En la segunda, el Dr. Julián De Diego reconocido profesional, asesor empresario y titular de un Estudio que es en sí mismo una virtual Pyme (con una plantilla de más de ochenta personas), titula su nota “El tabú de la reforma laboral en tiempos preelectorales”.  

Comienza señalando que: “La reforma laboral tiene pésima prensa en las campañas electorales, a pesar de que conforma uno de los pilares del futuro de la Argentina”. Dos aseveraciones que son de su propia –y sectorial- cosecha, porque no es la mala prensa ni se restringe a esas circunstancias, sino es el sesgo que las caracteriza lo que estigmatiza –con justa razón- la invocación de una necesaria reforma laboral. En cuanto a que conforme un pilar para el futuro, consiste en un simple sofisma que no representa más que una aspiración suya y de sus clientes.  

Agrega luego, que: “Nada se dice de las nuevas formas de organizar el trabajo a través de la economía colaborativa como son el caso de Uber, Cabify, Pídalo ya, Glovo, y otros “. Lo de economía colaborativa es un simpático eufemismo para referirse a nuevas modalidades de fraude laboral, que suelen constituirse en formas análogas al trabajo esclavo que nada de nuevo tiene.

Con subtítulos destacados alude a tres principios que condicionan a las empresas a la hora de negociar colectivamente, que en su propuesta deberían ser neutralizados y desactivados: el de Irrenunciabilidad de derechos; el de Progresividad en orden a que los cambios deban mejorar las condiciones de los trabajadores y que implica, cuanto menos, el de No Regresividad (o sea, que prohíbe empeorarlas); y el Protectorio que es, ni más ni menos, la piedra basal de todo el Derecho Laboral y el que la Corte Suprema ha sintetizado sosteniendo que es el trabajador por mandato constitucional sujeto de preferente y prioritaria tutela.

Más allá de que nada de eso podría ser alcanzado de no mediar una retrógrada reforma de la Constitución, con total desenfado lo que se propicia es la eliminación de todos los paradigmas fundantes del Derecho Social, propendiendo a la primacía del Mercado y tratando al trabajo humano como una mercancía más. De modernización poco, de futuro menos que pasado remoto.   

Un debate que excede el escueto marco de final de campaña

En la nota que comentaba, De Diego aduce –con relación al debate del domingo pasado- que no se discutieron los temas centrales y enuncia una serie de cuestiones relativas al trabajo. En un sentido más amplio, critica que nadie se anima hablar de la temática que en su opinión hace a los pilares del futuro de la Argentina.

Un dato nada menor es que, recién del debate de este domingo, forma parte Empleo, Producción e Infraestructura (segundo tema). Aunque tampoco es acertada la crítica referida en general, no sólo porque Alberto Fernández se ha pronunciado reiteradamente sobre las cuestiones que preocupan al vocero de las grandes empresas, sino que uno de los hombres más cercanos al candidato presidencial, el economista Matías Kulfas –a quien se lo indica como uno de los que serán convocados para asumir importantes responsabilidades en su Gabinete de resultar electo-, afirmó en numerosas ocasiones que no está prevista una Reforma Laboral.  

Nadie podría rehusar la posibilidad de abrir un debate amplio, serio, plural y fundado acerca de los desafíos que plantea tanto el presente como el futuro del trabajo, pero sería absurdo esperar que ello fuese posible en el acotado margen –dado su formato y tiempos de intervención- que brinda el debate público preelectoral. En ese marco, lo único que sería  factible conocer son definiciones, posturas y compromisos de los candidatos.   

Mejor que prometer es realizar, mejor que decir es hacer, sostuvo alguna vez la figura política más importante de la Argentina del siglo XX. El electorado espera que así sea y son cada vez más los que confiamos en que quien nos gobierne los próximos cuatro años va a honrar los compromisos asumidos con el Pueblo y en que no constituirán meras promesas engañosas de campaña, que de ello ya estamos curtidos y en carne viva.