El Gobierno encontró una piedra en su zapato en el Poder Judicial, que frenó las pasantías obligatorias en las escuelas por la Secundaria del Futuro y el protocolo anti-tomas que criminalizaba a los menores y sus padres. Como respuesta, decidió disciplinar al funcionario que denunció estas medidas anticonstitucionales.
Con la resolución 75/2018, a la que El Destape tuvo acceso, Yael Bendel, asesora General Tutelar, le quitó competencias a Gustavo Moreno. La funcionaria que responde al PRO pretende quitarlo de las actuaciones donde apoya a la asesora tutelar Mabel López Oliva en defensa de los estudiantes y contra el Gobierno de la Ciudad. Si bien no lo nombra, el escrito está dirigido a Moreno, quien es representante de menores ante la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo porteño, y hasta el momento también podía iniciar amparos en compañía de un funcionario de primera instancia.
Como organismo judicial, el Ministerio Público Tutelar (MPT) debe velar por los derechos de niños y adolescentes, así como controlar al Poder Ejecutivo. El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta entendió que este rol fiscalizador es contrario a sus reformas educativas, que fueron frenadas en parte por anticonstitucionales.
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Por esto es que la funcionaria del PRO ya había intentado desplazar a Moreno y Oliva de los expedientes. En octubre del año pasado había pretendido que todas las actuaciones de la Secundaria del Futuro recayeran en la asesora tutelar interina Ana Cueva Rey, cuya estabilidad laboral depende de la propia Bendel. Cinco meses después, el 16 de marzo, la Sala 2 excluyó a esta tercera funcionaria de la causa.
No conforme con esto, el 27 de abril Bendel decretó un nuevo “criterio general de actuación”, donde estableció que “todo caso de intervención conjunta de asesores tutelares deberá ser dispuesto en forma previa por la titular de la Asesoría General Tutelar”.
Si bien su resolución no puede tener efecto retroactivo, cercenó las funciones de Moreno, uno de los pocos magistrados que mantiene su independencia por sus amparos contra Larreta. Por su actuación en la Secundaria del Futuro, la Justicia limitó a 19 las escuelas donde se ensaya la reforma educativa que pretende aplicar pasantías gratuitas obligatorias a los estudiantes antes de graduarse.
En ese sentido, Moreno y López Oliva consiguieron que la jueza Cecilia Molica Lourido intime a la ministra de Educación, Soledad Acuña, para que implemente un mecanismo de participación para alumnos, padres, y docentes en los cambios, tal como consigna la Constitución de la Ciudad.
Además, fueron quienes impulsaron que la jueza Elena Liberatori suspenda el nuevo protocolo anti-tomas que había repartido el Gobierno porteño a los colegios para que denuncien a los padres de los estudiantes por las medidas de fuerza de sus hijos.
Moreno lleva una extensa trayectoria en defensa de los menores e incapaces. Ingresó al Poder Judicial de meritorio en un juzgado civil en 1986. En 1999 llegó al MPT como prosecretario de la Asesoría General Tutelar. En 2000 ganó concurso para asesor de primera instancia y en 2010 hizo lo propio para alcanzar la titularidad del cargo ante la Cámara del fuero Contencioso Administrativo. Además, fue perito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Sebastián Furlán contra Argentina” en 2012, un joven discapacitado al que el Estado no le garantizó protección judicial.
La ministra que lo censura había elogiado a Moreno en 2005
Moreno había sufrido una medida disciplinaria similar en 2005 por el entonces asesor General Tutelar. El 25 de febrero de ese año, la ahora ministra de Educación porteña salió en su defensa en una carta de lectores publicada en La Nación.
Acuña, por quien ahora el asesor es sancionado, había destacado que "las limitaciones de las facultades de Gustavo Moreno imposibilitan su accionar en defensa de los derechos de los más débiles, pudiendo interpretarse estas resoluciones como una crítica encubierta al doctor Moreno que sólo beneficia al Gobierno de la Ciudad".
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