Una fiscalía elevó a la Corte Suprema el pedido de reabrir la causa contra el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, acusado de cobrar coimas. La denuncia contra el jefe de los espías se realizó luego de que uno de los arrepentidos de la causa Odebrecht denunciara que le había hecho una serie de giros bancarios en el 2013, cuando se definía el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
La presentación fue hecha ante la Sala III de Casación por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), con la intención de que eleve el recurso a la Corte Suprema en forma directa.
Arribas había sido sobreseído por el juez Rodolfo Canicoba Corral, en un fallo que fue ratificado por la Sala I de la Cámara Federal a raíz de que el fiscal general Germán Moldes desistió de sostener la apelación. Pero la PIA elevó el caso a Casación al validar su papel de procuraduría especial contra funcionarios públicos.
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Sin embargo, el 23 de junio pasado, el magistrado Juan Carlos Gemignani -al que se sumaron sus colegas Angela Ledesma y Eduardo Riggi- afirmó que "el encausado (Arribas) a la fecha de los hechos materia de investigación no había asumido función alguna en el ámbito de la administración pública".
Según Casación, "la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ha sido creada a efectos de intervenir expresamente en aquellos hechos en los que el protagonismo central está asignado a funcionarios públicos, esto es, en relación a ilícitos cuyo título de imputación justamente es una responsabilidad institucional". Casación advirtió que "esa condición funcionaria está ausente en la atribución del hecho que se le formula al imputado", por lo que no considera que esta procuración tenga legitimación para apelar el sobreseimiento.
Ahora, la PIA presentó el recurso de apelación ante la Casación, que deberá decidir si hace lugar al planteo (y eleva el caso a la Corte) o si lo rechaza, con lo cual (de todas maneras) podría presentarse un recurso de queja para que el máximo tribunal revise la decisión.
En enero, La Nación reveló la existencia de cinco transferencias que se le habían hecho a Arribas en momentos en que se relanzaba el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El espía lo negó, aunque después solo reconoció un giro por unos U$S 70.000 por la venta de un bien mueble en Brasil donde vivía. El arrepentido luego indicó que se trató de U$S 850.000. La causa se abrió por la denuncia de la diputada Elisa Carrió.
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