El Presidente de la Nación arrancó 2019 con un recorrido patagónico en el que ratificó por enésima vez que el rumbo de su Gobierno es inmodificable, convirtiendo su programa de reestructuración regresiva de la economía y la sociedad argentina en una verdad absoluta y, como tal, autoritaria. Tanto ha confundido sus intereses y convicciones personales con el destino de la Nación que el planteo comienza a ser resistido por su propia fuerza política por inviable y mesiánico. La segunda figura en importancia de Cambiemos, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, se niega a acompañar a Macri en una boleta electoral porque duda del resultado que puede provocar en las urnas una política económica de estas características, refrendada además con un discurso de ese tenor.
La inmensa mayoría de los argentinos, todos y todas cualquiera haya sido su preferencia en el voto de 2015, está sufriendo. Las políticas de ajuste han destrozado sus proyectos de vida y los han colocado en niveles de apenas subsistencia. Sienten dolor, temor y gran expectación por lo que pueda ocurrir este año. Por ello es responsabilidad de la oposición impedir que se vaya a votar en ese clima.
El frente electoral con anclaje social que se construya para enfrentar al Gobierno debe recrear la esperanza de reparación inmediata habida cuenta que la potencia humana y material de la Argentina lo permite, pero a la vez debe instalar con nitidez el fin del péndulo: el modelo productivo exclusivamente primario, de renta financiera desmedida y fuga de capitales que no se reinvierten debe ser erradicado definitivamente si queremos tener futuro como país y sociedad. La esperanza que esta propuesta genere será decisiva para alcanzar los consensos necesarios para cumplir ese objetivo.
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El Presidente Macri no vacila en denostar al pueblo por la historia construida en los últimos 70 años, aludiendo al apoyo recibido por lo líderes democráticos de ese período, exhibiendo brutalmente el deseo refundacional del país. La clausura de la democracia vigente desde 1983, imperfecta pero plena, y su reemplazo por un régimen institucional en que las decisiones de Estado son resorte de una exclusiva élite, se expresa en el amedrentamiento mediático-judicial de la dirigencia política, empresarial, sindical y social, acompañado de una presión represiva creciente contra cualquier resistencia organizada a las políticas públicas que se ejecutan.
Es razonable el temor, la incertidumbre y la confusión de un pueblo cuando ve ejercer el gobierno sin límite a las familias más ricas del país, arrasando con las reglas de juego institucionales vigentes durante más tres décadas con un mensaje sancionatorio contra las mayorías por las decisiones del pasado y la advertencia de no repetirlas.
El pueblo en su conjunto, y sobre todo aquél que ha vivido las crisis de 1989 y 2001, teme que se repitan no sólo por lo intrínsecamente traumático de esas experiencias, sino también por lo no perdurable de la mejora posterior. Es en este punto en que debe insertarse la esperanza, la que nace no sólo de evitar la crisis, sino de acabar definitivamente con el modelo pendular que las generan.
Cambiemos también ofrece saldar la historia definitivamente subordinando al pueblo y acabando con la democracia social de la política argentina. La oferta esperanzadora es el consenso masivo en torno a un puñado de ejes inclusivos que tengan a las mayorías como protagonistas, como única posibilidad de cerrar la historia pendular.
La participación del Sector Público en la economía no puede ser inferior al 35% del PBI
El primero de ellos es la recuperación plena del Estado de derecho y el cese de cualquier tipo de persecución política y social. El segundo es que el modelo económico debe ser industrial y de servicios de alta calificación -sin industrias y trabajadores calificados no hay integración productiva y social de los habitantes de las regiones urbanas densamente pobladas mayoritarias en el país (las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario reúnen al 40% de la población argentina)-. El tercero es que debe haber un piso de ciudadanía garantizado basado en el acceso masivo a los alimentos, la energía, salud y educación; desde ese umbral y asociado al modelo productivo del punto segundo, rápidamente dejaremos de tener argentinos “descartables”, para utilizar el término gráfico del Papa Francisco al referirse a los excluidos. El cuarto es que la participación del Sector Público en la economía no puede ser inferior al 35% del PBI, porque la capacidad reguladora del Estado necesaria para implementar los puntos segundo y tercero requiere ese nivel compatible con las naciones avanzadas. Por último, debe instalarse de arranque la idea que la calidad de vida se asienta en el tiempo libre para desarrollar aspiraciones humanas y no perseguir exclusivamente metas de consumo.
En más de doscientos años de vida independiente el pueblo argentino altivamente construyó avances inéditos en la región y también sufrió derrotas. Hoy la experiencia oligárquica sólo blande el miedo, la subestimación y el mesianismo de clase elitista, pero está terminada como horizonte económico-social. Para el frente opositor político-social está el planteo de la esperanza de un bienestar inmediato y perdurable, liberando las potencialidades de la Argentina, que no radican en una “buena cosecha” como pregonaron siempre para hacernos sentir que sobrábamos y éramos ajenos a nuestro propio suelo hacinándonos en los bordes de las grandes ciudades.
Es la oportunidad histórica para que el movimiento popular deje de ser -reformulando la caracterización de John William Cooke- el “fenómeno maldito del país oligárquico”.
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