El Partido Justicialista, mediante sus apoderados Jorge Landau y Patricia Alejandra García Blanco, se presentaron ante la Cámara Nacional Electoral en vistas del fracaso de la prueba de transmisión de datos en el simulacro de escrutinio que se realizó el 29 de junio de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 11 de agosto y pidieron medidas que garanticen su normal funcionamiento y fiscalización.
Al respecto, manifestaron que no fueron "invitados a participar o presenciar dichas pruebas, ni informados siquiera acerca del acontecimiento o los detalles de ella" pero su falla "rápidamente tomó estado público, a través de distintos usuarios de redes sociales y, más tarde, a través de distintos medios periodísticos".
En una de las notas enviadas especificaron que se establecieron fechas muy cercanas a los comicios para que los partidos políticos pudieran acceder al prototipo e información técnica de los equipos que capturarán y transmitirán los resultados, así como tampoco se explicó el motivo por el cual se tecnificó el procedimiento por lo que "permiten dudar de las buenas intenciones de la modificación al incluir un elemento digital pasible de intervención dolosa en el trayecto entre el escaneo y la llegada a la mesa del operador que debe copiar los datos".
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En este punto, señalaron que "hasta las elecciones del año 2015 la contratación de la empresa encargada de la transmisión y recuento del escrutinio definitivo fue efectuada por el Estado Nacional a través del Ministerio respectivo y de acuerdo a la normativa de contrataciones que requería la compulsa pública entre varios oferentes. A partir de 2017, llamativamente, se ha delegado esa contratación en el Correo Argentino que no tiene tal limitación y efectúa la contratación por concurso privado".
La prueba de transmisión de datos alertó sobre la transparencia de las PASO del 11 de agosto. Por ello, pidieron que las agrupaciones políticas puedan acceder al "programa de escrutinio provisorio, incluyendo sus códigos fuentes, y los demás componentes de software" que se utilice. Además solicitaron que intervenga una Universidad Nacional para analizarlo y se hagan pruebas piloto frente a los espacios en disputa.
Además de estos errores, sostuvieron que tomaron conocimiento de manuales instructivos con fallas básicas a la hora de capacitar a los empleados del Correo que participarán de la elección por lo que exigieron que los "manuales de capacitación necesarios para los diferentes actores intervinientes en la elección, estén a cargo, o cuenten con la supervisión, de la Cámara Nacional Electoral".
En este proceso, además, "el Correo Argentino habría contratado de manera temporaria una cantidad indeterminada de ciudadanos que se estiman en aproximadamente doce mil personas, las que estarían afectadas a las distintas tareas relativas a la transmisión digital de los telegramas, es preciso realizar las siguientes consideraciones".
En este punto los apoderados destacaron que "el Correo Oficial y sus funcionarios tienen una larga historia en relación con el servicio electoral, que se ha desempeñado de modo muy eficiente elección tras elección y que va a tener que convivir en esta circunstancia con doce mil personas contratadas de modo temporario sin ningún tipo de experiencia".
La exigencia, manifestaron, es a los efectos "de resguardar el normal desenvolvimiento de esta actividad crucial, tal como es la transmisión de los datos del escrutinio, de modo tal que los mismos fuesen adecuadamente registrados a efectos de evitar la incertidumbre respecto a los resultados electorales, materia que nunca estuvo en discusión en el sistema electoral argentino".
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