El gobierno nacional contrató a la firma venezolana Smartmatic International Holding para que se encargue de aportar el software que permita la transmisión digital de los datos provisorios de las urnas en las elecciones presidenciales de 2019. La empresa tiene un complejo entramado societario con sedes en paraísos fiscales, de acuerdo a datos publicados por el The New York Times, The Washington Post y Wikileaks.
Según informó el diario La Nación, la adjudicación se realizó mediante el trámite 019SS05312 y costará 1,2 millón de dólares. El matutino afirma que el objetivo es que se envíe de forma digital la información directamente desde las urnas de las escuelas de votación para agilizar la difusión de los resultados.
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Smartmatic fue fundada por Antonio Mugica, Alfredo Anzola y Roger Piñate en Venezuela. Sin embargo, su domicilio legal inicial fue fijado en Delaware (EE.UU.) y su centro de operaciones en Florida. Los datos surgen de la propia conversación que Mugica mantuvo en la Embajada de Estados Unidos y que fue revelada por Wikileaks.
De acuerdo al diario The New York Times, la firma Smartmatic se reorganizó en una serie de sociedades con sede en Delaware (Smartmatic International), los Países Bajos (Smartmatic International Holding, BV) y Curazao (Grupo Internacional Smartmatic, NV).
En 2005 la firma compró Sequoia Voting Systems, en Estados Unidos, a una empresa británica por 16 millones de dólares. En marzo de 2006, en una elección primaria municipal en Chicago, las máquinas de votación de Sequoia -propiedad de Smartmatic- fueron culpadas por una serie de retrasos y de irregularidades.
“Un fallo en el uso de máquinas de votación de Sequoia en las primarias de marzo en Chicago dio lugar a preguntas acerca de la estructura corporativa de Smartmatic, con sede en las Antillas Holandesas en el Caribe, pero en manos de nacionales venezolanos”, afirmó el diario The Washington Post.
En marzo del 2018, mediante un comunicado Smartmatic anunció el cese de sus operaciones en Venezuela luego de desempeñarse en el país durante 15 años, periodo en el que asistió 14 elecciones. El motivo que alegó la firma es que el país gobernado por Maduro mostraba un número mayor de participación electoral que la real cantidad de votantes que registraron las máquinas.
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