Acuerdo de precios y salarios, participación en las ganancias, derogación del recorte jubilatorio y renovación de los convenios colectivos, algunas de las propuestas de un grupo de economistas y laboralistas para resolver la crisis económica que generó Mauricio Macri. En la actualidad hay nueve millones de trabajadores con problemas de empleo, lo que representa al 46% de la población económicamente activa.
Una “agenda urgente para una sociedad de trabajo” fue el documento elaborado tras meses de debates entre Carlos Tomada, Mara Ruiz, Diego Schleser, Cecilia Todesca y un importante grupo de especialistas, que consiguió una aún mayor cantidad de adhesiones. Plantearon 13 políticas prioritarias para enfrentar la problemática laboral, que los trabajadores puedan recuperar los 12 puntos de salario real perdidos y los jubilados mejorar la caída en sus haberes.
Como primera medida, el grupo propuso institucionalizar el diálogo social tripartito sobre el futuro del trabajo. En segundo lugar, reducir la brecha de género mediante una estrategia que promueva la participación de las mujeres en el empleo remunerado y la equidad de condiciones laborales. Luego, consolidar un sistema de formación continua, con criterios de innovación e inclusión social. En cuarta posición, constituir una trayectoria formativo-laboral para los trabajadores vulnerables.
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La quinta prioridad es “implementar un esquema de coordinación de precios y salarios que proteja los ingresos de los trabajadores” para evitar que posterior a que se acuerde una mejora del salario real el empresario aumente los precios para recuperar su tasa de ganancia y esto vuelva a derribar el poder de compra de los empleados.
Además, propusieron promover la renovación de los contenidos de los convenios colectivos “en defensa de los trabajadores”. Es que hay tareas no contempladas en los acuerdos históricos, lo que perjudica a esos empleados. El objetivo también es incorporar cupos de género por empresa y discutir la participación de las ganancias de las compañías. Este punto disruptivo rompe con la intención de los empresarios de socializar con los trabajadores las pérdidas, pero que se reserven para ellos las utilidades.
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Otro de los enfoques que planteó el documento fue mejorar la capacidad de inspección para detectar irregularidades en las relaciones laborales. En ese sentido, también se plantea ampliar la regulación de la tercerización laboral y asentar un control sobre los trabajos en plataformas digitales para otorgar derechos individuales y colectivos.
Además, la agenda contempla trabajar en un proceso que lleve a la institucionalización de la economía popular. La idea es incluir esta modalidad dentro de la estructura productiva del país y no marginarla como una cuestión alternativa.
Llegando al final del esquema programático, el documento remarca la necesidad de fomentar el empleo público y establecer un nuevo marco de contribuciones patronales que recupere la sustentabilidad del sistema de seguridad social y concentre los beneficios en las empresas de menor tamaño. La ley de reforma tributaria que implementó Cambiemos atentó contra la recaudación y benefició a las grandes firmas.
La derogación de la reforma previsional aparece como el último de los planteos, pero no el menos relevante. Esto resolverá el ajuste que aplicó Macri sobre los jubilados para el futuro, ya que la propuesta del nuevo índice mejora el actual y también al anterior: que los haberes suban trimestralmente (con un rezago de dos meses en lugar de seis) a la par de los aumentos de los sueldos o de la inflación, el mayor de ambos. Si el salario promueve la mejora, tendrá un techo en el alza de la recaudación de la seguridad social, dividido por la cantidad de prestaciones.
Esto permitirá que no vuelva a bajar el poder de compra de los jubilados. La pérdida de 2017 a la fecha no está atendida allí, pero el grupo de especialistas espera que se recupere con la transferencia de adicionales, a medida que los recursos lo permitan.
Dado que se enfoca la estrategia en mejorar los recursos previsionales, la mejoría de los jubilados no implicará un avance sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), un activo sobre el que Cambiemos intenta vaciar mientras trata de convertir en deficitario al régimen previsional.