En su resolución, Rafecas sostiene que "la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión del fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito".
"Todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan –en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere –como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas", dice en el escrito.
Además, se pregunta: "¿Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada –en este caso- a prófugos de la justicia argentina?" en referencia a la Comisión de la Verdad creada a partir del Memorando. Rafecas recuerda que la Comisión no se puso en práctica por lo que añade: "¿puede así y todo generar consecuencias jurídicas?" Y retruca contundentemente: "La respuesta es que no. Y mucho menos, en el ámbito penal".
La denuncia fue presentada por el fiscal federal Alberto Nisman, quien iba a explicarla ante el Congreso de la Nación el lunes 19 de enero, pero en la madrugada de ese día fue hallado muerto en su departamento de la torre Le Parc.
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