El Senado pasó para el próximo martes la definición sobre el proyecto de la oposición para limitar los aumentos de tarifas, luego de que el Bloque Justicialista emplazara al oficialismo a presentar antes de ese día una "propuesta razonable".
La decisión de las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería y Energía y de Presupuesto y Hacienda fue como parte de un entendimiento entre el oficialismo y el justicialismo, aceptado por otros bloques menores, con la excepción del kirchnerismo.
El Bloque Justicialista advirtió que si el Gobierno no propone un esquema de aumentos distinto al que ya está en marcha, el martes firmará el dictamen para el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, mientras que el oficialismo ganó tiempo para tratar de conseguir un respaldo de gobernadores y actores del sector energético que desactive la iniciativa opositora.
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Al inicio de la reunión, el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, señaló la decisión de "brindarle al Poder Ejecutivo una oportunidad, dado que han anunciado que vetarían la media sanción de la Cámara de Diputados". No obstante, advirtió que si para "el martes a las 19 no llega una propuesta razonable", esa bancada firmará el dictamen para el proyecto y lo llevará al recinto para someterlo a votación a la semana siguiente.
Pichetto señaló que el Ejecutivo debe elevar una propuesta de aumentos más "gradual", porque "si la lógica del Gobierno es plantear 15% de aumento salarial, los servicios no pueden aumentar un 40%", y advirtió: "Muchas veces el Congreso no sanciona la mejor ley, pero construye una norma para enviar un mensaje al Ejecutivo, para decirle que se están equivocando y deben corregir".
Su par del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, ratificó que la potestad para fijar el esquema de tarifas es del Ejecutivo y no del Congreso de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución Nacional y advirtió: "Con esta media sanción de la Cámara de Diputados estamos beneficiando exclusivamente al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)".
Además, afirmó que el punto que establece que las empresas distribuidoras de cada distrito debe devolver lo que se haya cobrado de aumento desde noviembre de 2017 a la fecha de la sanción de la ley es una "intromisión en la competencia provincial".
Por ello, señaló que deben concurrir los gobernadores o al menos enviar su opinión por escrito respecto del proyecto, aunque algunos de ellos ya expresaron públicamente que se oponen a que avance en el Senado.
El justicialista José Mayans sostuvo que esa bancada quiere "un diálogo, una tarifa racional, no un veto" y que por eso decidió esperar una semana y, luego de críticas generales a la política económica, agregó: "La opinión pública está en contra de estas tarifas, en contra del FMI y a favor de este proyecto, porque equipara los aumentos con el aumento salarial".
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