Senadores aprobaron ayer el proyecto de ley "Argentina Digital" sobre regulación de las telecomunicaciones con 38 votos a favor y 21 en contra, en un debate en el que el kirchnerismo defendió la declaración de "interés público" de esos servicios y la oposición acusó que "beneficia a las telefónicas".
La iniciativa propone "declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones" (TIC) y garantizar la "completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso" de todos los ciudadanos a esos servicios.
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El proyecto, que fue girado a la Cámara de Diputados, consiguió la aprobación con los votos del oficialismo más el de Lucila Crexell, del MPN, y del peronista pampeano Carlos Verna, único opositor que se pronunció a favor.
La presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Liliana Fellner, sostuvo que "los servicios que antes se daban en forma separada hoy se dan en conjunto" y que por eso "se debe dar la herramienta legislativa que permita regular" esa convergencia.
"El desafío para asegurar el derecho humano a la comunicación pasa por regular la convergencia digital", agregó Fellner, quien destacó que los ejes principales de la iniciativa se centran en "los usuarios, el mercado y la autoridad de aplicación".
También destacó que se "elimina el servicio de larga distancia, en un claro beneficio para todos los usuarios" y se declara la "inviolabiliad de las comunicaciones".
Por su parte, la peronista federal Liliana Negre de Alonso sostuvo que "para que un derecho humano sea considerado como tal, el Estado debe garantizar su ejercicio y su eficiencia, y esto debe ser gratuito" pero "esta ley no garantiza el acceso gratuito de todos los argentinos a este derecho humano".
A su turno, el jefe del bloque radical, Gerardo Morales, cuestionó que no se incluyera la declaración de servicio público de la telefonía celular y sostuvo que esto es "para beneficiar a las telefónicas" a quienes, además, según dijo, "se les condonan deudas".
En el mismo sentido se pronunció el interbloque FAP-UNEN, en el que Rubén Giustiniani dijo que se está "premiando" a las empresas de telefonía y Fernando "Pino" Solanas opinó que "en esta ley no hay vocación de defender el derecho de información, y se le regala a Telefónica un negocio monumental".
La respuesta llegó por parte del oficialista Aníbal Fernández, quien aseguró que "en el maro del interés público nadie puede decir que se está garantizando un negocio".
En tanto, el senador del PRO Diego Santilli calificó el proyecto como "ambigüo y confuso" y sostuvo que "generará un marco de creciente inseguridad jurídica y desalentará la inversión en redes y nuevos servicios" que "sufrirán los usuarios y consumidores".
El tratamiento de esta iniciativa fue postergado dos veces por el oficialismo con la intención de realizarle modificaciones, muchas de las cuales respondieron a reclamos de especialistas, pequeños cableoperadores y senadores de la oposición.
Entre ellas se encuentra la creación de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) como autoridad de aplicación y del Consejo Federal de Tecnologías de
las Telecomunicaciones y la Digitalización, como segundo ente de control.
Se incluyó además un artículo que establece que cuando un requirente o prestador tenga la titularidad de una licencia de servicios de TIC y la titularidad de una licencia de servicios de comunicación audiovisual, deberá, entre otras cosas "facilitar -cuando sea solicitado- a los competidores en los servicios licenciados el acceso a su propia infraestructura de soporte".
El proyecto le permite a las empresas telefónicas brindar servicios de comunicación audiovisual y les impone ciertas restricciones para acceder al mercado de la televisión satelital, reguladas por la AFTIC.
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