El recorte de medicamentos, una medida contra los derechos de los ancianos

El PAMI tomó la decisión de reducir la cobertura gratuita (al 100%) a un grupo de 160 medicamentos. Su titular, Carlos Regazzoni (ex subsecretario de educación de la CABA en la gestión de Macri y candidato a intendente en el municipio de Almirante Brown por el PRO), justificó la medida por "no tener utilidad para la gente" o por "tratarse de fármacos obsoletos o sin comprobada efectividad clínica". La medida fue comunicada el pasado 7 de abril, coincidiendo con el día mundial de la salud.

Esta decisión se toma en el marco de un proceso de implementación de un plan económico y social neoliberal, con reducción del poder adquisitivo, más de 100 mil despidos en los últimos 3 meses, inflación descontrolada y aumento de la pobreza. Por el achicamiento del Estado y la falta de regulación (por ej, con el desguace de la Secretaría de Comercio) se registró un aumento de los medicamentos de hasta el 140%, colocando al medicamento como una mercancía que sólo puede

ser adquirida por los que más tienen. Esta perspectiva se opone a la que sostuvimos durante nuestro gobierno. Bajo nuestra concepción, los medicamentos deben ser un bien social y el Estado debe intervenir para asegurar el acceso efectivo a los mismos por parte de la población. En esa línea se inscriben medidas adoptadas como el Programa Remediar y la promoción de la producción pública de medicamentos, y la creación de la ANLAP entre otras.

La reducción de la cobertura de medicamentos es una medida más presentada como parte de la mejora en la eficiencia del Estado y a favor, en este caso, de los jubilados y pensionados, pero constituye otro dramático recorte de derechos, afectando la economía doméstica y el derecho a la salud. Según un informe de la CEPAL, en Argentina el gasto de bolsillo en medicamentos absorbe más del 50% del gasto del bolsillo total en salud (siendo del 66% en el I quintil de ingreso) y la situación de los adultos mayores es de las más críticas: los hogares con adultos mayores dependientes o adultos mayores jefes de hogar enfrentan los mayores gastos de bolsillo. Otros relevamientos dicen que un jubilado gasta en promedio $2.400 por mes en medicamentos por tomar en promedio 9,5 fármacos por día por persona.

Sin embargo, la medida es contradictoria en sí misma desde muchos aspectos. Si realmente se tratara de medicamentos "obsoletos o sin comprobada efectividad clínica" no se justifica permitir su venta en farmacias y menos aún continuar con la cobertura de PAMI del 50 al 80% de los mismos. Esta contradicción deja claro que se trata de una medida económica orientada a ahorrar dinero por el tan denunciado "gasto exorbitante en medicamentos" del PAMI, aún a expensas de la salud del pueblo y perjudicando a los sectores más vulnerables.

Es real que la polifarmacia en los adultos mayores es muchas veces iatrogénica por interacciones y efectos adversos, pero son otras medidas las que deberían tomarse para corregir este problema, como por ejemplo la capacitación a los médicos de cabecera de PAMI o el poner freno a las eventuales connivencias entre médicos y laboratorios para recetar medicamentos inadecuados.

También es necesario actualizar un vademécum de medicamentos y re evaluar las tecnologías sanitarias que actualmente se garantizan, pero siempre poniendo los derechos de las personas por

delante. Bajando las coberturas como hace el gobierno actual con el único fin de ahorrar recursos, los más perjudicados serán los jubilados que van a tener que pagar de su bolsillo lo que el PAMI deja de cubrir. Y esto es así, porque la realidad demuestra que los pacientes utilizan los medicamentos que les indica su médico. Mientras puedan, pagarán la diferencia, aunque esto represente utilizar dinero destinado a alimentarse, a vestirse, o a su recreación.

Por último, en la lista de medicamentos excluidos hay una gran cantidad de fármacos de comprobada efectividad clínica, lo que confirma aún más que la intencionalidad de esta decisión no se toma para proteger la salud de nuestros viejos. A esta altura, irrita bastante esta burda política comunicacional del gobierno que pretende "vender" por buenas las malas noticias.