El proyecto de ley del Ejecutivo para restringir la venta de las participaciones estatales en empresas ingresó el lunes por mesa de entrada del Senado y será tratado el martes en comisión. Se creará un organismo que dirigirá la participación política de los representantes del Estado en las compañías. El documento no contempla la participación en YPF, dado que estas están reguladas por la misma ley que la nacionalizó.
LEÉ MÁS. YPF, fuera del alcance de la ley.
El documento, al que tuvo acceso El Destape, declara "de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado que integran la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS, que gerencia la Anses), las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado sea socio minoritario o donde el Ministerio de Economía posea tenencias accionarias o de capital". Prohíbe así la transferencia de titularidad "sin previa autorización expresa del Congreso".
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Además, prevé la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), que imitará y continuará las funciones de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado (DNEPE), que hasta ahora depende de la cartera de Axel Kicillof. Este ente sumará las tareas políticas de las participaciones del FGS, pero sólo cobrará los honorarios de los representantes, mientras que los dividendos se dirigirán al fondo tenedor de las acciones.
Las 24 páginas aterrizaron en los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado el lunes y les da 24 horas a los parlamentarios para analizarlo a profundidad. El director ejecutivo de Anses, Diego Bossio, no confirmó su presencia al debate donde defenderá el escrito el jefe del bloque del kirchnerismo en la cámara alta, Juan Manuel Abal Medina.
"El proyecto prevé la expresa exclusión de las participaciones accionarias del Estado nacional en YPF SA y en YPF Gas SA", reza en su página 11 el proyecto. Esto se debe a que las acciones de YPF no pueden venderse libremente sin el aval del Congreso desde que fueron expropiadas por la ley 26.741. "Deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso, votada por las dos terceras partes de sus miembros", legisló el Parlamento en 2012.
Proyecto de Ley - Limitar La Venta de Acciones Estatales en Empresas Privadas
Cerrar sesión