Eduardo Casal, procurador interino que dejó la gestión de Mauricio Macri, dictaminó que la Corte Suprema no debe intervenir respecto a si el Congreso puede funcionar por teleconferencia para el tratamiento del proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas. El dictamen no es vinculante, pero fue solicitado por la propia Corte Suprema ante la consulta que les hizo Cristina Fernández de Kirchner. Como ribete del caso, es la propia inactividad del Senado producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 lo que mantiene al interino Casal en ese puesto.
El origen de esta resolución judicial es la presentación por parte de CFK de una acción declarativa de certeza para que la Corte Suprema siente una posición respecto a si el Congreso puede sesionar de manera virtual para el tratamiento del proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas. El reglamento de la Cámara de Senadores dice que que deben sesionar en el Congreso salvo en casos de gravedad institucional. La pandemia de COVID-19 vaya si lo es.
En la presentación de CFK, a cargo de la directora de jurídicos del Senado Graciana Peñafort, se le pedía a la Corte que “en el marco excepcionalísimo del actual estado de emergencia desencadenado por la Pandemia originada por la enfermedad causada por el COVID- despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos, en aplicación del artículo 30 del Reglamento del al H. Cámara de Senadores de la Nación en cuanto este establece que ‘Los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional’. En otras palabras ¿Es constitucionalmente posible que tal como lo establece el art. 30 del Reglamento de la H la Cámara de Senadores sesione mediante medios digitales debido a la situación de gravedad institucional generada objetivamente por el COVID19?”.
El escrito de CFK recordó que el Presidente Alberto Fernández no puede dictar DNU en materia tributaria, que es necesario que el Congreso sesione para tratar el impuesto a las grandes fortunas, que existen mecanismos para la sesión virtual excepcional y, además, resaltó que realizaba esa presentación porque no se puede “soslayar la historia reciente de la Argentina en cuanto a la existencia de maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”. También remarcó los peligros de convocar a senadores y diputados, muchos de ellos en población de riesgo, así como las propias Acordadas de la Corte donde establecieron la posibilidad de que los jueces hagan acuerdos por medios virtuales.
La consulta de CFK la recibió el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz, que quedó como autoridad de la feria judicial extraordinaria establecida ante la pandemia de coronavirus. Lo primero que hizo Rosenkrantz fue demorar su tratamiento, suspender un acuerdo virtual con el resto de los cortesanos para evitar que se discutiera el tema y, finalmente, habilitó la feria y derivó la consulta al interino Casal para que opinara en 48 horas. No fue sorpresa: la idea de que el Congreso sesione para tratar un impuesto a las grandes fortunas no es del agrado de los habituales clientes de Rosenkrantz, que aún no separa su cargo institucional de sus negocios personales.
El interino Casal plantea que la Corte solo puede resolver “casos justiciables”, que “la exigencia de un caso o causa excluye la posibilidad de dar trámite a acciones que procuren declaraciones generales, en tanto la aplicación de las normas o actos de los otros poderes no haya dado lugar a un litigio para cuyo fallo se requiera el examen del punto propuesto, doctrina que es aplicable a las acciones declarativas”. Con este argumento, dice que hay que rechazar el pedido de CFK ya que “la petición de carácter consultivo que pretende introducir la actora bajo el ropaje de una acción declarativa de certeza no resulta ser una cuestión justiciable”.
En el dictamen de Casal, al que accedió El Destape, el interino también alega que el Poder Judicial no debe inmiscuirse en asuntos de otro Poder, en este caso el Legislativo, y que aún si este caso fuera una cuestión judiciales la Corte no tendría competencia originaria y exclusiva.
Casal asumió como procurador interino luego de que la alianza entre Macri, Clarin, Comodoro Py y los abogados de la city porteña nucleados en el Colegio de la calle Montevideo lograran desplazar a Alejandra Gils Carbó de ese cargo. Desde entonces, se alineó con el macrismo y colaboró para el copamiento de distintas áreas clave de los tribunales. Un ejemplo: desplazó al fiscal Juan Pedro Zoni de la causa penal donde se investiga la maniobra de Macri y sus funcionarios para condonar la deuda de Correo Argentino.
Un dato no menor: la falta de funcionamiento del Senado es lo que mantiene al interino Casal en su cargo, ya que el pliego del candidato a reemplazarlo, el juez Daniel Rafecas, se encontraba en pleno avance y, según puedo averiguar El Destape, el oficialismo contaba con los dos tercios necesarios para designarlo.
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