La oposición tuvo un fuerte entredicho cuando el radicalismo avanzó para presidir la Auditoría General de la Nación (AGN) y propuso a Jesús Rodríguez para ese cargo. El problema es que los diputados del PRO se anoticiaron de tal movimiento por los medios de comunicación, no fueron consultados ni llegaron a un consenso con sus compañeros de interbloque, por lo que la información no cayó simpática y ya negocian las altas cúpulas de ambos partidos para reestablecer el equilibrio interno.
La UCR hizo su propuesta esta mañana con una nota enviada a la presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kicrhner y al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Sin embargo, según pudo saber El Destape, los legisladores del PRO se enteraron luego de que la carta ya fuera enviada, por las publicaciones de los medios de comunicación. Los encargados de analizar el tema para evitar que el conflicto se profundice son Patricia Bullrich, titular del PRO, y su par radical, Alfredo Cornejo.
Según la Constitución Nacional, la presidencia del organismo controlador debe ser ocupada por "el partido de la oposición con mayor cantidad de legisladores". En ese contexto, llegó la propuesta de Rodríguez por parte de la UCR pero sin consentimiento del otro socio mayoritario de Juntos por el Cambio. Según los cálculos que hacían los radicales, el lugar les correspondía a ellos porque cuentan 62 legisladores (entre senadores y diputados) mientras que el PRO contaría con 58. Como "gesto", el Comité Nacional sostuvo que le cederán a Juntos por el Cambio el espacio en la AGN que ocupaba el candidato en cuestión.
En la nota se explica que “de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 85 de la Constitución Nacional y 123 de la Ley Nro. 24.156, cumplo en dirigirme a Ustedes en mi condición de Presidente de la Unión Cívica Radical, proponiendo como Presidente de la Auditoría General de la Nación al Licenciado Jesús Rodríguez”.
La AGN es un organismo clave porque asiste al Congreso de la Nación en el control público posterior para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad del Estado en beneficio de la sociedad.
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