La promocionada ley de basura cero del PRO prohíbe que la Ciudad deje de arrojar residuos en los rellenos sanitarios para 2020. Lo que fue prometido en cada campaña electoral con bombos hoy es una utopía lejana, que el mismo Horacio Rodríguez Larreta admite que no puede alcanzar. La norma apropiada por el jefe de Gobierno y su antecesor ni siquiera les correspondía, ya que fue sancionada por Aníbal Ibarra en 2005.
Por no poder adecuarse a la ley, el Gobierno porteño ahora intenta que la Lelgislatura la modifique y estire el plazo a 2028. Además de los negocios de los contratistas de recolección, busca instalar incineradoras que quemen la basura, lo que hasta ahora está tajantemente vedado por su altísima polución y la ineficiencia de su generación eléctrica.
La legislación actual obligaba a Mauricio Macri a reducir un 30% la disposición de residuos en el CEAMSE en 2010, un 50% en 2012 y a Larreta un 75% en 2017, en base a los niveles desechados en 2004. El plan triquinquenal nunca fue tomado con seriedad por el PRO, quien subejecutó todos los objetivos. Traducido a peso, el año pasado la Ciudad envió a los rellenos sanitarios 727.985 toneladas adicionales al compromiso, de acuerdo a un informe de la Auditoría General de la Ciudad, que preside Cecilia Segura Rattagan.
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En lugar de despedir a su gabinete, Larreta tomó una medida más drástica: el 23 de marzo el ministro de Ambiente porteño, Eduardo Macchiavelli, presentó un proyecto que cambia las acabadas reglas de juego con el eufemismo de “valorización energética de residuos”. A pesar de los varios intentos de El Destape, el funcionario decidió no responder a las consultas.
En el documento que le entregó a la Legislatura, el Ejecutivo admitió que incumplirá con “basura cero” y estiró hasta 2020 la prohibición de arrojar materiales en los rellenos sanitarios. Por su ineficiencia y la pesada herencia que le dejó Macri, las nuevas metas plantean recortar el 50% de los residuos recién para 2021 (tenía que alcanzarlo en 2021), de 65% para 2025, 80% para 2030 y 100% en 2028.
Luego de señalar su mea culpa y para poder cumplir con los objetivos relajados, Larreta intenta abrirle la puerta un nuevo negocio al ya multimillonario mercado de la basura en la Ciudad: la incineración. Cuestionada en todo el mundo por la altísima polución, la quema de residuos también se encuentra prohibida por la ley porteña.
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Construir una incineradora de basura cuesta entre U$S 300 millones y U$S 600 millones, precisó el abogado ambientalista Enrique Viale ante la consulta de este medio. “Es un cambio de paradigma total. La Ciudad generó crisis en el sector para hacer viable el negocio de la quema de la basura”, razonó.
“Como no se cumple las metas, en lugar de cambiar a los funcionarios que no las lograron, proponen cambiar la ley”, esgrimió la legisladora porteña Victoria Montenegro. La vocal de la comisión de Ambiente alertó por el elevado impacto ambiental que puede generar el proyecto del jefe de Gobierno porteño.
“La ley actual es muy buena. El problema es que el PRO trabajó para que la ley fracase y las metas no se cumplan al subejecutar el presupuesto designado al reciclado. Larreta tenía desde el primer momento el objetivo de traer plantas de incineración”, señaló a El Destape la integrante de Unidad Ciudadana.
Además, aclaró que los países desarrollados donde se queman los residuos ya alcanzaron el 50% de reciclado, mientras que la Ciudad sólo llegó al 15%. Por eso es que el oficialismo pone en riesgo el trabajo de los 5.000 cartoneros que viven de la recuperación.
Organizaciones sociales y ambientales ya manifestaron públicamente su rechazo a la modificación a la ley de basura cero. “La prohibición a incinerar”, dicen las agrupaciones, “garantiza que los recursos destinados al manejo de residuos se inviertan precisamente en los circuitos de recuperación, y no en tecnologías que permitirían reducir las toneladas dispuestas más rápidamente, pero por un camino equivocado y contrario a la jerarquía de manejo de residuos”.
Entre ellas, Greenpeace fue una de las que protestó frente a la Legislatura, con el lema “Quemar basura mata”. “El gobierno dice que la ley de basura cero fracasó; pero son ellos los que fracasaron en su implementación, desde el mismo año en que la ley fue reglamentada”, sentenció Diego Salas, director de la ONG.
Hoy los residuos representan un negocio multimillonario para empresas afines al PRO. Este año recibirán $ 13.000 millones las recolectoras, que aportaron fondos a la campaña nacional de Cambiemos en 2015.
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