Ante los alarmantes índices de su gestión, el Gobierno de la Ciudad está decidido a modificar el sistema educativo de forma integral. Sin embargo, el camino elegido por el PRO acelerará el retroceso. Luego de poner a los estudiantes secundarios al servicio de las grandes empresas, ahora intenta que los limitar la formación docente.
El sistema educativo porteño atraviesa una seria crisis que incluye la falta de 12.000 vacantes, sueldos debajo de la línea de pobreza y falta de maestros. El año pasado hubo 11.958 menores excluidos de la enseñanza pública, unos 526 adicionales a los marginados en 2016, de acuerdo al informe que le remitió el Ministerio de Educación a los legisladores Myriam Bregman y Patricio del Corro.
La mayoría se concentra en el nivel inicial, con 10.480 niños afectados. La promesa incumplida del presidente, Mauricio Macri, de construir 3.000 jardines de infantes en el país en su gestión no vio sus brotes en el distrito que lo propulsó a la jefatura de Estado.
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El déficit en el primario fue de 872 al día del inicio de clases, mientras que en el secundario 606. Las carencias educativas se incrementaron en los barrios del sur y en Retiro, que coinciden con las comunas más pobres, abandonadas en los más de 10 años de gestión del PRO.
En 2011, el Gobierno porteño gastaba el 27,8% de su presupuesto en educación. En 2017 recortó las erogaciones a sólo el 18,5% del total; es decir que más de $ 9 de cada $ 100 que antes destinaba al Ministerio de Educación ahora se lo gira a otro.
La titular de la cartera, Soledad Acuña, ejecutó con lentitud su presupuesto para el año pasado, pero de lo asignado a la creación de nuevas escuelas utilizó el 91% de los $ 1.791 millones. No obstante, no vaciló en gatillar el 99,9% de los $ 6.617 millones de los subsidios que le transfirió a los colegios privados.
Por los continuos recortes, desde que asumió el PRO se redujo más del 55% el interés por la docencia. En 2007, cuando Macri asumió la Jefatura de Gobierno, se egresaron 5.266 de los profesorados, mientras que en 2015 sólo lo hicieron 2.915, según el último relevamiento oficial.
El desinterés por la formación de docentes se debe, entre otras razones, a que el sueldo de los educadores se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Mientras la Dirección de Estadísticas de la Ciudad deja de considerar pobre a una familia tipo cuando ingresa más de $ 18.082, un docente que recién se inicia gana mensualmente $ 15.350 por toda jornada (sumadas las horas no remuneradas que le destina a preparación y corrección).
A fines de 2017, antes de los últimos tarifazos, estos sueldos perdieron $ 1.600 de poder adquisitivo respecto a 2015, según la CIPPEC, un organismo cercano al Gobierno. Más aún, el ingreso de los educadores argentinos con diez años de antigüedad está entre los seis más bajos del mundo, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicó la Universidad de Belgrano.
Esto nunca fue encarado por Macri ni Horacio Rodríguez Larreta. El primero cerró la paritaria nacional docente el año pasado, lo que le quita poder de negociación a los trabajadores, y el alcalde porteño todavía no se niega a cerrar la paritaria cuatro meses después de que vencieran. El gobierno ofrece el 15% sin cláusula gatillo, mientras que los gremios más representativos (UTE y Ademys) piden al menos no perder contra la inflación, que este año se ubicará por encima del 20%.
Ante los descalabros del PRO, la reacción de la ministra porteña fue limitar la educación en los colegios. Creó primero la Secundaria del Futuro, una reforma que en 2018 se aplica en los primeros años de 19 escuelas estatales y que pretende eliminar el rol de los docentes para darles paso a “tutores”, que simplemente guíen a los menores en el uso de la computadora.
Por ser una decisión inconsulta y rechazada por la comunidad educativa, la Justicia le prohibió a Acuña masificar su propuesta a todos los colegios, gracias a los recursos presentados por los asesores tutelares Gustavo Moreno y Mabel López Oliva, en representación de los estudiantes. Entre otros bruscos cambios, establece que los menores sirvan de mano de obra gratuita de las compañías, al obligarlos a realizar pasantías para recibirse de la secundaria.
La estrategia oficial ahora intenta aplicarla a nivel terciario, donde planea cerrar los 29 profesorados de la Ciudad y crear una única universidad (UNICABA). El proyecto que presentó en la Legislatura lo argumentó con la necesidad de modernizar los contenidos y atender el cada vez mayor desinterés en la docencia, a pesar de que no atiende la traba de los salarios.
“El Gobierno insiste con la creación de UNICABA porque responde a la necesidad de revertir y construir un sistema educativo que esté al servicio del mercado y no al servicio de la producción de conocimiento para lograr un modelo de país inclusivo”, explicó la legisladora Lorena Pokoik, vicepresidenta de la comisión de Educación.
“Requieren que los estudiantes se formen en función del mercado laboral y que empiecen a naturalizar determinadas condiciones de futuro, como la precarización laboral. Pero este plan no se puede concluir si los docentes no les van a enseñar que eso es natural. Entonces necesitan destruir los profesorados actuales y construir una universidad que forme a los futuros educadores en esa cultura”, reflexionó.
Los rectores, educadores y los alumnos rechazan los improvisados cambios que intenta el Ejecutivo, que acotará contenidos y autonomía, ya que unificará la dirección en un funcionario del PRO, que será quien decida la futura currícula.
Esto tuvo su cúspide de visibilidad en el escrache durante la inauguración de la Feria del Libro, donde les expresaron su repudio a los ministros de Cultura de la Nación y de la Ciudad. Ninguna de las políticas fundamentales de Acuña fueron tratadas con las partes involucradas, que son quienes conocen la realidad del sistema educativo que devaluó el PRO en sus diez años de gobierno.
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