El año que terminó como el más duro en la última década para los jubilados, quienes ni siquiera cobraron un bono para compensar la disparada inflacionaria. En sólo 12 meses perdieron el 20% de su poder adquisitivo y sus haberes ya se acercan a los de los 90, cuando las protestas y ollas populares fueron moneda corriente. Pero 2019 puede aún superar a la etapa pasada si Mauricio Macri le entrega al Congreso su proyecto final para cambiar el sistema de seguridad social.
El cambio en la fórmula que selló el Poder Legislativos a fuerza de represión en diciembre de 2017 implicó un ajuste del 20% de los haberes, de acuerdo a los cálculos del abogado previsionalista Miguel Fernández Pastor.
La jubilación mínima cerró el año en $ 9.309, lo que equivale a U$S 241, a poco de retroceder a los U$S 200 con los que el menemismo había condenado a los adultos mayores.
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Sin embargo, la estrategia del PRO no concluye con sumir al grueso de los ocho millones de jubilados en la pobreza, sino que incluye entregarle una soga a los pudientes para que se paguen una capitalización individual y mejoren así sus ingresos al ingresar al período pasivo. Esta es la propuesta que prepararon especialistas en seguridad social y que el Presidente ya tiene en su despacho y aguarda para presentar.
Este régimen mixto fue posible gracias al pie del entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca, quien había creado una comisión de “expertos”, que consistió en abogados que respondían a la Casa Rosada, como había revelado El Destape.
La mayor preocupación de esta modificación radica en que el sistema dejará de ser sustentable, porque le quitará a la ANSES los ingresos necesarios para mantener el superávit que lo caracteriza.
Sumado a esto, la Corte Suprema deberá analizar si avala el recorte jubilatorio en 2019. No lo ingresó en el calendario de acordadas, por lo que aún no definió si aceptará tratar la inconstitucionalidad del ajuste del PRO, como pide Fernández Pastor, o apoyará al PRO.
Los mismos magistrados fallaron a favor del jubilado Blanco por la actualización de la deuda previsional, que favoreció a 150.000 personas. Esta decisión pudo haberla realizado para tapar la decisión en contra de Pastor, que impacta en realidad sobre 18 millones de personas y es la única que el Gobierno sigue de cerca.
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