El Gobierno nacional apuesta a legalizar el espionaje a ciudadanos a través de sus teléfonos celulares y para eso buscará hacer valer el acuerdo con el "peronismo dialoguista de Urtubey y Pichetto" y aprobar en Senadores una reforma integral del Código Procesal Penal.
El periodista Horacio Verbitsky adelantó en su nota publicada en su portal Cohete a la Luna que Mauricio Macri busca reformar el Código Procesal Penal sancionado en diciembre de 2014 pero que aún no entró en vigencia.
El proyecto que tiene 66 artículos fue presentado por el senador de Salta Rodolfo Urtubey y el entrerriano Pedro Guastavino el 2 de marzo pero su ingreso recién se informó el 21 de marzo. El expediente fue incluido formalmente el 10 de abril en el temario de la reunión de comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside Guastavino, que lo consideró al día siguiente durante apenas 20 minutos ya con las firmas suficientes para su aprobación: 12 sobre 17. Por eso se negaron a convocar nuevas reuniones o a citar a expertos que opinaran sobre su contenido.
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Según la nota de Verbitsky, el Gobierno se excusa en combatir delitos como los secuestros y el narcotráfico para concentrar poderes sin precedentes, que podrán ser utilizados contra cualquier ciudadano que incomode al poder político, incluyendo adversarios electorales, gobernadores de la oposición, organizaciones sindicales o sociales que reclamen por sus derechos.
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En el proyecto, además, contempla legalizar la aplicación del software israelí Pegasus que permite penetrar en la intimidad de una persona y utilizar el micrófono, la cámara y el localizador satelital de su propio teléfono como instrumento de espionaje sobre su vida, incluyendo el seguimiento de cada uno de sus pasos y hasta sus encuentros íntimos.
Ese punto se encuentra en el artículo 30 de la reforma de la reforma en la cual agrega un Título sobre Técnicas Especiales de Investigación, que legaliza la utilización de los chiches de espionaje que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich adquirió a proveedores israelíes, como el software Pegasus, que ya fue usado en México no para combatir el delito sino para espiar a periodistas, ONGs, abogados de derechos humanos, opositores políticos y también organismos defensores del consumidor.
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