El recientemente designado ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Carlos Alberto Mahiques se opuso en 2006 a la realización de un aborto no punible a una joven con discapacidad que había sido violada por su tío, y fue cuestionado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por sus posturas conservadoras ante la falta de reconocimiento de derechos de las personas privadas de su libertad.
Mahiques, integrante de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, fue juez subrogante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y votó en disidencia en la sentencia por la cual el máximo tribunal avaló, el 31 de julio de 2006, la práctica de un aborto no punible a LMR, joven que convive con una deficiencia mental y que a los 19 años quedó embarazada luego de ser abusada por un tío.
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La decisión del juez generó el rechazo del recurso extraordinario que había presentado la asesora de Incapaces que representaba a la adolescente; en ese fallo, la Suprema Corte no solo respaldó el reclamo del aborto no punible, sino que ratificó que los permisos para interrumpir voluntariamente un embarazo en las circunstancias previstas en el artículo 86, inciso 2 del Código Penal son constitucionales y no requieren una autorización judicial.
El denominado "Caso LMR" llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos -por impulso de distintas organizaciones de derechos de las mujeres-, que condenó al Estado argentino a realizar un acto reparatorio, hecho que ocurrió en diciembre de 2014.
Allí, por primera vez en el país, representantes del gobierno nacional y provincial pidieron disculpas a la joven y su madre, Vicenta Avendaño, en un acto realizado en la Cámara de Diputados bonaerense.
"Tuve una charla larga con Vicenta porque escuchó la noticia y no puede creer que se haya nombrado ministro de Justicia a alguien que fue tan injusto con su hija y su familia, que todavía tiene secuelas psicológicas por lo sucedido", contó a Télam Estela Díaz, secretaria de Género de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), quien acompañó a la joven durante todo el proceso.
"Ella, que cada vez que se entera que alguien niega un derecho a una joven, en situaciones similares a su hija, se propone solidaria para acompañarla, contar su experiencia, dar fuerzas para que defiendan sus derechos y no se resignen, está impactada con la designación", agregó la dirigente.
El futuro ministro recibió impugnaciones en 2010 -cuando fue propuesto para ocupar su actual cargo- por parte del CELS y de la entonces diputada Cecilia Merchán por sus posturas "conservadoras y retrógradas" sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, dijo a Télam la referente de la Corriente La Colectiva.
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