El informe "Situación de la independencia judicial en Argentina" advierte sobre la demora en los procesos de selección y la cantidad de vacantes existentes en el ámbito judicial, así como revela que de los 993 cargos de jueces que existen, 264 se encuentran vacantes.
Así, el relevamiento publicado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), detalla que el 26% de los de los cargos existentes no tienen un juez titular.
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Dentro de esos cupos vacíos, 8 expedientes aguardan su tratamiento en el Senado, 15 en el Poder Ejecutivo Nacional, y 241 en el Consejo de la Magistratura, de los cuales 206 se encuentran en trámite y 35 no tienen trámite alguno. Las 206 vacantes en trámite se dividen en 83 concursos que el organismo aún no resuelve.
Para Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, "el Consejo de la Magistratura está paralizado por razones políticas; no funciona por un equilibrio de fuerzas, que termina convirtiéndose en una traba".
El resultado: la familia judicial se rellena entre ellos mismos y además cobran un suplemento salarial del 50 por ciento del cargo de jueces, con lo que vienen a cobrar 150 por ciento mensual para cumplir esta doble función. "Que este mecanismo se instituya como sistema sobre la inercia de la actividad del Consejo de la Magistratura me parece una situación de podredumbre institucional del Poder Judicial", afirma.
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La presencia de un número tan alto de vacantes genera un ámbito propicio para consolidar designaciones sistemáticas de jueces subrogantes. Esos espacios disponibles, sumado a las licencias de los titulares, genera 172 jueces subrogantes en ejercicio: alrededor del 17 por ciento de cargos totales. La búsqueda de equilibrio, dispuesta en el artículo 114 de la Constitución Nacional, se diluye en un esquema donde prima la distribución de poder entre pocas manos.
En consecuencia, Héctor Recalde, ex integrante del Consejo, observa que existe un peligro institucional por aquel desequilibrio. De los trece integrantes, ocho pertenecen al gobierno de Mauricio Macri. "Con una ausencia nuestra el oficialismo llega a los dos tercios y eso le da poder hegemónico para nombrar internas en los concursos y mandar al jurado de enjuiciamiento a los jueces, todo lo contrario a lo que establece la Constitución Nacional".
Información clasificada
La problemática se agrava con la dificultad para acceder a información que es de carácter público. Cuando en mayo de 2015 ACIJ solicitó al Consejo el acceso a expedientes contra jueces, el plenario de la Comisión denegó el pedido en forma unánime, alegando que la publicidad de los actos se garantizaba en la página oficial.
Sin embargo, los datos a los que se puede acceder son escasos: fecha de inicio y carátula de los expedientes; nombre del consejero a cargo y estado procesal.
A través de este modus operandi se invisibiliza la rendición de cuentas del estado de 217 expedientes sobre procesos disciplinarios contra jueces, e incluso en 34 de ellos ni siquiera se pueda saber la identidad del juez denunciado.
El círculo del blindaje informativo culmina con la imposibilidad de conocer las declaraciones juradas. En agosto de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), a través de la acordada N° 25/2013, estableció que no le era aplicable el art. 6 de la ley No 26.857, la cual determina la publicidad en internet de las declaraciones en todos los poderes del estado. El fundamento fue la necesidad de la "independencia del Poder Judicial".
Sobre este aspecto, Barcesat asegura que "la acordada se ha convertido en la forma en que la Corte dicta resoluciones supraconstitucionales; es una situación podrida que le hace juego al actual gobierno".
El acceso a esta información es clave para identificar enriquecimientos indebidos, incompatibilidades y conflictos de intereses. Si bien se dispuso su publicidad a través de la página web, desde ACIJ han advertido que hasta el momento no se encuentra disponible. Para Recalde, esta imposibilidad viola el principio de igualdad, puesto que "los jueces no deben tener coronita ni privilegios".
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