La Unidad de Información Financiera (UIF) sufrió un proceso de ajuste y fragmentación desde los primeros días del gobierno de Mauricio Macri, que se consolidaría con la sanción de la ley de blanqueo de capitales y pago a los jubilados de la punta de la pirámide.
Comenzó con el arribo de abogados provenientes de los estudios que defienden a los bancos acusados de lavar dinero, continuó con el despido de la mitad de los analistas de información y terminaría de cristalizar con la centralización de toda la información en el Ministerio de Economía. La jugada adquiere densidad porque desde allí se podrá tabicar el acceso a cualquier dato sobre quienes serán los blanqueadores de dinero no declarado: la evasión fiscal es el único delito perdonado por el proyecto oficial, que llegó al Senado con el respaldo de los diputados del massista Frente Renovador y del Bloque Justicialista, que lidera Diego Bossio.
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"La UIF molestaba al establishment financiero porque lo obligaba a seguir una serie de obligaciones que le molestaba a los bancos y que, más allá de eso, generaba pruebas para el sistema judicial. Con esto se centralizado todo en un lugar y se diluye la UIF como un organismo administrativo. Sin capacidad de acción. Y las querellas que se mantienen son la que iniciamos nosotros", señaló José Sbattella a El Destape al sintetizar el objetivo final del cambio de la ubicación del organismo descentralizado que, a pedido del Ministerio de Hacienda, dejará la órbita de la cartera de Justicia y quedará bajo el ala de Alfonso Prat Gay, que está denunciado en la causa judicial donde se investiga si el HSBC funcionó como una "plataforma de evasión fiscal" .
El cambio de paraguas quedó por escrito en el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada. Allí se prevé el pago de sentencias judiciales a los jubilados (pero a condición de que se les haga una quita), la actualización de jubilaciones, la creación de una pensión a la vejez, moratorias tributarias y acuerdos de coparticipación con las provincias, y -en uno de sus últimos párrafos, el número 92 de un texto de 96- se incluyó la modificación que había pedido el Ministerio de Hacienda.
La novedad se introdujo a las 4 de la mañana y sin conocimiento de todos los bloques: "Es cierto que, por ahí,es un tema que debimos ponerlo a consideración antes, con los otros bloques que no trabajaban en el dictamen de mayoría", reconoció a El Destape el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado de Cambiemos Luciano Laspina, quien se encargó de introducir la modificación en la sesión de la semana pasada.
El traslado de la UIF desde Justicia a Economía, que se hace modificando la ley antilavado de dinero (25.246), no es un cambio de forma. Hasta ahora, la UIF depende de un ministerio y los organismos descentralizados que deben responderle -Banco Central, AFIP, Superintendencia de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia- de otro. Eso garantiza que la UIF sea primus interpares y que los otros organismos deben enviarle información y responder a sus pedidos sin la posibilidad de que un ministro se cruce con esa decisión.
Si eso cambia, habrá que ver hasta donde es posible mantener esa autarquía. "Lo planteé porque fue un pedido que nos pareció oportuno para fortalecer a la UIF. Todas las UIF de Latinoamérica están bajo el ámbito de los ministerios de Economía porque la UIF tiene una relación de intercambio de información con la AFIP, la CNV y otros organismos. Es casi menor la decisión porque la UIF mantiene su autarquía funcional", explicó Laspina al fundamentar la decisión pero la explicación es relativa porque no todas las UIF responden a sus carteras de Hacienda y no todas tienen las mismas características.
La argumentación de Laspina choca de frente con las definiciones del director del Banco Central, Pedro Biscay, quien sostuvo que no existe "ningún estandar ni práctica internacional que definan un modelo determinado de UIF" pero que todos establecen como principio la necesidad de independencia operativa. "Traspasar la UIF a Economía es una vieja pretensión del lobby de algunos sectores del poder financiero, que durante muchos años se logró desactivar porque se mantuvo una decisión firme acerca de que la investigación del lavado forma parte de la política criminal y las políticas de seguridad", afirmó Biscay en una columna publicada en Página 12 y subrayó: "En nuestro país, se trata de una materia propia de Justicia, no de Economía, puesto que sólo mediante la persecución penal se investiga y castiga apropiadamente el lavado de dinero".
Lo que sostiene Biscay se explica en la comparación entre la UIF local y la española. Mientras el organismo argentino puede actuar como querellante en las causas judiciales que investigó, la UIF española que sólo actúa como un órgano administrativo.
"Hay distintos tipos de UIF en el mundo. Las hay meramente administrativas, las hay policiales y otras con capacidad para impulsar acciones legales. Cuando aquí se modificó la ley antilavado, en 2011, la oposición incluyó la imposibilidad de querellar. Ese fue el único artículo que vetó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que no soporta el sistema financiero es la proactividad de la UIF en el tema de lavado y fuga. Hablamos de miles de millones de dólares fugados por los canales del sistema financiero", completó Sbattella.
En tren de perder poder, la UIF local se quedó rápidamente sin la capacidad de representar a la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de América del Sud (Gafisud). El 13 de enero pasado, esa competencia pasó a estar en cabeza del ministro de Justicia, Germán Garavano. La medida se tomó a pesar de que la UIF que condujo Sbattella logró sacar a la Argentina de la "lista gris" de países observados por el GAFI.
El paso siguiente fue medio centenar de despidos. El lugar donde pegaron más fuerte fue en la estratégica Dirección de Análisis, que se encarga de analizar los reportes de operaciones sospechosas: echaron a la mitad de sus casi cincuenta integrantes de una purga de cincuenta personas en total. Es decir, que la mitad de los despedidos fueron analistas formados en cursos en la Argentina y el exterior. Algunos de ellos implicaron varios años de capacitación.
El otro golpe importante fue sobre la Dirección de Supervisión, que monitorea la implementación de procedimientos de supervisión y control. Echaron a ocho de trece integrantes y sólo quedaron cinco personas para controlar a unos 40 mil sujetos obligados a reportar sus movimientos financieros. Allí desembarcó Celeste Plee, hija del fiscal Raúl Plee y ex integrante del estudio Marteau hasta antes de entrar a la UIF, desde donde defendió al banco Masventas SA. "Esa entidad cuenta con el récord de sanciones por no cumplir la normativa antilavado", según definió Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).
La sangría de empleados se completaría con el paso de Justicia a Economía porque los trabajadores del ministerio de lidera Garavano tienen un salario que se compone de una suma pagada por los entes cooperativos. Al pasar a otro ministerio pierden ese "plus" salarial, que representa entre un 40 y un 60 por ciento de su salario. Es muy probable que los profesionales, formados por el Estado en los últimos años, que vean rebanado su sueldo a la mitad decidan irse a trabajar a otro lugar.
Al igual que Plee, Mariano Federici, ex hombre del FMI que se convirtió en titular de la UIF, también está relacionado con el estudio de Juan Félix Marteau. Ese buffete de abogados se especializa en bancos con problemas judiciales por denuncias de lavado de activos, entre los que se encuentra el HSBC, denunciado en noviembre de 2014 por montar "una estructura para evitar el control fiscal" en beneficio de 4.040 clientes argentinos. La evasión calculada es de 61.915 millones de pesos.
La reducción de personal en la UIF está en línea con la decisión que anunció Federici: reenfocar sus objetivos y pasar del sistema financiero a los delitos vinculados al narcotráfico y la trata de personas. "La UIF debe ser un organismo garante de las libertades individuales, de la seguridad jurídica y del clima de negocios para atraer inversiones genuinas al país", dijo Federici, quien llegó a la UIF junto a la ex abogada del HSBC, María Eugenia Talerico.
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